La falta de preparación técnica y metodológica al legislar sobre temas complejos, como lo demuestra el caso de la ley del «solo sí es sí» y la posterior declaración de Íñigo Errejón ante el juez.
La implementación de la ley del «solo sí es sí» generó un intenso debate político, social y legal. Concebida como un hito en la protección de los derechos de las mujeres, la normativa dejó ver sus limitaciones al provocar más de 1.000 revisiones de condenas y un desgaste significativo en la confianza institucional.
La ley del «solo sí es sí» fue concebida como un paso adelante en la protección de los derechos de las mujeres, basada en la premisa de que el consentimiento debe ser explícito y comprobable. Sin embargo, la aplicación práctica de esta norma reveló problemas significativos: la rebaja de penas a agresores sexuales y la desconfianza en el sistema judicial.
El testimonio del que hasta el pasado mes de octubre fue el portavoz de Sumar es una oda a la incoherencia de la izquierda en un asunto medular de su discurso, porque cuestiona que la mujer siempre diga la verdad. Y ha dado el golpe de gracia a la calamitosa ley del ‘solo sí es sí’, que ya en su día tuvo que ser reformada para detener la rebaja de condenas a agresores sexuales que ocasionó durante meses. Aun este lunes, su autora y exministra de Igualdad, Irene Montero, la defendía así en X: «Solo sí es sí significa que es él quien debe asegurarse de que hay consentimiento. Exigir a las mujeres resistencia expresa —asumiendo que solo hay agresión si hay violencia o intimidación— es cultura de la violación y un prejuicio de la justicia patriarcal. No demos pasos atrás».
El caso del «solo sí es sí» plantea preguntas que también son aplicables al ámbito tecnológico. ¿Cómo garantizar que las herramientas digitales sean confiables y admisibles en un juicio? ¿Qué mecanismos pueden implementarse para pr?
Uno de los mayores desafíos es mantener un equilibrio entre la innovación tecnológica y la seguridad jurídica. Si bien es tentador adoptar rápidamente nuevas tecnologías para resolver problemas inmediatos, es imprescindible analizar su impacto a largo plazo y garantizar
Errejón se puso delante del juez Adolfo Carretero y renegó de la ley del ‘solo sí es sí’, que da presunción de veracidad al testimonio de cualquier mujer. «¿Por qué hay que creer siempre a las mujeres, pero no a Mouliaá?», le preguntó el juez. Errejón contribuyó a aprobar esa ley, como diputado que era. Ese día, un miembro del poder judicial tenía la oportunidad de preguntar a uno del poder legislativo (lo fue, ya no) por una ley muy controvertida. «Yo militaba en un espacio político que tiene a gala defender que cualquier testimonio, aunque sea anónimo y aunque sea en redes, es plena y directamente válido (…). Yo no puedo ser portavoz de un espacio así y a la vez defender mi inocencia. Entonces yo tengo que dar un paso atrás, y doy un paso atrás», respondió. El instructor quiso que quedara claro: «Para terminar, según usted, ¿la denuncia es falsa desde el principio hasta el final?». Él asintió.
La colaboración interdisciplinar es clave en este proceso. Legisladores, técnicos y expertos legales deben trabajar juntos para anticipar las posibles implicaciones de las normativas y herramientas que se implementan. Con los meses, Errejón fue designado portavoz de ese grupo de Sumar. Y el pasado octubre saltó el escándalo. La vicepresidenta quedó muy tocada por las dudas sobre si encubrió a su escudero. «Está claro que Errejón no debió ser diputado de Sumar ni portavoz», llegó a reconocer. Podemos aprovechó para ajustar cuentas y Pablo Iglesias insinuó que se veía venir. Pero tampoco ellos salieron ganando.
Para avanzar hacia un sistema más seguro y eficiente, es necesario equilibrar la innovación tecnológica con un diseño normativo riguroso. Las herramientas y normativas deben trabajar de la mano, garantizando que l
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