El reciente fallo del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5 de Madrid contra el Ayuntamiento de Madrid, relacionado con una multa en la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Plaza Elíptica, genera un debate sobre las competencias municipales, la regulación de las ZBE y el impacto en las sanciones impuestas hasta ahora. Este caso, que cuestiona la legalidad de más de 1.760.000 multas, representa un precedente significativo en la aplicación de normativas de movilidad y contaminación en España.
El caso: una multa, una carretera y una sentencia contundente
El caso comenzó con la multa de 200 euros a un conductor por acceder a la ZBE de Plaza Elíptica sin autorización. El problema surge porque el tramo en cuestión corresponde a la A-42, una carretera de titularidad estatal, y no a una vía de competencia municipal. Según el fallo judicial, el Ayuntamiento carece de competencias para sancionar en una vía que no le pertenece, especialmente cuando no existe un acto expreso de cesión del Ministerio de Transportes al Consistorio.
Además, la sentencia destaca que la señalización de la ZBE es incorrecta o inexistente en el tramo afectado, lo que refuerza la invalidez de la multa. Este fallo subraya que, mientras no se resuelvan aspectos fundamentales como la titularidad y señalización, las sanciones impuestas en este tramo carecen de base legal.
Las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) son una herramienta clave en la lucha contra la contaminación en las grandes ciudades, pero su implementación ha sido controvertida. En este caso, el juzgado recordó que la ordenanza de Movilidad de Madrid, que regula las ZBE, fue anulada provisionalmente por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) en septiembre de 2024, dejando en entredicho la legalidad de las multas emitidas desde entonces.
El fallo judicial no solo invalida la multa en cuestión, sino que cuestiona la legitimidad de todas las sanciones emitidas bajo la normativa anulada, con un impacto potencial de más de 330 millones de euros en multas, según datos de Automovilistas Europeos Asociados (AEA).
Desde septiembre de 2021 hasta febrero de 2024, el Ayuntamiento de Madrid ha emitido más de 1.760.000 multas en ZBE, generando ingresos superiores a 330 millones de euros. Si el fallo se extrapola a todas las sanciones similares, el Ayuntamiento podría enfrentar la devolución de estos importes, un golpe financiero y administrativo significativo.
Además, esta situación genera incertidumbre sobre cómo las administraciones locales pueden regular y sancionar en vías de titularidad estatal que atraviesan zonas urbanas.
Implicaciones tecnológicas y de señalización
La correcta implementación de ZBE depende no solo de una normativa clara, sino también de herramientas tecnológicas eficaces. En este caso, la falta de señalización adecuada agrava el problema, pues impide a los conductores saber si están infringiendo la normativa.
Tecnología para evitar conflictos
- Señalización inteligente: El uso de señales dinámicas y conectadas puede informar a los conductores en tiempo real sobre las restricciones en zonas específicas, adaptándose a las condiciones ambientales y regulaciones vigentes.
- Ggeofencing: Este sistema utiliza GPS y redes móviles para delimitar virtualmente áreas restringidas, notificando automáticamente a los conductores cuando ingresan a una ZBE sin autorización.
- Sistemas de gestión de multas: Plataformas basadas en inteligencia artificial pueden verificar automáticamente si las multas emitidas cumplen con las normativas vigentes, evitando sanciones indebidas.
- Auditorías digitales: Herramientas como blockchain podrían garantizar la transparencia en la emisión de multas y su relación con las normativas aplicables.
El papel de los peritos en casos de infracciones en ZBE
En situaciones como esta, los peritos juegan un papel crucial al evaluar la validez de las sanciones emitidas:
- Análisis técnico de señalización: Verifican si la señalización cumple con los estándares legales y es visible para los conductores.
- Auditoría de sistemas: Evalúan los sistemas de cámaras y software utilizados para emitir multas, asegurando que funcionen correctamente y sean precisos.
- Informes periciales: Presentan pruebas técnicas ante los tribunales para respaldar o cuestionar la legalidad de las sanciones.
Según Ángel Bahamontes, presidente de la Asociación Nacional de Tasadores y Peritos Judiciales Informáticos (ANTPJI): «El uso de tecnologías avanzadas para monitorear y regular las ZBE debe ir acompañado de una auditoría rigurosa para garantizar que las sanciones sean justas y legales.»
Otro desafío legal y operativo para el Ayuntamiento de Almedia
Este fallo no solo pone en entredicho la validez de las sanciones en la ZBE de Plaza Elíptica, sino que también plantea preguntas más amplias sobre la competencia municipal en carreteras de titularidad estatal.
Además, la sentencia destaca la importancia de resolver las siguientes cuestiones:
- Claridad en las competencias: Es esencial definir qué administración tiene autoridad sobre cada tramo de carretera, especialmente en zonas urbanas.
- Correcta señalización: Sin una señalización clara y visible, los conductores no pueden cumplir con las normativas, lo que hace que las multas sean injustas.
- Coordinación entre administraciones: La falta de colaboración entre el Ayuntamiento y el Ministerio de Transportes dificulta la implementación efectiva de ZBE.
Perspectivas futuras
Para evitar problemas similares en el futuro, las administraciones deben adoptar medidas claras y transparentes, como:
- Actualización normativa: Revisar y adaptar las normativas de movilidad para reflejar las realidades urbanas y garantizar su coherencia con las competencias de cada administración.
- Tecnología avanzada: Implementar herramientas como geofencing y señalización inteligente para mejorar la comunicación con los conductores.
- Formación y concienciación: Informar a los conductores sobre las ZBE y sus regulaciones, asegurando que comprendan las restricciones y cómo cumplirlas.
El fallo contra el Ayuntamiento de Madrid en el caso de Plaza Elíptica resalta la importancia de una regulación clara y la correcta implementación de ZBE. La tecnología y la colaboración interadministrativa serán clave para garantizar que estas zonas cumplan su propósito de reducir la contaminación sin generar conflictos legales ni injusticias.
Almeida se le olvida que es mejor tener técnicos en vez de amigos en su equipo.
