La Policía Nacional ha dado un golpe contundente contra la explotación digital y la violencia de género: un joven de 25 años ha sido detenido en Barcelona tras grabar en secreto a cientos de mujeres en la vía pública, difundir sus imágenes y datos personales sin consentimiento y lucrarse con la venta de estos vídeos como parte de supuestos “cursos de técnicas de seducción” en internet.
Un método sistemático de acoso y vulneración de la intimidad
El detenido abordaba principalmente a mujeres extranjeras en calles de Barcelona, iniciando conversaciones aparentemente casuales. Mientras les sonsacaba información íntima —nacionalidad, residencia, motivos de viaje, rutinas diarias—, las grababa con unas gafas inteligentes equipadas con cámara oculta, sin que ellas lo supieran. La Policía ha identificado 329 vídeos, de los cuales 239 muestran “entrevistas” en las que las víctimas revelan datos personales, siendo fácilmente reconocibles en las imágenes.
En algunos casos, la situación fue aún más grave: el detenido llegó a realizar tocamientos y a intentar besar a las víctimas, todo ello mientras registraba el momento en vídeo. Una de las denuncias que destapó el caso se produjo cuando una mujer descubrió que su conversación, grabada sin permiso, había sido publicada en una red social y acumulaba más de 700.000 visualizaciones.
Del acoso callejero al negocio digital
El objetivo del detenido era doble: por un lado, utilizaba estos vídeos como reclamo en redes sociales para atraer clientes a su página web, donde ofrecía un “curso completo de seducción” por 3.000 euros más una cuota mensual de 45 euros; por otro, monetizaba el contenido privado de las víctimas, quienes nunca consintieron la grabación ni la difusión de su imagen y datos. La policía destaca que esta es la primera vez en España que se detecta el uso de gafas inteligentes —como las Ray-Ban Meta— para cometer delitos contra la intimidad a esta escala.
Delitos y consecuencias penales
Al arrestado se le imputan delitos contra la intimidad y agresión sexual. Según expertos legales, la revelación de secretos con difusión pública puede conllevar penas de hasta cinco años de prisión, y la suma de los indicios de agresión sexual podría elevar la condena hasta los 15 años. La Fiscalía estudia el caso como un delito continuado, dada la sistematicidad y el lucro obtenido mediante actos delictivos.
Un caso que alerta sobre los riesgos de la tecnología y la necesidad de protección
Este caso pone en evidencia el peligro del mal uso de dispositivos tecnológicos para vulnerar la privacidad y la dignidad de las personas, especialmente de las mujeres, en espacios públicos. La Policía Nacional anima a otras posibles víctimas a denunciar y recuerda que grabar y difundir imágenes sin consentimiento es un delito grave, más aún si se hace con fines lucrativos y de explotación.
La investigación sigue abierta y las autoridades trabajan para identificar a todas las afectadas y desmontar la red de explotación digital que se escondía tras la fachada de los “cursos de seducción”. La sociedad, la justicia y la tecnología tienen el reto de cerrar el paso a quienes convierten la intimidad ajena en mercancía y espectáculo.
