La figura del influencer ha revolucionado la forma en que consumimos información, generamos tendencias y tomamos decisiones. Los avances tecnológicos y la proliferación de las redes sociales han transformado la comunicación y el marketing, creando una industria que mueve miles de millones de euros a escala global. Sin embargo, esta influencia también plantea desafíos legales, éticos y sociales que los gobiernos intentan regular para evitar abusos.
El Consejo de Ministros ha aprobado recientemente el Anteproyecto de Ley reguladora del derecho de rectificación, con el propósito de actualizar la normativa de 1984 e incluir a influencers con más de 100.000 seguidores. Esta medida responde a la necesidad de regular un espacio donde el impacto de la información puede ser tan significativo como en los medios de comunicación tradicionales. Pero la iniciativa no está exenta de polémicas y dudas sobre su efectividad y viabilidad.
Según un estudio realizado por la consultora IAB Spain en 2023, el 72% de los usuarios españoles siguen al menos a un influencer, siendo las plataformas más destacadas Instagram, YouTube y TikTok. El mercado del marketing de influencia en España generó aproximadamente 120 millones de euros en 2022, con un crecimiento anual del 20%. A nivel europeo, la cifra asciende a 2.800 millones de euros, consolidando a los influencers como actores clave en la economía digital.
El poder de los influencers reside en su capacidad para conectar con audiencias segmentadas, construyendo relaciones de confianza a través de contenido que combina lo personal con lo comercial. Las marcas aprovechan esta influencia para promocionar productos y servicios de manera más efectiva que con la publicidad tradicional, alcanzando a públicos que rechazan los anuncios convencionales.
No obstante, esta misma capacidad de influencia ha convertido a algunos influencers en difusores de información no verificada, rumores o bulos, lo que puede tener graves consecuencias en la reputación de personas y entidades. Es en este contexto donde el derecho de rectificación cobra relevancia como herramienta para proteger la verdad y garantizar la transparencia informativa.
El derecho de rectificación, regulado por la Ley Orgánica de 1984, permite a cualquier persona solicitar la corrección de informaciones falsas o inexactas publicadas en medios de comunicación. La propuesta del Gobierno busca ampliar este derecho a los influencers con más de 100.000 seguidores, argumentando que su alcance y relevancia los equipara a los medios tradicionales.
Sin embargo, expertos como Borja Adsuara, jurista y abogado digital, advierten que esta reforma podría incrementar la judicialización de la información, colapsando aún más los tribunales. La diferencia entre un error involuntario y un bulo deliberado —que implica intención de engañar— es clave en este debate. El derecho de rectificación está diseñado para corregir errores, no para perseguir la difusión de fake news, algo que debe abordarse mediante querellas criminales por injurias o calumnias.
Además, esta medida plantea interrogantes sobre su aplicación práctica. ¿Cómo se determinará la responsabilidad de un influencer que comparte información de terceros? ¿Qué mecanismos se implementarán para verificar si una rectificación es necesaria? Estas cuestiones exigen un debate profundo y la participación de actores clave, como juristas, tecnólogos y representantes del sector digital.
La velocidad con la que se difunde la información en redes sociales complica la tarea de verificación y rectificación. Herramientas como Google Fact Check, NewsGuard o Maldita.es han demostrado ser útiles para combatir los bulos, pero su alcance es limitado. Los algoritmos de las plataformas también juegan un papel determinante al amplificar ciertos contenidos, a menudo sin distinguir entre información veraz y falsa.
En este sentido, la implementación de tecnologías avanzadas basadas en inteligencia artificial podría ofrecer soluciones más eficaces. Por ejemplo, el uso de algoritmos de machine learning para detectar patrones de desinformación o contenido engañoso ha sido probado con éxito en plataformas como Twitter y Facebook. Estas herramientas podrían integrarse en un marco regulador que obligue a los influencers a verificar la información antes de compartirla.
La ciberseguridad también juega un papel fundamental en la regulación de los influencers. La ANTPJI (Asociación Nacional de Tasadores y Peritos Judiciales Informáticos) ha alertado en varias ocasiones sobre los riesgos de suplantación de identidad, robo de datos y manipulación de contenido digital. Los influencers con grandes audiencias son objetivos atractivos para ciberdelincuentes que buscan aprovechar su alcance para difundir información falsa o estafar a sus seguidores.
Para protegerse, tanto los influencers como sus audiencias deben adoptar medidas básicas de ciberseguridad. El uso de autenticación de dos factores, la actualización regular de contraseñas y la verificación de la procedencia de la información son prácticas esenciales. Además, plataformas como Instagram y YouTube deben reforzar sus políticas de contenido y mejorar las herramientas para reportar información falsa.
Si bien la regulación del derecho de rectificación en el ámbito digital es necesaria, su implementación debe realizarse con cautela. Una regulación excesivamente restrictiva podría vulnerar la libertad de expresión y limitar el derecho a la información. Como señala el catedrático Javier Plaza, la rectificación debe centrarse en hechos verificados y no en opiniones, ya que estas últimas forman parte del debate democrático y la libertad editorial.
Por otro lado, obligar a los influencers a someterse a un procedimiento judicial cada vez que alguien solicite una rectificación podría desincentivar la creación de contenido y generar inseguridad jurídica. Es fundamental encontrar un equilibrio entre la protección de los derechos individuales y la promoción de un entorno digital libre y plural.
El desarrollo de tecnologías como la inteligencia artificial y la blockchain ofrece nuevas posibilidades para garantizar la transparencia y la veracidad de la información. La blockchain, por ejemplo, permite crear registros inmutables que pueden utilizarse para verificar la autenticidad de una publicación o identificar posibles manipulaciones.
En el futuro, los influencers podrían estar obligados a etiquetar automáticamente el contenido patrocinado o verificado, utilizando sistemas de inteligencia artificial que detecten irregularidades. Estas soluciones tecnológicas, combinadas con una regulación clara y equilibrada, podrían reducir la proliferación de información falsa sin limitar la libertad de expresión.
La figura del influencer ha cambiado las reglas del juego en la comunicación digital, generando oportunidades económicas, pero también desafíos legales y éticos. La propuesta de ampliar el derecho de rectificación a los influencers conlleva riesgos y beneficios que deben analizarse con prudencia. La regulación debe garantizar la protección de los derechos individuales sin vulnerar la libertad de expresión ni colapsar el sistema judicial.
La colaboración entre juristas, tecnólogos y plataformas digitales será clave para encontrar soluciones eficaces. Las nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial y la blockchain, ofrecen herramientas prometedoras para combatir la desinformación y proteger a los usuarios. Sin embargo, su implementación debe ir acompañada de un debate riguroso que asegure un equilibrio entre la responsabilidad y la libertad en el entorno digital.
