Los ladrones del nuevo Oro Digital, aprovechan nuestra falta de precaución para acceder a información confidencial sin necesidad de grandes inversiones. Esta facilidad se debe, en parte, a nuestras prácticas cotidianas al manejar dispositivos electrónicos. Cuando actualizamos nuestro equipo, como ordenadores o teléfonos, a menudo optamos por regalarlos a familiares o revenderlos a tiendas de segunda mano por un precio menor al que realmente valen, incluso cuando estos aparatos ya son considerados obsoletos. Nos instan a deshacernos de ellos en puntos de reciclaje especializados; sin embargo, esto abre una puerta trasera a los ciberdelincuentes.
Estos actores maliciosos adquieren discos duros y teléfonos móviles por precios irrisorios, no mayores a 3 euros por unidad, en chatarrerías o puntos de reciclaje. Lo que encuentran en estos dispositivos abandonados es alarmante: desde fotografías personales hasta documentos, claves y contraseñas que deberían permanecer privadas. Y todo esto, cabe destacar, representa solo una fracción del peligro que corremos a nivel personal. Este descuido hacia la seguridad de nuestra información personal alimenta una economía sombría que beneficia a los ciberdelincuentes, mientras pone en riesgo nuestra privacidad y seguridad.
En el ámbito corporativo, la gestión de la información presenta un panorama aún más preocupante. Las empresas, a menudo, pasan por alto que los documentos generados y recibidos durante sus operaciones tienen un ciclo de vida determinado, el cual concluye cuando estos documentos dejan de ser útiles o necesarios. En ese momento crítico, debería iniciarse un proceso de destrucción de documentos. Sin embargo, en la práctica, las ofertas constantes para renovar el parque tecnológico de una empresa conllevan a un olvido peligroso: los datos residuales que permanecen en los sistemas antiguos. Estos datos, al no ser adecuadamente eliminados, pueden terminar en chatarrerías o puntos de reciclaje, exponiendo información sensible y violando la normativa establecida por la Agencia Estatal de Protección de Datos. Esta normativa específica que la destrucción de la información debe cumplir con los estándares de protección de datos, asegurando así que dicha información no quede vulnerable a terceros.
La ANTPJI, desaconseja donar discos duros a empleados, conocidos u organizaciones benéficas, especialmente cuando pueden contener datos de clientes o empresas.
Si bien la LOPDGDD (Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales) ni el RGPD (Reglamento General de Protección de Datos) mencionan explícitamente la destrucción de documentos, ambos contemplan el derecho a la supresión de datos por parte de los interesados. Asimismo, obligan a eliminar los datos personales una vez que estos han cumplido con su propósito inicial. La responsabilidad de determinar el momento adecuado para esta destrucción recae en los encargados y responsables del tratamiento de datos. Aunque esta consideración se aplica principalmente a la documentación en formato físico, la creciente digitalización exige una reflexión sobre su aplicación en el entorno digital.
La LOPDGDD, promulgada en 2018, busca alinearse con los reglamentos europeos sobre protección de datos personales. Desde su implementación, ha impulsado cambios significativos en la manera en que las empresas gestionan la información personal de empleados, clientes, y directivos, entre otros. Estos cambios reflejan un avance en la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos en una era marcada por la globalización y el uso intensivo de tecnologías e internet. La normativa resalta la importancia de adaptar las prácticas corporativas para minimizar los riesgos de filtración y asegurar la privacidad de los datos en un mundo cada vez más conectado.
En este contexto, tanto empresas como autoridades públicas, incluyendo los ayuntamientos, enfrentan el desafío de proteger la información personal para salvaguardar su reputación, evitar sanciones y prevenir litigios que podrían obstaculizar su operativa normal. La implementación del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), que armoniza con las directrices de la LOPDGDD (Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales), es un claro ejemplo de cómo la legislación se ha adaptado a las necesidades contemporáneas de protección de datos.
Una de las adaptaciones más significativas es la incorporación de los derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición), que han sido ampliados bajo el nuevo marco legal para incluir derechos innovadores como el Derecho a la Portabilidad. Este derecho permite a los individuos gestionar la automatización de sus datos personales, ofreciéndoles mayor control sobre su propia información.
