Análisis de cómo los fallos institucionales y jurídicos agravan el impacto de la DANA en el Levante español. Soluciones para un futuro más resiliente.
La reciente tragedia provocada por la DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) en el Levante español no solo ha expuesto las carencias de nuestras infraestructuras, sino también las debilidades estructurales del Estado y del Derecho en su capacidad de proteger a la ciudadanía. Más allá de las impactantes imágenes y los testimonios de quienes han perdido todo, este desastre refleja un fallo sistémico que merece un análisis profundo y acciones concretas.
Estas Catástrofes ocurren cuando el Estado de Derecho no cumple con su propósito
La Constitución Española, en su artículo 1.1, define a España como un «Estado social y democrático de Derecho», comprometido con valores como la libertad, la justicia y la igualdad. Sin embargo, la respuesta institucional ante la DANA deja mucho que desear. La incapacidad de prever, mitigar y responder eficazmente a una catástrofe de esta magnitud evidencia un sistema que ha fallado en garantizar la seguridad y el bienestar de sus ciudadanos.
Todavía es pronto para evaluar con precisión todos los factores que han contribuido a este desastre, pero la realidad es innegable: las instituciones no estuvieron a la altura. La falta de previsión, la lentitud en la reacción y la ausencia de coordinación entre administraciones son síntomas de un problema más profundo que trasciende este caso puntual.
La sociedad que financia a través de sus impuestos los sueldos de las instituciones no entiende por qué, cuando surge un problema, las responsabilidades se diluyen en un constante intercambio de culpas. La ciudadanía se pregunta: ¿por qué, cuando ocurre una tragedia en otro país, el Gobierno actúa con celeridad, movilizando recursos humanos, económicos y sanitarios en cuestión de horas, mientras que, para los valencianos, tras 22 días de la catástrofe, ¿la situación sigue prácticamente igual?
Este contraste entre la rapidez en la respuesta internacional y la lentitud en atender a los propios ciudadanos resulta incomprensible para quienes han perdido sus hogares, su seguridad y su confianza en las instituciones.
El modelo descentralizado de España tiene grandes ventajas en la gestión cotidiana, pero en situaciones de emergencia como la DANA, se convierte en un obstáculo. La ausencia de un mando único y la dispersión de competencias entre el Gobierno central y las comunidades autónomas han ralentizado la respuesta, agravando las consecuencias de la catástrofe.
Instrumentos como la declaración del Estado de Alarma, previstos en la Ley Orgánica 4/1981, podrían haber concentrado la capacidad de decisión y movilizados recursos de forma inmediata. Sin embargo, esta herramienta fue ignorada, dejando a las regiones afectadas con recursos insuficientes y una coordinación deficiente.
El derecho como herramienta decorativa
El Derecho, pilar fundamental del Estado, también ha mostrado sus limitaciones, dando la sensación de ser tan solo una herramienta decorativa, teniendo los ciudadanos cada vez más inseguridad y desconfianza. Desde la pandemia, hemos visto cómo se aprueban normativas destinadas a gestionar emergencias, pero muchas de ellas carecen de los recursos necesarios para ser efectivas. Crear una ley o un decreto es un proceso relativamente sencillo y económico, pero garantizar su cumplimiento requiere inversión en personal, infraestructura y tecnología, aspectos que a menudo son ignorados.
Esta desconexión entre la proclamación de normas y su aplicación práctica genera un Estado de Derecho débil, más preocupado por la apariencia que por la eficacia. Esto no solo afecta a los ciudadanos en momentos críticos, sino que también erosiona la confianza en las instituciones.
El impacto de la DANA va más allá de las pérdidas materiales. La inseguridad y la desconfianza hacia las instituciones son consecuencias menos visibles, pero igualmente devastadoras. Cuando el Estado falla en su misión de proteger, los ciudadanos quedan desamparados, enfrentando un futuro incierto y una sensación de abandono que no se puede cuantificar.
Esta crisis de confianza no solo afecta a las comunidades directamente impactadas, sino que también socava la cohesión social y pone en duda la capacidad del sistema para gestionar futuras emergencias.
El terremoto de Lorca, el volcán de La Palma y ahora la inundación de Valencia causada por la DANA han puesto en evidencia, una vez más, la fragilidad del sistema institucional, dejando al descubierto que sus sueldos millonarios corresponden no se corresponden a sus conocimientos o experiencia, siendo incompetentes para responder eficazmente a las emergencias. Este patrón repetitivo de inacción o insuficiencia ha hecho nacer un sentimiento entre los ciudadanos: un profundo desamparo frente a las instituciones que deberían protegerlos. Este desamparo ha impulsado a muchos a pasar de la queja a la acción, surgiendo movimientos espontáneos de solidaridad bajo el lema que resuena cada vez con más fuerza: «Solo el pueblo salva al pueblo».
Frente a la falta de una respuesta institucional adecuada, los vecinos afectados han tomado las riendas de la recuperación. Grupos de voluntarios trabajan codo con codo para limpiar calles, rescatar enseres y ofrecer apoyo emocional y material a quienes han perdido todo. La sociedad civil está demostrando que, en momentos de crisis, la acción conjunta y desinteresada tiene más impacto inmediato que las promesas burocráticas.
Iniciativas como las brigadas vecinales, las recogidas de alimentos y ropa, y las plataformas digitales de micro mecenazgo han surgido con rapidez y eficiencia, dejando claro que la ciudadanía está dispuesta a organizarse cuando las instituciones fallan. Estos gestos no solo alivian el dolor de los damnificados, sino que también reflejan la fuerza de una comunidad unida frente a la adversidad.
