Hoy tenemos el honor de conversar con el Magistrado Eloy Velasco, una figura clave en la modernización de la justicia a través de la tecnología. Conocido por su apodo de «Ciber Juez», Velasco ha dedicado su carrera a explorar cómo la inteligencia artificial puede transformar la administración de justicia, desde la investigación de delitos hasta la gestión procesal. A través de esta entrevista exclusiva para TecFuturo, descubriremos cómo su visión Eloy Velasco comparte su visión sobre los desafíos actuales del sistema judicial español, el impacto de la corrupción y el crimen organizado, y la importancia de la digitalización y modernización del poder judicial. Su testimonio ofrece una valiosa perspectiva sobre la evolución de la justicia en un entorno cada vez más tecnológico y globalizado, en el que la lucha contra el delito requiere una constante adaptación y preparación.
¿Cuáles considera que son los principales desafíos que enfrenta la justicia en la actualidad?
Uno de los mayores desafíos de la justicia actual es la adaptación a los rápidos avances tecnológicos y a los nuevos delitos que surgen en el ámbito digital. La ciberdelincuencia, el uso de redes sociales para cometer fraudes, la distribución de contenidos ilícitos o los ataques informáticos a infraestructuras críticas son delitos que requieren no solo de actualización legislativa, sino también de herramientas adecuadas y formación especializada para jueces, fiscales y fuerzas de seguridad. Además, la sobrecarga de trabajo en los tribunales, el exceso de burocracia y la necesidad de modernizar la administración de justicia son obstáculos importantes que deben superarse para garantizar un sistema ágil y eficiente.
¿Cuáles han sido los avances más notables en la persecución del cibercrimen en España en la última década?
Capacidad de actuación externa, que es una cuestión muy interesante, y por lo tanto, tanto los cuerpos policiales como la sociedad van a tener que usarlos como herramientas instrumentales para conseguir el derecho. El problema es lo que comentábamos en el curso, que también los delincuentes los están usando para cometerlos. Por lo tanto, como siempre ha pasado en el mundo de la delincuencia, nosotros no solamente nos estamos transformando, los que combatimos el crimen, para combatirlo modernamente, sino que también se están transformando los delincuentes) para delinquir modernamente, y ahí es donde estará la pulsión.
Pero siempre que respetemos derechos fundamentales, a mí me parece que utilizar herramientas tecnológicas que nos ayuden, respetando los derechos fundamentales y no prosificando al ser humano a combatir el crimen, pues es positivo, y se están haciendo muchas iniciativas en muchos países para ver cómo usamos ese instrumento para combatir el crimen. Vamos a hablar ahora un poco del proceso judicial y las evidencias digitales.
Usted ha sido pionero en abordar la relación entre justicia y tecnología. ¿Cómo valora la digitalización del sistema judicial?
La digitalización de la justicia es un proceso necesario y positivo, pero debe ejecutarse con responsabilidad y recursos adecuados. Hemos logrado avances importantes con herramientas como LexNET, que facilitan las comunicaciones electrónicas entre juzgados, abogados y procuradores, o la creación de expedientes judiciales digitales. Sin embargo, todavía existen retos en materia de interoperabilidad entre sistemas autonómicos, capacitación tecnológica de los operadores jurídicos y ciberseguridad. Una justicia digital debe ser segura, accesible y eficiente, pero también debemos garantizar que respete los derechos fundamentales, como la protección de datos y la privacidad de las personas.
¿Qué importancia tiene la evidencia digital en los procesos judiciales actuales y cuáles son los principales retos en su manejo?
Bueno, la importancia es crucial porque dentro de la tipología de prueba, yo ya llevo casi 40 años de juez, porque he visto mucho, mi experiencia es que la prueba humana es muy falsa, es muy poco fiable.
