En un mundo donde la tecnología redefine constantemente nuestras vidas, la justicia no puede quedarse atrás. La digitalización y el uso de inteligencia artificial (IA) están abriendo un abanico de posibilidades, pero también plantean desafíos complejos que exigen respuestas claras. En las recientes Jornadas Jurídicas de OKDiario en Marbella, expertos como Eloy Velasco, magistrado de la Audiencia Nacional, y Alberto García Barrenechea, decano del Colegio de Procuradores de Madrid, abordan estas cuestiones con claridad.
¿Está España preparada para la justicia digital?
La implementación de la IA generativa en el sistema judicial es una de las propuestas más innovadoras. Eloy Velasco sugiere que esta tecnología podría utilizarse no solo para apoyar a los jueces en la toma de decisiones, sino incluso para reemplazarlos en ciertos casos, como cláusulas suelo o divorcios de mutuo acuerdo. Este enfoque ya ha sido probado en países como China, donde los «jueces robot» manejan casos de primera instancia con resultados eficaces.
Aunque la idea de utilizar IA en decisiones judiciales despierta curiosidad y optimismo, también plantea preocupaciones éticas y técnicas. ¿Cómo asegurarse de que las decisiones sean imparciales? ¿Qué sucede si un algoritmo mal diseñado produce fallos injustos? Estas preguntas no tienen respuestas fáciles, pero subrayan la importancia de una implementación cuidadosa. Para garantizar la transparencia, algunos expertos sugieren que los algoritmos sean audibles y que las partes tengan acceso a explicaciones claras sobre cómo se toman las decisiones.
No obstante, la automatización tiene límites evidentes. Aunque puede procesar grandes volúmenes de datos y simplificar casos simples, carece de la sensibilidad humana necesaria para abordar situaciones complejas que involucran factores culturales, emocionales o éticos. La clave será encontrar un equilibrio: aprovechar las capacidades de la IA para agilizar procesos, pero mantener un componente humano que pueda intervenir cuando se considere necesario para garantizar la justicia en su sentido más amplio. Este componente humano es crucial para interpretar contextos, analizar matices y tomar decisiones que trascienden los datos fríos procesados por un algoritmo. Sin la supervisión y el juicio de personas capacitadas, existe el riesgo de que el sistema pierda de vista la individualidad de cada caso y se convierta en un mecanismo frío e inflexible, incapaz de adaptarse a la complejidad de las realidades humanas.
Un ejemplo destacado es la falta de integración en los sistemas de expediente judicial electrónico. Abogados y procuradores se enfrentan a plataformas descoordinadas que, lejos de facilitar su trabajo, añaden una capa de frustración. Daniel Sánchez Bernal lo resume diciendo que «buscar un documento en el sistema actual es como resolver un ‘escapes roons”.
El decano García Barrenechea advierte que, sin una inversión adecuada, las herramientas tecnológicas no podrán aprovecharse plenamente. En sus palabras, «la justicia no interesa a los políticos», lo que deja al sistema judicial con recursos limitados para hacer frente a la modernización.
La implementación de la IA generativa en el sistema judicial es una de las propuestas más innovadoras. Eloy Velasco sugiere que esta tecnología podría utilizarse no solo para apoyar a los jueces en la toma de decisiones, sino incluso para reemplazarlos en ciertos casos, como cláusulas suelo o divorcios de mutuo acuerdo. Este enfoque ya ha sido probado en países como China, donde los «jueces robot» manejan casos de primera instancia con resultados eficaces.
Aunque la idea de utilizar IA en decisiones judiciales despierta curiosidad y optimismo, también plantea preocupaciones éticas y técnicas. ¿Cómo asegurarse de que las decisiones sean imparciales? ¿Qué sucede si un algoritmo mal diseñado produce fallos injustos? Estas preguntas no tienen respuestas fáciles, pero subrayan la importancia de una implementación cuidadosa. Para garantizar la transparencia, algunos expertos sugieren que los algoritmos sean audibles y que las partes tengan acceso a explicaciones claras sobre cómo se toman las decisiones.
No obstante, la automatización tiene límites evidentes. Aunque puede procesar grandes volúmenes de datos y simplificar casos simples, carece de la sensibilidad humana necesaria para abordar situaciones complejas que involucran factores culturales, emocionales o éticos. La clave será encontrar un equilibrio: aprovechar las capacidades de la IA para agilizar procesos, pero mantener un componente humano que pueda intervenir cuando se considere necesario para garantizar la justicia, interpretar matices complejos y evaluar factores éticos o emocionales que las máquinas no pueden comprender plenamente.
Ciberseguridad: proteger la base de la justicia digital
En un entorno judicial cada vez más digitalizado, la ciberseguridad no es una opción, sino una necesidad. Sin ella, cualquier avance tecnológico queda expuesto a vulnerabilidades que comprometen no solo los datos sensibles de los casos, sino también la confianza en el sistema. Según un estudio de la Agencia Europea de Ciberseguridad, el 60% de las instituciones públicas en Europa han sufrido algún tipo de incidente de seguridad en los últimos años.
En el ámbito judicial, los riesgos incluyen la manipulación de pruebas digitales, el acceso no autorizado a expedientes electrónicos y el secuestro de información mediante ransomware. Estos problemas no solo afectan a los tribunales, sino también a las partes involucradas en los casos, como abogados y peritos.
Para minimizar estas amenazas, es imprescindible adoptar herramientas que refuercen la seguridad digital, como las siguientes:
- ProtonMail o Tutanota
- Sistema operativo Qubes OS
- Autenticación multifactorial
Además, resulta esencial la formación continua de los profesionales del ámbito judicial. El conocimiento básico sobre ciberseguridad puede marcar la diferencia entre ser víctima de un ataque o detectarlo a tiempo.
Aunque los desafíos son notables, las posibilidades que ofrece la digitalización de la justicia son prometedoras. Herramientas como Prometeo ya están optimizando procesos judiciales al automatizar la asignación de casos, reduciendo tiempos de espera y mejorando la eficiencia. Sin embargo, como señaló el magistrado Daniel Sánchez Bernal, estas iniciativas no serán efectivas sin una coordinación adecuada entre comunidades autónomas y una inversión significativa en infraestructura tecnológica.
La transformación digital también abre la puerta a una justicia más accesible. Con plataformas en línea, las personas pueden presentar denuncias, consultar expedientes y recibir resoluciones sin necesidad de desplazarse. Este enfoque no solo beneficia a los ciudadanos, sino que también alivia la carga de trabajo e
El camino hacia una justicia digital más ágil y eficiente no está exento de obstáculos. La falta de inversión, la resistencia al cambio y los riesgos asociados a la ciberseguridad son barreras importantes. Sin embargo, estas dificultades también representan una oportunidad para repensar cómo debería ser el sistema judicial del futuro.
La Asociación Nacional de Tasadores y Peritos Judiciales Informáticos (ANTPJI) ya está liderando el cambio, ofreciendo peritajes especializados y promoviendo la capacitación en tecnologías avanzadas. Con un enfoque en la colaboración entre los sectores público y privado, y una apuesta decidida por la innovación, es posible construir un sistema judicial más justo, accesible y seguro para todas las personas.
¿Estamos listos para dar este paso? La respuesta está en nuestras manos. Una justicia digital no es solo una meta, sino una necesidad en un mundo donde la tecnología sigue avanzando sin detenerse.
