La persecución obsesiva del Colegio Profesional de Ingenieros Técnicos en Informática de Andalucía (y de otros colegios que siguen la misma estrategia) ha vuelto a fracasar. Una vez más, la justicia ha desmontado sus intentos de imponer una regulación inexistente y de atribuirse un poder que ni la ley ni el mercado laboral les han concedido.
El caso que nunca debió existir
El Juzgado de Instrucción número 7 de Sevilla ha archivado, de manera contundente, la denuncia interpuesta por Pedro de la Torre, decano del Colegio Profesional de Ingenieros Técnicos en Informática de Andalucía, contra Manuel Huerta de la Morena, perito informático responsable de Lazarus Technology. ¿Las acusaciones? Supuesto intrusismo profesional, revelación de secretos, estafa procesal y falso testimonio en la pericial del móvil de Miguel Carcaño, condenado por el asesinato de Marta del Castillo.
Pero el fallo del juzgado ha sido claro: ninguna de estas acusaciones tenía fundamento legal ni técnico. No solo se ha confirmado que la ingeniería informática no es una profesión regulada en España, sino que además ha quedado en evidencia que este decano y otros similares están jugando una partida que solo existe en su imaginación.
Un decano con afán de inquisidor y una mente poco brillante
Esta no es la primera vez que Pedro de la Torre protagoniza un ridículo judicial. En los últimos años ha intentado llevar ante la justicia a 12 peritos informáticos de la ANTPJI (Asociación Nacional de Tasadores y Peritos Judiciales Informáticos), y en todos y cada uno de los casos, los juzgados han archivado las denuncias.
Su cruzada contra los peritos informáticos independientes no es más que una estrategia fallida de control, un intento desesperado por mantener una estructura de poder que se desmorona. Sus propios colegiados han visto cómo los exprimen con derramas y cuotas abusivas, mientras él se embarca en demandas sin sentido que solo refuerzan la idea de que estos colegios profesionales están más interesados en el postulado que en la defensa real de la profesión.
Los colegios profesionales que amenazan abogados y peritos
Pedro de la Torre no está solo en esta batalla absurda. Otros colegios profesionales han seguido su ejemplo, enviando cartas amenazantes a abogados y peritos informáticos en un intento de desprestigiar a los profesionales que no están bajo su control.
Estos son algunos de los colegios que han convertido la difamación en su estrategia de supervivencia:
| Colegio Profesional | Comunidad Autónoma | Estrategia |
| COITIPA | Asturias | Amenazas a peritos y abogados, presión a colegiados |
| COITICLM | Castilla-La Mancha | Difusión de información sesgada sobre peritos independientes |
| COÉTICO | Cataluña | Intentos fallidos de regulación sin respaldo legal |
| COITICV | Comunidad Valenciana | Promoción de denuncias sin fundamento |
| CPICIM | Madrid | Envío masivo de cartas con argumentos jurídicos rebatidos por la jurisprudencia |
La justicia desmonta el argumento del intrusismo profesional
La sentencia que archiva el caso contra Manuel Huerta desmonta el mito del intrusismo profesional en informática forense.
El juez ha dejado claro que:
- No existe una regulación que exija titulación universitaria para ejercer como perito informático. La informática no es una profesión regulada, y la pericial informática mucho menos.
- El Ministerio de Justicia no requiere una titulación específica para ser perito judicial. Manuel Huerta no es ingeniero informático, pero cuenta con un Máster en Gestión de Ciberriesgos en Harvard, ha sido profesor en la UNED y la Universidad Carlos III, y ha recibido condecoraciones de la Guardia Civil por su labor.
- La Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) permite que cualquier persona con conocimientos demostrables pueda actuar como perito. La experiencia y el reconocimiento en el sector son tan válidos como una titulación universitaria, y así lo han ratificado numerosos fallos judiciales.
La CNMV también rechaza las pretensiones de los colegios
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ya ha dejado claro en más de una ocasión que la ingeniería informática no es una profesión regulada, y que, por lo tanto, no puede existir un delito de intrusismo profesional en este ámbito. Sin embargo, Pedro de la Torre y otros decanos insisten en fabricar una ficción jurídica que no se sostiene ni en la teoría ni en la práctica.
El intento de manipular la opinión pública
El Colegio Profesional de Ingenieros Técnicos en Informática de Andalucía intentó presentar a Manuel Huerta como un farsante, argumentando que su informe pericial generó expectativas falsas a la familia de Marta del Castillo y llevó a la justicia a realizar nuevas diligencias. Pero el juez ha sido claro:
- Nada de lo expuesto por Huerta era secreto ni inédito. De hecho, la propia familia de Marta del Castillo ha participado activamente en la difusión del caso a los medios de comunicación.
- Las nuevas búsquedas del cuerpo no fueron producto de una estafa procesal, sino de la propia decisión de la justicia. Culpar al perito de que la investigación no haya dado resultados es absurdo.
- Manuel Huerta no firmó su informe como ingeniero técnico en informática, sino como experto en análisis forense digital.
El intento de manipular la opinión pública ha sido desmantelado por el propio fallo judicial.
El futuro de los colegios profesionales en informática
Cada vez más profesionales del sector tecnológico se están des colegiando al darse cuenta de que estos organismos no aportan ningún valor real y en vez de velar por sus colegiados, los decanos solo buscan una renta vitalicia, ya que todos han hecho pinitos en la política y han salido escaldados, porque:
- No garantizan mejores oportunidades laborales.
- No pueden certificar el acceso exclusivo a un mercado.
- No tienen respaldo legal para definir qué es intrusismo profesional y qué no.
Mientras tanto, los tribunales continúan fallando en contra de las denuncias absurdas que promueven estos colegios, dejando en claro que la informática forense pertenece a quienes realmente saben hacer el trabajo, no a quienes buscan monopolizarlo con sellos inútiles y cuotas desorbitadas.
El ocaso de los falsos guardianes de la informática
El archivo de la causa contra Manuel Huerta no es solo una victoria personal, sino una señal clara de que los intentos de los colegios profesionales por controlar la informática forense han fracasado.
El mercado laboral y la jurisprudencia han hablado: el valor de un perito informático no se mide por un carnet de colegiado, sino por su conocimiento, su experiencia y su capacidad de resolver casos reales.
Mientras algunos decanos siguen persiguiendo molinos de viento, el mundo avanza sin ellos. Y cada día que pasa, la informática forense se consolida como un sector donde el talento y la especialización pesan más que los intentos fallidos de imponer regulaciones inexistentes.