No se puede fiar de lo que dice una persona, de lo que cuenta la persona, porque o no es buen testigo y no recuerda las cosas como debe, o porque se le olvidan, porque tergiversa la realidad, o porque quiere condicionar y manipular el juicio y ayudar a su amigo y equivocar al juez. Entonces, los jueces hemos ido huyendo de esas pruebas humanas para meternos en las pruebas científicas, en los rastros que evidencian lo que no puede ser de otra forma en lo científico, y por eso la prueba tecnológica es fundamental.
¿Considera que el papel de los peritos en informática forense está suficientemente valorado en el ámbito judicial? ¿Usted cree que está valorado en todos los niveles de la Administración de Justicia, incluyendo el Supremo? Sí, el problema es que no sabemos, yo que he trabajado en las tres fases, en la fase de investigación, a veces el problema es que no sabemos a quién acudir, y dónde hay, y quiénes son las personas que tienen, porque el problema es que la justicia no paga, y entonces, claro, buscar a una persona que te ayude a resolver un crimen, si la justicia no la va a apoyar, en la justicia civil, privada, es más fácil porque hay alguien que paga, el problema es en la justicia penal, que es la más importante, la más social, la que más afecta, y sin embargo no tenemos dinero para poder… Se habló de crear un cuerpo de peritos judiciales penales funcionarios, pero obviamente es que no tiene sentido, ¿por qué? Porque la ciencia cambia tanto, que tendríamos que estar cambiándoles constantemente hacia las nuevas evoluciones, entonces yo creo que la cooperación público-privada es la buena, el tema es remuneratorio, y luego los que son peritos tienen que tener un estatuto, y que eso quede claro y que esté normado para que uno sepa qué formación tiene que tener, qué capacidades tiene que tener, y cómo se le tiene que retribuir, porque todos los trabajos tienen que ser… Una pregunta sobre la cooperación internacional,
¿Cuáles son los mayores desafíos a la hora de trabajar con otros países en la lucha contra los delitos cibernéticos?
El problema siempre es el mismo, es la cooperación, hay países que creen que nunca les va a pasar nada y alojan al delincuente, y hay otros países que nos pasa todo, que somos supuestamente los países más ricos, y por lo tanto los atentos que sufrimos los ataques, que le pedimos a algunos países, oye, no alojéis, oye, no echéis una mano, oye, no cooperéis con esas gentes… Bueno, yo soy optimista, como he contado en la conferencia, porque la Unión Europea ha creado el reglamento de E-Evidence, la comunidad internacional ha generado un protocolo adicional para prueba tecnológica, y eso forma parte del convenio de Cibercrimen, ya hay 67 países que lo pueden firmar, la ONU por primera vez en la historia, desde 2001 que hicimos el convenio de Ciberdelincuencia a 2024, han pasado 23 años, pero ahora la ONU ya ha creado un bordador, y si lo asumen 200 países, pues yo creo que ya el intercambio de información va a ser mucho más rápido, va a ser más fácil el auxilio, la ayuda, que un país que tenga el dato va a llevarlo rápidamente al país que necesite el dato para poderlo probar. Hablando de privacidad y seguridad, y todo esto del tema de Ciberdelito y cómo usarlo,
¿Qué opina sobre la aparición de la inteligencia artificial en la administración de justicia? ¿Es un riesgo o una oportunidad?
La inteligencia artificial representa una gran oportunidad para optimizar la administración de justicia, siempre que su uso se limite a tareas complementarias y de apoyo a la labor judicial. Por ejemplo, la IA puede ayudar en la organización de expedientes, la búsqueda de jurisprudencia o el análisis de datos masivos en investigaciones complejas. Sin embargo, es fundamental garantizar que estas tecnologías sean transparentes, éticas y supervisadas por profesionales. No debemos caer en la tentación de delegar decisiones judiciales en sistemas automatizados, ya que la imparcialidad y la justicia requieren siempre de la intervención humana y del análisis contextual de cada caso.
Ha mencionado el uso de un «juez robot» para casos de menor cuantía. ¿Podría explicar cómo funciona este sistema y qué resultados ha observado hasta ahora?
