Un secretario judicial en funciones del Juzgado de Instrucción número 1 de Marbella ha sido detenido por el presunto robo de criptomonedas valoradas en 17 millones de euros, incautadas por la Policía Nacional en el marco de una operación contra el narcotráfico. La investigación, que ha derivado en su imputación por los delitos de malversación de caudales públicos y de infidelidad en la custodia de documentos, ha sacudido a la judicatura española.
El dinero digital había sido confiscado el 16 de septiembre del año pasado durante la «Operación Geld», una intervención llevada a cabo por la Unidad de Cibercrimen de la Policía Nacional, que culminó con la detención de un joven neerlandés de 24 años residente en Marbella, señalado como un “ciberestafador al servicio de organizaciones criminales”. La operación representó la mayor incautación de criptomonedas en la historia de España, con activos que habían sido adquiridos mediante fraudes tanto a particulares como a organizaciones criminales.
Las claves de acceso a las carteras digitales fueron almacenadas en un sobre sellado, bajo custodia judicial, y posteriormente trasladadas a una cámara acorazada en Madrid gestionada por la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA). Sin embargo, en enero de 2025, al intentar monetizar los activos por orden judicial, se descubrió que los monederos digitales estaban vacíos.
La investigación interna apuntó rápidamente a los pocos funcionarios que habían tenido acceso legítimo al material incautado. Las pesquisas se centraron en un secretario judicial en sustitución, quien había mostrado un inusitado interés en las criptomonedas, se autodefinía como «criptoinversor» y recientemente había adquirido una billetera digital para almacenar claves privadas. Además, había retrasado sin justificación la entrega del sobre a la ORGA, lo que le habría proporcionado la ventana de tiempo necesaria para perpetrar el robo.
La operación policial culminó con el registro de tres propiedades vinculadas al sospechoso. En una de ellas, las autoridades hallaron las claves de acceso escondidas en una bola de papel colocada bajo el marco de una puerta. La nota contenía las doce palabras que desbloqueaban los monederos digitales, confirmando su implicación directa en la sustracción.
El secretario judicial había sido seleccionado de la bolsa de trabajo del Ministerio de Justicia para cubrir temporalmente la vacante de la letrada titular, en comisión de servicio en Madrid. Aunque esta era su primera experiencia en funciones judiciales, ya había trabajado anteriormente como gestor administrativo. Su desempeño se extendió desde octubre de 2023 hasta la reincorporación de la titular en 2024.
El pasado 9 de abril, el juzgado de guardia de Málaga le tomó declaración y decretó su libertad provisional, imponiéndole como medida cautelar la suspensión inmediata de sus funciones. Asimismo, el juzgado ha solicitado al Ministerio de Justicia su expulsión definitiva de la bolsa de trabajo. La causa se tramita actualmente en el Juzgado de Instrucción número 4 de Marbella.
Este caso ha generado un fuerte impacto en el ámbito judicial, reabriendo el debate sobre los controles de acceso y la seguridad en la custodia de activos digitales dentro del sistema judicial.