Este conjunto de medidas refleja un avance significativo en la protección de datos personales, adaptando las normativas a la realidad digital y ofreciendo a los ciudadanos herramientas más robustas para el control de su información personal en un mundo cada vez más interconectado.
Documentación que debe destruirse según la agencia de protección de datos
La adaptación al Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y a la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales (LOPDGDD) no es opcional para las empresas que operan dentro de la Unión Europea. El manejo y almacenamiento de datos personales en el marco de sus actividades requieren de un cumplimiento riguroso con estas normativas, bajo riesgo de enfrentar severas sanciones económicas.
La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) juega un papel crucial como ente supervisor del cumplimiento de estas leyes en España, encargándose de la gestión de denuncias y de la imposición de sanciones pertinentes. El incumplimiento no solo puede derivar en multas por la gestión inapropiada de los datos personales y el daño resultante hacia los individuos afectados, sino también en sanciones específicas dirigidas a entidades que no se adhieran a la legislación vigente.
Estas sanciones varían en función de la gravedad del incumplimiento, la intencionalidad, los derechos vulnerados, o los beneficios obtenidos de la gestión indebida de los datos personales. Además, la magnitud de las sanciones depende de si el infractor es una entidad corporativa, un organismo público o un individuo.
Sanciones Según RGPD y LOPDGDD:
- Bajo el RGPD: Las multas pueden alcanzar hasta los 20 millones de euros o el 4% del volumen de negocio total anual global del ejercicio financiero anterior, dependiendo de la gravedad de la infracción.
- Según la LOPDGDD: Las sanciones varían desde multas menores de hasta 40,000 euros por infracciones leves, hasta sanciones severas de hasta 20 millones de euros o el 4% del volumen anual de negocios para infracciones muy graves.
Para mitigar estos riesgos, es esencial que todas las empresas, sin importar su tamaño, implementen protocolos de destrucción certificada de documentos que contengan datos personales, ajustándose a normativas específicas como la DIN 66399, ISO 27001 y UNE 15713. Estas regulaciones establecen el marco para la eliminación segura de la información, ya sea en papel o en formato digital, incluyendo protocolos específicos para la destrucción física o digital segura de la información.
La responsabilidad de adoptar estas prácticas no recae solo en las empresas privadas; los entes gubernamentales y las administraciones públicas también deben priorizar la actualización de sus procedimientos para prevenir la divulgación no intencionada de datos personales. La implementación correcta de estos protocolos no solo ayuda a evitar sanciones financieras, sino que también protege la confidencialidad y la integridad de la información en una era dominada por el uso intensivo de la tecnología y el internet.
Este panorama subraya la importancia de una gestión de datos cuidadosa y conforme a la ley, asegurando así la privacidad y seguridad de la información personal en todos los ámbitos de la sociedad digital contemporánea.
En nuestra era digital, donde la información se ha erigido como uno de los activos más valiosos tanto para individuos como para entidades corporativas, la gestión adecuada de los datos se ha vuelto imprescindible. Ante el aumento exponencial en la producción y almacenamiento de datos, resulta crucial no solo proteger esta información durante su vida útil sino también asegurar su privacidad y seguridad al momento de desecharla. En este escenario, la destrucción certificada de soportes digitales emerge como una necesidad imperante.
Los medios digitales, tales como discos duros, unidades USB, tarjetas SD, y otros dispositivos de almacenamiento, son contenedores comunes de información sensible, abarcando desde datos personales y financieros hasta registros de salud e identificaciones personales. Tanto en ámbitos personales como corporativos, el manejo inapropiado de estos dispositivos al final de su vida útil podría resultar en brechas de seguridad, con consecuencias que van desde el robo de identidad hasta el fraude financiero y otros tipos de delitos cibernéticos. La destrucción certificada de estos soportes asegura la eliminación segura y definitiva de los datos contenidos, mitigando el riesgo de exposiciones no deseadas.