El concepto de ‘juez robot’ no es más que una herramienta tecnológica que utiliza inteligencia artificial para resolver disputas de menor cuantía, como reclamaciones económicas simples o litigios administrativos con procedimientos estandarizados. Se basa en algoritmos entrenados con jurisprudencia y normativa aplicable para analizar la documentación presentada, identificar patrones y emitir una resolución preliminar. Por supuesto, estas decisiones siempre pueden ser revisadas y validadas por un juez humano, lo que garantiza la supervisión y el cumplimiento del debido proceso. Los resultados observados hasta ahora en otros países como Estonia o Estados Unidos han sido positivos, ya que permiten reducir la carga de trabajo en los juzgados y ofrecer respuestas rápidas en asuntos rutinarios. En España, aún estamos en fase de exploración, pero es una solución prometedora que debe aplicarse con cautela y respetando los derechos fundamentales de las partes.
Ha trabajado en la utilización de la IA para investigar delitos financieros y de ciberdelincuencia. ¿Puede compartir algún caso donde la IA haya sido particularmente efectiva?
En las investigaciones de delitos financieros y cibercrimen, la inteligencia artificial ha demostrado ser una herramienta fundamental. Sin entrar en detalles específicos por razones de confidencialidad, puedo mencionar casos en los que la IA ha permitido analizar grandes volúmenes de datos en tiempo récord, detectando movimientos financieros irregulares y conexiones entre cuentas bancarias que habrían sido imposibles de identificar manualmente. Por ejemplo, en tramas de blanqueo de capitales o fraude fiscal, los sistemas de machine learning han sido clave para descubrir patrones ocultos y vínculos entre empresas pantalla. También hemos utilizado algoritmos en la detección de criptotransacciones relacionadas con delitos, como en investigaciones sobre redes de pedofilia o tráfico de drogas. La IA ha agilizado la extracción de información relevante, permitiendo a los peritos judiciales y a las unidades policiales centrarse en las decisiones estratégicas de la investigación.
¿Qué papel cree que jugará la inteligencia artificial en la detección y prevención del cibercrimen en los próximos años?
La inteligencia artificial jugará un papel central en la lucha contra el cibercrimen en los próximos años. Por un lado, permitirá la monitorización constante de actividades sospechosas en tiempo real, identificando amenazas potenciales antes de que causen daños. Por ejemplo, los sistemas de IA ya son capaces de detectar patrones de ciberataques complejos, como intentos de phishing, ransomware o accesos no autorizados a redes corporativas, lo que ayuda a prevenir incidentes. Por otro lado, la IA facilitará la investigación posterior al ataque, permitiendo rastrear la fuente del delito, analizar el comportamiento del atacante y reconstruir los eventos digitales. Además, en combinación con tecnologías como el blockchain y la automatización forense, mejorará la trazabilidad de las transacciones ilegales y el almacenamiento seguro de pruebas. No obstante, también debemos estar preparados, ya que los ciberdelincuentes utilizarán la IA con fines delictivos, como la creación de deepfakes o sistemas de hacking más sofisticados, lo que plantea un desafío constante.
¿Qué responsabilidad tienen los jueces en actualizarse y comprender las nuevas tecnologías para dictar sentencias justas en casos de cibercrimen?
La responsabilidad de los jueces en actualizarse y comprender las nuevas tecnologías es ineludible, especialmente en casos de cibercrimen, donde la complejidad técnica puede ser un obstáculo para impartir justicia de manera efectiva. El avance tecnológico está redefiniendo los delitos tradicionales y generando nuevas formas de delincuencia digital, por lo que los magistrados debemos formarnos continuamente para entender las herramientas, conceptos y pruebas digitales que se presentan en los procesos judiciales. Esto incluye el conocimiento de la cadena de custodia digital, la validez de las pruebas electrónicas y el funcionamiento de tecnologías como la inteligencia artificial, el big data o la criptografía.
