miércoles, febrero 19, 2025

¿Se pueden anular las multas por exceso de velocidad? La clave está en la normativa y los radares

David.arcos
David.arcos
Perito Informático Judicial

En los últimos años, se ha gestado una controversia en torno a las multas por exceso de velocidad, especialmente aquellas impuestas por los radares. En un giro inesperado, una serie de sentencias judiciales recientes ha puesto en duda la validez de este tipo de sanciones. Un número creciente de tribunales en España ha declarado ilegales ciertas multas de tráfico, basándose en la normativa que regula la medición de la velocidad de los vehículos. Este artículo explora el trasfondo de estas decisiones, lo que implica para el sistema de sanciones de tráfico y cómo los conductores pueden beneficiarse de este cambio.

La irregularidad en los radares móviles y estáticos: Lo que comenzó como una aparente lucha legal sobre un punto técnico se ha convertido en una cuestión que podría transformar la manera en que se gestionan las infracciones de tráfico en el país. Siete juzgados de lo contencioso-administrativo en Madrid, Badajoz y Las Palmas de Gran Canaria han dictado sentencias que cuestionan la legalidad de las multas impuestas por radares móviles y estáticos. Estas decisiones, basadas en la interpretación de la normativa vigente, podrían invalidar millones de sanciones emitidas en los últimos años. El principal argumento se centra en un incumplimiento de la Orden ITC/155/2020, que regula el control metrológico de los radares utilizados para medir la velocidad de los vehículos.

La Orden ITC/155/2020 y los requisitos técnicos: La normativa en cuestión, que regula los dispositivos de medición de velocidad, establece ciertos criterios estrictos para la validación de las multas. Uno de los puntos clave que se está discutiendo es la necesidad de que los radares sean operados por un técnico autorizado en todo momento durante su funcionamiento. En el caso de que el radar no esté bajo la supervisión de un operador autorizado, la Orden requiere una doble fotografía del vehículo infractor en dos momentos diferentes para validar la infracción. Una de estas fotos debe mostrar el vehículo en una toma panorámica y la otra debe ser una imagen de la matrícula del vehículo.
Este requisito ha llevado a los tribunales a cuestionar la validez de las multas que no cumplen con estas condiciones. En la práctica, esto significa que muchas sanciones impuestas por radares automáticos sin un operador presente o sin las fotografías adecuadas podrían ser anuladas. Esto se ha traducido en la cancelación de sanciones impuestas, con el consiguiente impacto en las arcas públicas y el sistema de multas de tráfico.

¿Qué implica para los conductores?

Para muchos conductores, las multas por exceso de velocidad son una constante preocupación. En ocasiones, la única prueba de la infracción es la foto tomada por el radar, sin ninguna presencia física de un agente. Sin embargo, con la nueva interpretación judicial, aquellos que hayan recibido una multa en circunstancias que no cumplan con los requisitos de la Orden ITC/155/2020 tienen la posibilidad de impugnarla. Si las sentencias se extienden y son aceptadas en más juzgados, los conductores podrán ver cómo se anulan una gran cantidad de multas por exceso de velocidad, sobre todo aquellas que provienen de radares móviles sin un operador que verifique su correcto funcionamiento.

Es importante señalar que no todas las multas se verán afectadas por estas decisiones. Solo aquellas impuestas en circunstancias en las que el radar no esté bajo la supervisión de un operador autorizado o no se cumpla con el procedimiento establecido de toma de fotografías estarán en riesgo de ser anuladas. Esto implica que las multas que se ajusten a la normativa vigente seguirán siendo válidas, aunque el número de sanciones que podrían ser impugnadas y anuladas es significativo.

Cómo los conductores pueden beneficiarse de este cambio

Para los conductores que se ven afectados por este tipo de situaciones, el paso más importante es estar al tanto de las irregularidades que podrían invalidar sus multas. Si un conductor considera que ha sido sancionado de manera indebida, debe asegurarse de que el radar que lo multó cumpla con los requisitos establecidos en la Orden ITC/155/2020. En caso de duda, es recomendable recurrir a un abogado especializado en tráfico y ciberseguridad, quien podrá estudiar la situación y determinar si la multa es válida o puede ser anulada.

Además, aquellos conductores que reciban una multa por exceso de velocidad pueden solicitar que se les facilite toda la documentación relacionada con la infracción, como las fotografías del radar. Esto les permitirá revisar si se cumplen los requisitos de la normativa, en particular si las fotos tomadas muestran la matrícula del vehículo de manera adecuada y si el operador autorizado estuvo presente en el momento del funcionamiento del radar.
El sistema de sanciones por exceso de velocidad ha sido una de las fuentes más importantes de ingresos para las autoridades locales y nacionales. Si las sentencias continúan anulando multas, podría haber una reducción considerable de los ingresos por multas de tráfico. Esto podría obligar a las autoridades a replantearse la eficacia de los radares automáticos y a modificar la legislación para garantizar que las sanciones sean legítimas y respeten los derechos de los conductores.

El fallo de los tribunales también resalta la importancia de la transparencia y el cumplimiento de las normativas en la implementación de tecnologías para el control de tráfico. A medida que los dispositivos de control se automatizan, el sistema debe adaptarse para garantizar que los derechos de los ciudadanos sean respetados y que las sanciones impuestas sean legítimas. Esto plantea la pregunta: ¿estamos preparados para un sistema de sanciones digitalizado que garantice la equidad y la precisión?

El futuro de los radares y la legislación de tráfico

Este conflicto sobre la validez de las multas y los radares también pone de manifiesto los desafíos que enfrentan las autoridades al incorporar tecnologías avanzadas en el sistema judicial. Aunque los radares de velocidad son una herramienta eficaz para mejorar la seguridad vial, su implementación debe estar alineada con un marco legal claro que asegure que se cumplan todos los procedimientos y requisitos técnicos.

En el futuro, es posible que veamos una revisión de la legislación en torno a los radares y su operatividad, buscando mejorar la transparencia y la fiabilidad de las sanciones. Además, podría haber un aumento en el uso de tecnologías de inteligencia artificial (IA) y análisis de datos para optimizar el proceso de identificación de infracciones y garantizar que las sanciones sean legítimas. Sin embargo, también es esencial que estas tecnologías se implementen con un marco legal que proteja los derechos de los ciudadanos y que garantice una supervisión adecuada de las herramientas utilizadas.

En este sentido, la introducción de herramientas de ciberseguridad y verificación digital podría ser una respuesta a las preocupaciones actuales sobre la validez de las pruebas en las infracciones de tráfico. La integración de mecanismos de verificación electrónica y pruebas claras podría ayudar a restaurar la confianza en el sistema y garantizar que los conductores reciban sanciones justas y fundamentadas.

En conclusión, la reciente ola de sentencias que anulan las multas por exceso de velocidad debido a incumplimientos en los procedimientos de control y la normativa de radares abre una nueva perspectiva para la regulación de las infracciones de tráfico en España. Aunque las decisiones judiciales actuales afectan a un número significativo de multas, la situación sigue evolucionando y plantea importantes preguntas sobre el futuro de las sanciones digitales y el uso de tecnologías en el control del tráfico.

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