Sin embargo, esta solidaridad espontánea no debe eximir a las instituciones de su responsabilidad. La falta de planificación y la inacción oportuna no solo han agravado la situación de los afectados, sino que también han generado un profundo descontento y una creciente desconfianza hacia los gobernantes. Después de 22 días desde la tragedia, muchas familias valencianas siguen en la misma situación, sin un plan claro de reconstrucción ni ayudas efectivas.
Esto contrasta con la rapidez con la que el Gobierno responde a emergencias en otros países. En cuestión de horas, recursos humanos, económicos y sanitarios se movilizan hacia zonas afectadas en el extranjero, mientras que, en casa, los ciudadanos se sienten abandonados. La indignación crece: ¿por qué esa misma celeridad no se aplica para atender las necesidades de los propios compatriotas?
El sentimiento de frustración no se queda solo en la queja. Cada vez más personas cuestionan la legitimidad de mantener en el poder a instituciones y representantes que no están a la altura de su responsabilidad. «Si quieren seguir siendo cobrando sus sueldos, tener cochazos, casoplones y cuentas opacas, tendrán que rendir cuentas», claman. Esta afirmación resume el sentir de una ciudadanía que, aunque siempre dispuesta a ayudar, se resiste a seguir sosteniendo un sistema que parece más preocupado por las apariencias que por las soluciones.
El malestar se traduce en dudas razonables sobre el papel de las instituciones en el futuro. ¿Por qué mantener en el poder a quienes priorizan las promesas sobre las acciones? ¿Por qué sostener un sistema que solo parece funcionar cuando la presión social lo obliga?
En un contexto como este, la sociedad no solo exige respuestas inmediatas, sino también un cambio profundo en la forma en que se gestionan las emergencias. Las instituciones deben reformarse, no solo para ser más eficientes, sino también para recuperar la confianza de una ciudadanía que ya no tolera la inacción.
Las propuestas incluyen la creación de mecanismos más ágiles y efectivos de respuesta ante catástrofes, la asignación de presupuestos que realmente lleguen a quienes lo necesitan y, sobre todo, la implementación de sistemas de rendición de cuentas que garanticen que los responsables respondan por sus acciones (o su falta de ellas).
El mensaje es claro: la paciencia ciudadana se está agotando
Las instituciones tienen la oportunidad de reivindicarse, pero solo si actúan con determinación y honestidad. El futuro del contrato social entre gobernantes y gobernados depende de ello.
El lema «Solo el pueblo salva al pueblo» refleja la capacidad y la fuerza de una ciudadanía unida, pero también señala el fracaso de las instituciones en cumplir con su deber. Aunque la solidaridad es un valor admirable, no debería ser la única respuesta ante tragedias de esta magnitud. El Estado, como garante del bienestar colectivo, tiene la obligación de actuar con eficacia y humanidad.
La reconstrucción de Valencia tras la DANA no solo es una cuestión de infraestructura, sino también de confianza. Si las instituciones no aprovechan esta oportunidad para demostrar que son dignas de su papel, la fractura entre gobernantes y ciudadanos podría volverse irreparable. Y esta vez, el pueblo no estará dispuesto a mirar hacia otro lado.
Si bien las instituciones tienen una responsabilidad evidente en esta crisis, los ciudadanos también deben asumir su parte. La democracia no se limita al voto o al debate; implica una participación activa y constante en la vigilancia y exigencia de responsabilidades a quienes nos gobiernan.
Es crucial que la ciudadanía entienda cómo funcionan las instituciones, identifique sus fallos y demande cambios. La política no es solo un ejercicio de elección, sino de responsabilidad colectiva para garantizar que situaciones como la DANA no se repitan.
Propuestas para un cambio estructural
Superar los fallos expuestos por la DANA requiere una transformación profunda en cómo el Estado y el Derecho abordan las emergencias. Algunas propuestas incluyen:
- Creación de un mando único: Ante catástrofes de gran magnitud, es esencial centralizar la toma de decisiones y la coordinación de recursos para garantizar una respuesta rápida y eficaz.
- Inversión en infraestructura preventiva: Sistemas de drenaje mejorados, reforestación y tecnologías de monitoreo pueden mitigar el impacto de futuros fenómenos climáticos extremos.
- Educación y concienciación ciudadana: Preparar a la población para responder ante emergencias a través de campañas educativas y simulacros regulares.
- Reforma normativa: Las leyes deben ser diseñadas no solo para aparentar, sino para garantizar su cumplimiento mediante una dotación adecuada de recursos.
- Transparencia y rendición de cuentas: Las instituciones deben ser evaluadas continuamente para asegurar que cumplen con sus responsabilidades de manera efectiva.
En un contexto de cambio climático y fenómenos cada vez más frecuentes, la tecnología puede desempeñar un papel crucial. Desde sistemas de alerta temprana hasta plataformas de gestión de recursos en tiempo real, las herramientas digitales pueden mejorar significativamente la capacidad de respuesta ante emergencias.
La implementación de tecnologías como el análisis de Big Data y la Inteligencia Artificial puede ayudar a prever riesgos y optimizar la asignación de recursos. Además, la digitalización de procesos administrativos reduciría la burocracia, agilizando las ayudas y la reconstrucción.
La DANA ha dejado al descubierto las carencias de nuestro sistema, pero también nos brinda la oportunidad de aprender y mejorar. Este desastre no debe quedar en el olvido ni limitarse a una discusión superficial. Es el momento de actuar con determinación para transformar el Estado y el Derecho en herramientas verdaderamente eficaces al servicio de la ciudadanía.
La responsabilidad es compartida. Las instituciones deben corregir sus fallos, pero los ciudadanos también tienen el deber de participar activamente en la construcción de un sistema más justo y resiliente. Sólo a través de un esfuerzo colectivo podremos garantizar que tragedias como esta no se repitan.