Además, en colaboración con expertos forenses y peritos informáticos, debemos ser capaces de discernir entre pruebas fiables y manipuladas, así como garantizar que los derechos de las partes no sean vulnerados durante el proceso. La justicia debe evolucionar al mismo ritmo que la sociedad y, para ello, es imprescindible que los jueces adquieran competencias digitales y tecnológicas, sin perder nunca la esencia humana y ética que debe guiar cualquier resolución judicial.
¿Qué mensaje daría a la ciudadanía para que confíe en la justicia española?
Entiendo que, en ocasiones, la justicia pueda parecer lenta o lejana, pero nuestro sistema judicial está compuesto por profesionales comprometidos y capacitados que trabajan con rigor y dedicación para proteger los derechos de la ciudadanía. La transparencia, la modernización y la independencia son pilares sobre los que debemos seguir construyendo, porque una justicia que funciona de manera eficiente es el garante de una sociedad democrática y equitativa. La confianza en la justicia no se gana solo con palabras, sino con hechos, y eso implica resultados tangibles en la lucha contra la corrupción, la protección de los derechos fundamentales y la resolución de conflictos.
Sobre el Magistrado Juez Eloy Velasco
Conocido como el Ciber Juez, todos los tecnológicos, apuntan que no hay mejor Juez preparado en materia de Ciberdelitos
Nacido en Bilbao (Vizcaya), en 1963, licenciado en Derecho por la Universidad de Deusto . Doctor en Derecho por la Universidad de La Coruña con una tesis titulada “Delincuencia a través de Internet y nuevas tecnologías: aspectos procesales”, premio Extraordinario de Doctorado. Está casado y tiene dos hijos.
Comienza su carrera como juez sustituto en Portugalete (Vizcaya) Al año siguiente obtiene plaza en el concurso oposición a juez, Pasó por los juzgados de Sagunto (Valencia) y Torrente (Valencia), y ascendió a la categoría de magistrado. Obtiene plaza en el Juzgado de Instrucción número 3 de Valencia, siendo profesor asociado de Derecho Procesal Penal de la Universidad de Valencia
Abandonó la carrera judicial para ser nombrado director general de Justicia de la Generalidad Valenciana . Tras más de ocho años en el puesto, Velasco fue destituido por el titular de Justicia, Víctor Campos. Reingresó en la carrera judicial en su destino del Juzgado de Instrucción 3 de Valencia, obteniendo plaza en el Juzgado de Instrucción 24 de Madrid.
Desde 2008, Eloy Velasco está al frente del Juzgado Central n.º 6 de la Audiencia Nacional y por sus manos han pasado algunos de los casos más sonados de los últimos años.
Punto de contacto de la Red Judicial penal Europea, ha participado en diversos foros formativos (Cursos de CGPJ como director y ponente, cursos de formación de funcionarios de la Administración de Justicia, cursos de formación de las brigadas de delitos tecnológicos de la Policía de toda España, peritos judiciales, Colegio de Abogados de Madrid, Valencia, Alicante e Instituto de Empresa) dedicados al estudio de las NUEVAS TECNOLOGÍAS y singularmente su incidencia en el campo de la DELINCUENCIA INFORMÁTICA, materia sobre la que tiene hechas numerosas publicaciones especializadas, y escrita su Tesis doctoral: “Delincuencia a través de Internet y nuevas tecnologías: aspectos procesales”, que obtuvo la máxima calificación de SOBRESALIENTE CUM LAUDE por unanimidad por la Universidad de A Coruña, llegando a ser Premio Extraordinario de Doctorado en el curso 2010-2011.
Premio al “mejor jurista para el Derecho Digital” en 2014 por ENATIC (Agrupación de Abogados dedicados a las nuevas tecnologías) y medalla de oro en Ciberseguridad al mejor Juez por la Cátedra UDIMA y la Asociación Nacional de Tasadores y peritos informáticos judiciales de 2014.
