La sombra de la corrupción vuelve a extenderse sobre los tribunales españoles, esta vez con un protagonista clave en el ámbito del peritaje financiero: Carlos Neira, perito particular de Rodrigo Rato y actual defensor de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado para él tres años y once meses de prisión, además de una inhabilitación para ejercer como asesor contable, fiscal y jurídico, por presuntamente haber manipulado datos en informes periciales con el fin de exculpar a Rato del fraude fiscal por el que fue condenado en diciembre de 2024.
El caso pone nuevamente bajo el foco el papel de los peritos en los procedimientos judiciales y abre el debate sobre la ética en la elaboración de informes periciales que pueden inclinar la balanza en causas de gran relevancia política y económica.
Manipulación pericial: la clave de la acusación
Carlos Neira está acusado de estafa procesal en concurso con falsedad continuada en documento oficial, cargos que derivan de dos informes periciales que, según la Fiscalía, fueron diseñados para crear una realidad ficticia y minimizar la responsabilidad de Rodrigo Rato en un entramado de fraude fiscal, blanqueo de capitales y corrupción entre particulares.
Según el escrito de acusación, estos informes manipulaban datos bancarios y financieros con prácticas como:
- Ocultación de transferencias sospechosas.
- Eliminación de entradas de dinero destinadas a inversiones financieras (por un valor cercano al medio millón de euros).
- Reducción artificial del importe defraudado para situarlo por debajo del umbral delictivo.
La Fiscalía considera que esta alteración de la información permitió a Rato presentar una defensa engañosa y prolongar un proceso judicial que, tras años de litigio, culminó en una sentencia condenatoria de cuatro años, nueve meses y un día de prisión.
La acusación no solo apunta a Neira, sino que también solicita una multa de 3,5 millones de euros para Garrido Asesores Fiscales, la firma en la que trabajaba el perito en el momento de los hechos. Además, se pide la prohibición de realizar informes tributarios durante cinco años.
El despacho ha intentado desmarcarse de la situación, asegurando que el informe fue elaborado por Neira de manera independiente. Sin embargo, la Fiscalía mantiene que la empresa tuvo una responsabilidad directa al permitir la presentación de estos documentos en los procedimientos judiciales.
El nombre de Carlos Neira no es ajeno al panorama judicial madrileño. Actualmente, es el perito defensor de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, en un proceso por fraude fiscal.
El empresario está siendo investigado por haber declarado gastos inexistentes por 1,7 millones de euros, lo que habría derivado en un presunto fraude de 350.000 euros.
Neira intentó aplicar la misma estrategia que en el caso Rato: negociar un acuerdo de conformidad con la Fiscalía para reducir la condena a cambio del pago de una multa. Sin embargo, esta maniobra generó un terremoto político y judicial cuando un correo sobre la negociación fue filtrado a la prensa.
El jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, utilizó la filtración para atacar a la Fiscalía, acusándola de actuar con motivaciones políticas. Esto derivó en un cruce de acusaciones, la apertura de una investigación en el Tribunal Supremo y una escalada de tensión entre la Comunidad de Madrid y el Ministerio Público.
La manipulación de informes periciales: un riesgo para la Justicia
El caso Neira reabre el debate sobre la independencia de los peritos y la responsabilidad de los expertos en procesos judiciales de alto impacto.
¿Qué peligros supone la manipulación pericial en casos de fraude fiscal y corrupción?
Desprestigio del sistema judicial: Cuando un informe pericial carece de rigor técnico o es deliberadamente manipulado, el proceso judicial puede verse contaminado, afectando la confianza en las sentencias.
Defensas fraudulentas: Un peritaje sesgado puede servir para reducir condenas o exculpar a acusados, incluso cuando las pruebas en su contra sean contundentes.
Dilación de los procedimientos: Informes falsos pueden alargar los litigios, generando costes adicionales para el Estado y un retraso en la impartición de justicia.
Riesgo de impunidad: La corrupción y los delitos económicos pueden quedar sin sanción efectiva si se permite que peritos manipulen la evidencia para favorecer a los acusados.
La solicitud de casi cuatro años de prisión para Carlos Neira supone un golpe significativo para la defensa de González Amador y un nuevo frente judicial para el entorno de Isabel Díaz Ayuso.
El caso también agudiza el enfrentamiento entre la Fiscalía y el Gobierno de la Comunidad de Madrid, en un contexto en el que la independencia del Ministerio Público ha sido cuestionada en varias ocasiones.
Por otro lado, el Tribunal Supremo evalúa el impacto de la filtración del correo entre Neira y la Fiscalía en la negociación con González Amador, lo que podría derivar en nuevas acciones legales.
¿Un precedente para futuros peritajes? El caso Neira-Rato-González Amador marca un punto de inflexión en la supervisión del trabajo pericial en España. Si se demuestra que hubo una manipulación deliberada de datos para engañar a los tribunales, la sentencia contra Neira podría sentar un precedente para endurecer los controles sobre los peritos judiciales.
Este escenario refuerza la necesidad de contar con peritos informáticos, contables y fiscales altamente cualificados, que trabajen con transparencia y rigor técnico.
El riesgo de que informes falsos sean utilizados como herramientas de defensa en procesos de corrupción y fraude fiscal es una amenaza latente para la Justicia. Por ello, es fundamental que la ética profesional prevalezca sobre los intereses individuales o políticos.
¿Será este el comienzo de una mayor regulación sobre el papel de los peritos en España?