Diversas industrias y jurisdicciones imponen normativas rigurosas que demandan a las organizaciones no solo proteger la información relevante sino también asegurar su destrucción segura tras su periodo de utilidad. La Unión Europea, por ejemplo, a través de su Reglamento General de Protección de Datos (GDPR), establece directrices claras respecto a la privacidad y la protección de los datos personales. La práctica de la destrucción certificada de soportes digitales constituye un pilar esencial para el cumplimiento de estas normativas, previniendo sanciones económicas o repercusiones legales por incumplimientos.
Las filtraciones de datos son un riesgo omnipresente. Incluso tras borrar archivos o formatear dispositivos, la información puede ser recuperada con técnicas especializadas. Los procedimientos de destrucción certificada aplican métodos que aseguran la eliminación total de la información, desde sobreescrituras múltiples y borrados seguros hasta la destrucción física del medio. Esta estrategia reduce drásticamente la probabilidad de que datos sensibles sean recuperados y mal utilizados, disminuyendo el riesgo de violaciones de seguridad.
La divulgación no autorizada de información confidencial puede tener repercusiones devastadoras en la imagen de una organización. Aquellas empresas que descuidan la protección de datos de sus clientes o socios se exponen a daños reputacionales de difícil recuperación. Implementar la destrucción certificada de soportes digitales no solo refleja un firme compromiso con la seguridad de la información y la privacidad de las personas, sino que también contribuye a fortalecer la confianza y la percepción pública de la empresa como un ente responsable y seguro.
La destrucción certificada de datos no es solo una medida de seguridad informática; es una estrategia integral que protege la privacidad, cumple con las regulaciones legales, previene riesgos de seguridad, y preserva la integridad corporativa en el complejo panorama digital actual.
En el dinámico escenario de la gestión de la información, numerosas empresas se especializan en la destrucción segura de documentación y soportes digitales, adhiriéndose estrictamente a protocolos que aseguran la confidencialidad y seguridad exigidas por las normativas vigentes. Estas compañías aplican diversos métodos para prevenir el acceso no autorizado a datos personales, siendo la no destrucción de estos documentos una causa de sanción bajo la legislación actual.
No obstante, la rápida evolución de la tecnología de almacenamiento, especialmente con los dispositivos de estado sólido (SSD), plantea desafíos únicos para la destrucción de datos. A diferencia de los discos duros tradicionales, los SSD se caracterizan por su alta velocidad, capacidad creciente y precios accesibles, consolidando su presencia en el mercado. Sin embargo, su durabilidad y estructura compleja requieren métodos de destrucción de datos más sofisticados. Los métodos convencionales, como la sobreescritura de datos o la destrucción física, resultan ineficaces debido a las características propias de los SSD, lo que implica la necesidad de enfoques especializados para garantizar la eliminación segura de la información.
En este contexto, Tu Mac Perito emerge como pionero en España, ofreciendo un Servicio de Destrucción Certificada de Discos Sólidos diseñado específicamente para dispositivos Apple, incluyendo iPhones e iPads. Reconociendo la importancia crítica de proteger la información personal y confidencial contenida en estos dispositivos, Mac Perito implementa tecnologías avanzadas similares a las utilizadas por el Pentágono y otras agencias de seguridad estatales de EE. UU. para asegurar la eliminación total de los datos. Según Carlos Ballesteros, CEO de Tu Mac Perito, este enfoque garantiza que la información sensible esté protegida contra cualquier intento de recuperación no autorizada, ofreciendo a los clientes certificados de destrucción que verifican la eliminación irrecuperable de los datos en conformidad con la legislación de protección de datos vigente.
Además, el proceso de destrucción física empleado por Tu Mac Perito cumple con los estándares de seguridad internacionales y la legislación sobre el tratamiento y reciclaje de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), demostrando un compromiso con la sostenibilidad ambiental. Al facilitar el reciclaje de dispositivos tras su destrucción, Mac Perito no solo minimiza el impacto ambiental de los desechos electrónicos, sino que también contribuye activamente a la promoción de un futuro más verde.
Este enfoque innovador refleja un avance significativo en las prácticas de destrucción de datos, adaptándose a las necesidades cambiantes del paisaje tecnológico y reforzando la seguridad de la información en una era donde la protección de datos personales es más crucial que nunca.
