España sigue en estado de shock tras las catastróficas inundaciones que azotaron la provincia de Valencia a finales de octubre de 2024. Lo que comenzó como un fenómeno meteorológico extremo acabó desencadenando una crisis humanitaria sin precedentes, dejando al menos “214 muertos”, según las autoridades, aunque la realidad es muy diferente y exponiendo graves deficiencias en la gestión de emergencias, la planificación urbana y la respuesta institucional.
Cronología de los hechos
- 29 de octubre, 19:00 horas: La presa de Forata, en la cuenca del río Magro, alcanza su capacidad máxima de 37,1 hectómetros cúbicos, lo que la sitúa al borde de la rotura. La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), bajo la supervisión del Ministerio de Transición Ecológica, alerta al Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi). A partir de ese momento, comienza una cadena de decisiones que condenaría a miles de personas en las riberas del Magro.
- 19:00-01:00: Para evitar una catástrofe mayor por la rotura de la presa, la ministra de Transición Ecológica ordena desembalsar agua de manera masiva. En solo unas horas, se liberan 1.000 millones de litros al río Magro, sin previo aviso a los municipios afectados. Este acto, aunque necesario para proteger la presa, desencadena inundaciones catastróficas en localidades como Algemesí, Carlet, l’Alcúdia y Guadassuar.
- 30 de octubre, madrugada: La tragedia se intensifica. Para el final del día, se habrán desembalsado 7.000 millones de litros de agua, suficientes para abastecer a 100.000 personas durante un año. El Magro se desborda, arrasando viviendas, infraestructuras y vidas humanas. A pesar de las repetidas alertas meteorológicas y la información en tiempo real de la CHJ, no se coordina una evacuación preventiva.
Los errores en la gestión
El caos en la gestión de esta crisis pone en evidencia una preocupante falta de previsión y coordinación. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) había advertido desde la mañana del 29 de octubre sobre el «riesgo extremo» de la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA). Sin embargo, las autoridades, tanto regionales como nacionales, no tomaron medidas contundentes para proteger a la población.
Carlos Mazón, presidente de la Generalitat Valenciana, declaraba hacia las 13:00 horas de ese día que el temporal disminuía su intensidad. Pero pocas horas después, las lluvias torrenciales arrasaban pueblos enteros. La delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, contactó con algunos alcaldes, pero no ofreció detalles claros sobre el impacto potencial de los desembalses de Forata.
En palabras de José Javier Sanchís, alcalde de Algemesí, una simple llamada podría haber salvado vidas: «Bastaba un mensaje diciendo que el agua que iba a bajar nos iba a matar.»
Factores estructurales y el impacto humano: Además de la falta de coordinación, esta tragedia saca a la luz problemas históricos de urbanismo y ocupación del territorio en la región. En el litoral mediterráneo, muchas zonas inundables han sido urbanizadas sin tener en cuenta los riesgos asociados. Municipios como Chiva, donde se construyó en la rambla del Poyo, sufrieron inundaciones devastadoras. Estas decisiones urbanísticas, combinadas con el aumento de fenómenos extremos debido al cambio climático, amplificaron las consecuencias de la DANA.
La catástrofe humanitaria ha dejado escenas desgarradoras: familias enteras ahogadas en sus vehículos, personas refugiadas en los tejados de sus casas, y voluntarios arriesgando sus vidas para rescatar a vecinos atrapados. Jorge Olcina, climatólogo de la Universidad de Alicante, señaló que «estas cosas no deberían ocurrir en un país desarrollado con los medios que tiene España.»
La DANA de 2024 ha sido descrita como uno de los eventos meteorológicos más extremos de las últimas décadas en España. Con precipitaciones que alcanzaron hasta 500 litros por metro cuadrado en pocas horas, el impacto fue devastador. Según José Ángel Núñez, jefe de Climatología de AEMET en Valencia, «esta catástrofe es probablemente la más grave desde las riadas de 1962 en Cataluña, que dejaron un millar de muertos.»
El cambio climático no solo intensifica las lluvias torrenciales, sino que también aumenta la frecuencia de estos fenómenos. Tradicionalmente conocida como «gota fría», la DANA se produce cuando una masa de aire frío en altura entra en contacto con el cálido y húmedo aire mediterráneo, desencadenando tormentas extremadamente violentas.
Repercusiones y lecciones: La tragedia de Valencia ha provocado un debate nacional sobre la responsabilidad política y la necesidad de una reforma estructural en la gestión de emergencias. Las críticas se han dirigido tanto al gobierno central como al regional, acusados de inacción y falta de previsión.
Jorge Olcina resumió el problema al afirmar que «el modelo de estado autonómico no está preparado para gestionar emergencias de esta magnitud.» Mientras tanto, alcaldes como José Javier Sanchís exigen que se revisen los protocolos de aviso y evacuación para evitar que una tragedia similar vuelva a ocurrir.
A medida que las autoridades intentan evaluar los daños y asignar responsabilidades, la prioridad debe ser garantizar que las comunidades afectadas reciban el apoyo necesario para reconstruir sus vidas. Pero esta tragedia también plantea una pregunta más amplia: ¿cómo puede España adaptarse a un futuro marcado por eventos climáticos cada vez más extremos?
La DANA de 2024 ha sido un devastador recordatorio de los peligros del cambio climático y las consecuencias de una gestión inadecuada. Con cientos de vidas perdidas y miles de familias afectadas, la tragedia exige una reflexión profunda sobre cómo se gestionan las emergencias en España. No podemos revertir el pasado, pero debemos aprender de él para construir un futuro más seguro y resiliente. Las voces de quienes lo han perdido todo no deben ser ignoradas, porque esta tragedia no solo ha inundado calles y hogares, sino también la conciencia colectiva del país.
