El perito informático desempeña un papel crucial en el sistema judicial español, en especial en un contexto de creciente digitalización y de proliferación de delitos cibernéticos. Sin embargo, este rol sigue careciendo de una regulación específica y uniforme que defina de manera precisa sus competencias, procedimientos y responsabilidades. A pesar de su relevancia en la resolución de conflictos judiciales, el marco de actuación del perito informático sigue estando poco definido, lo que plantea retos tanto para los profesionales del sector como para quienes solicitan sus servicios.
Referente a las normativas y estándares que guían nuestra actuación, ante la falta de una normativa específica en España, los peritos informáticos deben regirse por una combinación de estándares internacionales y jurisprudencia nacional. Esto implica que los profesionales deben adaptar sus intervenciones a los preceptos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), y la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD), así como a estándares técnicos de normas ISO/IEC 27037, 27041, y 27043. Estos estándares ofrecen guías específicas para la identificación, preservación, recolección y análisis de evidencias digitales, aspectos esenciales en la informática forense.
No obstante, la dependencia de estos marcos normativos y estándares internacionales, aunque útil, no sustituye una legislación propia y adaptada a la realidad de España. La falta de esta regulación específica genera inseguridad jurídica, tanto para los peritos como para el resto de actores involucrados en procedimientos judiciales, ya que los criterios aplicables a la pericia informática pueden variar considerablemente según el caso y el tribunal.
Una de las principales incertidumbres en la labor del perito informático, reside en la forma en que consigue que los jueces valoran sus informes y hallazgos. Dado que en muchos casos la evaluación final de las evidencias, se basa en la “sana crítica” de su señoría, el resultado de la intervención pericial puede estar sujeto a interpretaciones complejas, al no existir una legislación y procedimientos reglados específicos.
Esta situación provoca cierta indefensión procedimental, tanto para los peritos, como para las partes implicadas en el proceso, quienes pueden ver cómo el peso de una evidencia digital varía según la percepción de cada juez, en ausencia de un marco claro y regulado de valoración.
Esta incertidumbre puede generar dudas sobre la validez y relevancia de los informes periciales en el contexto judicial. A su vez, esta situación se ve agravada por la falta de una normativa clara que establezca procedimientos, estándares y métodos de actuación específicos para los peritos informáticos, creando un escenario que no siempre favorece la seguridad jurídica.
Uno de los principales desafíos que enfrenta la pericia informática en España es precisamente la creación de un marco regulador específico que defina de manera clara los requisitos, métodos y procedimientos necesarios para ejercer esta labor.
Este desafío, se convierte en una oportunidad para avanzar en mi tesis doctoral, la cual tiene como uno de sus objetivos, proponer una base reguladora para los peritos informáticos y a contribuir a la estandarización de calidad en los procedimientos y servicios de peritaje. Una regulación específica permitiría no solo definir los requisitos técnicos y académicos necesarios, sino también establecer normas comunes en cuanto a los procedimientos de recolección de pruebas, la cadena de custodia y la redacción de informes, aspectos fundamentales para la validez de la prueba en juicio.
La figura del perito informático en España es esencial para la resolución de conflictos que implican tecnologías digitales, pero su marco de actuación aún está lejos de ser el ideal. La ausencia de una normativa específica y de una titulación habilitante genera incertidumbre tanto para los profesionales como para el sistema judicial en su conjunto. A medida que la sociedad se digitaliza y la tecnología se integra cada vez más en la vida cotidiana, se hace imperativo que el sistema legal español avance hacia una regulación que contemple los desafíos específicos de la pericia informática, fortaleciendo así la seguridad jurídica y la calidad de las intervenciones en el ámbito judicial.
Esta situación plantea un futuro desafiante pero prometedor para el perito informático en España, donde la estandarización, la formación específica y una regulación clara podrían transformar la profesión, garantizando un servicio de calidad y mayor confianza en el sistema judicial.
