Del desarrollo de software espía con dinero público al concurso de acreedores
Mollitiam Industries, la empresa española de ciberespionaje que llegó a facturar 2,5 millones de euros en 2022, se ha declarado en concurso de acreedores tras acumular pérdidas millonarias y quedar en el centro de la polémica internacional. Su caída ha sido tan estrepitosa como su ascenso: Acusada de vender software espía a regímenes autoritarios y fuerzas militares, su imagen quedó completamente destruida después de que Reporteros Sin Fronteras la incluyera en su lista de los 20 mayores depredadores digitales del mundo en 2020.
Ahora, la firma con sede en Toledo, que una vez prometió revolucionar la ciberseguridad, se enfrenta a una crisis financiera irreversible. Con una deuda superior a 2 millones de euros, la empresa se ha visto golpeada por impagos de contratos clave, sumando 2,34 millones de euros en Ecuador y otros 1,54 millones en encargos internacionales.
Sin embargo, la caída de Mollitiam no es solo una historia de problemas financieros. Su papel en el uso de software espía para vigilar a periodistas, políticos y activistas ha generado un fuerte debate sobre los riesgos del ciberespionaje y la falta de control en la venta de estas tecnologías.
Mollitiam Industries comenzó como una empresa emergente en el sector de la ciberseguridad y la inteligencia artificial, financiada en parte con fondos públicos del Ministerio de Ciencia e Innovación de España. Su software estrella, Invisible Man, fue diseñado para interceptar comunicaciones, recopilar datos de dispositivos y acceder a sistemas sin dejar rastro.
En un principio, la empresa se presentaba como un proveedor de tecnología avanzada para fuerzas de seguridad y agencias gubernamentales. Sin embargo, pronto se descubrió que sus productos terminaron en manos de gobiernos acusados de violaciones a los derechos humanos.
El escándalo: software espía al servicio de dictaduras.
Uno de los mayores escándalos en los que se vio envuelta Mollitiam fue la venta de Invisible Man a la dictadura de Vietnam y al Ejército colombiano, que utilizó el software para espiar a 130 periodistas, activistas, políticos y funcionarios públicos.
Las revelaciones fueron devastadoras:
- Periodistas estadounidenses y corresponsales internacionales fueron vigilados, poniendo en riesgo la libertad de prensa y la seguridad de sus fuentes.
- Miembros del Tribunal Supremo de Colombia, senadores y exmilitares fueron objeto de espionaje, lo que generó un escándalo político en el país.
- Sindicalistas y activistas de derechos humanos fueron rastreados sin su consentimiento, lo que encendió las alarmas sobre el uso de tecnología para la represión.
La venta de software espía a estos gobiernos provocó una crisis de reputación sin precedentes para Mollitiam , con múltiples denuncias de organismos internacionales de derechos humanos.
El fracaso financiero: una empresa en caída libre
A pesar de sus contratos millonarios con gobiernos extranjeros, Mollitiam comenzó a acumular pérdidas significativas. La compañía argumenta que su crisis financiera se debe a impagos de contratos internacionales, especialmente en Ecuador y otros mercados clave, donde los gobiernos dejaron de abonar los montos acordados.
En cifras:
- 2,08 millones de euros en pérdidas acumuladas
- 2,34 millones en impagos de Ecuador
- 1,54 millones en otros contratos internacionales fallidos
Además, la empresa se enfrentó a problemas legales y restricciones en varios países debido a su vinculación con casos de espionaje. El cerco internacional y la presión mediática redujeron su capacidad de operar, alejando a posibles clientes y debilitando su flujo de ingresos.
España, ¿cómplice o víctima del escándalo?
Uno de los aspectos más polémicos del caso Mollitiam es el uso de fondos públicos para desarrollar su tecnología de espionaje . Durante años, la empresa recibió subvenciones del Ministerio de Ciencia e Innovación y accedió a programas de financiación para el desarrollo de software avanzado.
El escándalo ha generado preguntas sobre el nivel de supervisión del gobierno español en la asignación de estos fondos y si existían controles para evitar que la tecnología desarrollada en España terminara en manos de regímenes represivos.
Hasta el momento, el gobierno no ha dado explicaciones claras sobre el caso, lo que ha llevado a algunos expertos a exigir una auditoría sobre el uso de fondos públicos en el sector de la ciberseguridad.
El colapso de Mollitiam Industries tiene implicaciones más allá de la desaparición de una empresa. Este caso evidencia la falta de regulación en el sector del software espía y la facilidad con la que estas herramientas pueden ser utilizadas con fines ilícitos.
Entre los principales efectos del escándalo, destacan:
- Mayor escrutinio sobre las empresas de ciberseguridad en España: Se espera que el gobierno refuerce las regulaciones para evitar que tecnología financiada con dinero público sea utilizada en actividades de espionaje ilegal.
- Impacto en la industria tecnológica española: La polémica podría generar desconfianza en inversores y clientes internacionales, afectando a otras empresas del sector.
- Revisión de contratos de ciberseguridad: Organismos de derechos humanos han pedido una investigación sobre las ventas de software espía por parte de empresas privadas en España.
- Llamado a una regulación internacional: La facilidad con la que Mollitiam vendió su tecnología a gobiernos represivos evidencia la necesidad de tratados globales para limitar el uso del software espía.
Con su solicitud de concurso de acreedores, Mollitiam enfrenta una resolución inminente. Sin embargo, los expertos advierten que sus tecnologías podrían ser adquiridas por otros actores, lo que podría prolongar su legado en el mundo del ciberespionaje.
Este caso es un recordatorio de los riesgos asociados a la venta de tecnología avanzada sin control ético ni supervisión adecuada. Mientras el sector de la ciberseguridad sigue evolucionando, es urgente establecer reglas claras y mecanismos de control que impidan que herramientas diseñadas para la seguridad terminen siendo usadas para la represión.
Porque cuando la tecnología cae en las manos equivocadas, las consecuencias pueden ser devastadoras.