Es autor del Libro “Ejecución de sentencias penales”, editorial Cólex, 1994, coautor del libro “El juicio de faltas (Aspectos penales y procesales)”, Editorial Comares, 2011, y partícipe con el artículo “Droga y dinero negro” en el libro común “Manual de lucha contra la droga”, dirigido por Nicolás Marchal, Editorial Aranzadi, 2011 y con el de “Medidas cautelares sobre la Persona Jurídica delincuente” en el libro común “Aspectos prácticos de la responsabilidad criminal de las personas jurídicas” coordinado por los catedráticos José Miguel Zugaldía y Elena Blanca Marín de Espinosa, ha escrito artículos jurídicos sobre numerosísimas cuestiones en diversas revistas y publicaciones, y ha impartido un sinfín de conferencias, ponencias y charlas de igual contenido jurídico en Congresos, Universidades, Colegios Profesionales, Ayuntamientos, Foros, Asociaciones, etc.
Eloy Velasco es un magistrado influyente de la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional en España, conocido por su profunda expertise en delitos informáticos y su innovadora integración de la inteligencia artificial en la administración de justicia. Posee una sólida formación académica con un enfoque en Derecho Penal y Procesal penal, además de ser un especialista reconocido en nuevas tecnologías aplicadas al ámbito legal.
Con más de una década al frente del Juzgado Central de Instrucción Nº6, Velasco ha sido un pionero en abordar complejas investigaciones penales, incluyendo casos de corrupción, en los cuales ha desempeñado un papel crucial como corresponsal nacional de Eurojust. Su liderazgo y visión también lo llevaron a ser parte de proyectos significativos de cooperación judicial internacional.
Además, ha contribuido a la literatura legal con numerosas publicaciones y ha sido un participante activo en conferencias y seminarios, consolidando su reputación como un visionario en el ámbito de la justicia digital. Su enfoque progresista incluye la promoción de la utilización de la IA para agilizar procedimientos judiciales y mejorar la eficacia del sistema judicial.
Eloy Velasco, magistrado de la Audiencia Nacional, es una de las figuras más relevantes y respetadas del panorama judicial español. Con una extensa trayectoria profesional, su labor ha sido clave en casos de gran trascendencia que han marcado la agenda judicial y mediática del país. Su firmeza, rigor y conocimientos en derecho penal y procesal le han valido un lugar destacado en la judicatura, siendo referencia no solo por su actuación en los tribunales, sino también por su capacidad de adaptación a los desafíos de la era digital y la cibercriminalidad, ámbitos en los que ha mostrado especial sensibilidad y dedicación.
Entre sus logros profesionales más destacados, Eloy Velasco ha instruido casos de enorme repercusión, como la operación Púnica, que sacó a la luz una extensa trama de corrupción en administraciones públicas y empresas privadas; el caso Lezo, relacionado con el desvío de fondos en el Canal de Isabel II; o causas vinculadas a la lucha contra el terrorismo yihadista y ETA, donde su labor ha sido fundamental para garantizar la seguridad del Estado. Su rigor y compromiso con la justicia han sido reconocidos tanto por sus colegas en el ámbito judicial como por la opinión pública.
Además de su actividad jurisdiccional, Eloy Velasco ha demostrado un fuerte compromiso con la docencia y la formación jurídica. Es profesor en diversas universidades y escuelas de práctica jurídica, donde imparte materias relacionadas con derecho penal, procesal y cibercriminalidad. También ha participado como ponente en congresos nacionales e internacionales, aportando su experiencia y visión sobre temas como la lucha contra la corrupción, el blanqueo de capitales y la ciberseguridad. Su capacidad para combinar la práctica judicial con la divulgación y la formación le ha convertido en una referencia para futuras generaciones de juristas.
Destaca especialmente su interés por los delitos digitales, un ámbito en el que Eloy Velasco ha sido pionero en señalar la necesidad de actualizar las herramientas legales y tecnológicas con las que el poder judicial combate la ciberdelincuencia. Su preocupación por los nuevos retos que plantean las tecnologías en la administración de justicia le ha llevado a impulsar debates sobre la seguridad en las telecomunicaciones, la protección de datos y los derechos digitales.
