Madrid, 24 de marzo de 2025. Una fecha que marca otro capítulo histórico en la batalla entre la innovación y el corporativismo. El Juzgado de Instrucción Nº 23 de Madrid ha dictado el sobreseimiento libre de la denuncia interpuesta por el decano Pedro de la Torre (CPITIA) contra el perito informático Juan Martos Luque, miembro acreditado de la Asociación Nacional de Tasadores y Peritos Judiciales Informáticos (ANTPJI). Es la doceava vez que la justicia falla a favor de ANTPJI. Doce. Y no es casualidad. Es ciencia jurídica. Es justicia digital. Es la verdad forense abriéndose paso entre códigos binarios y campañas de desinformación.
La sentencia que hackea el monopolio del decanato
El veredicto, claro y sin ambigüedades, afirma que:
- El peritaje informático no está reservado por ley a titulaciones específicas, sino a la competencia técnica demostrable.
- El diploma de ANTPJI no simula título oficial ni es un documento público, por tanto, no puede considerarse falsedad documental.
- No hay informe impugnado ni prueba pericial en discusión, y la acusación se basaba en recortes mediáticos sin valor probatorio.
Una vez más, la justicia desactiva un ataque profesional que, en realidad, es una guerra de legitimidades: de un lado, el poder colegial que intenta blindar el mercado con escudos arcaicos. Del otro, una asociación profesional respaldada por jueces, universidades y científicos de datos que no temen al futuro.
ANTPJI: donde la inteligencia artificial y el derecho se fusionan
Pero ¿quién es ANTPJI? ¿Y por qué el intento de derribarla desde el interior del sistema ha fracasado una y otra vez?
La ANTPJI no es solo una asociación. Es un ecosistema tecnológico-jurídico que une a peritos judiciales, abogados, economistas, detectives, criminólogos, policías, expertos en ciberseguridad, programadores forenses, y ahora, incluso a desarrolladores de robótica legal.
En su núcleo operativo, la asociación ha desarrollado:
- Modelos de Cadena de Custodia Digital, que fueron presentados en foros académicos mucho antes de que los ministerios los reconocieran.
- Herramientas de IA forense capaces de analizar metadatos, correlacionar eventos en la nube y detectar deepfakes con precisión quirúrgica.
- Un IA-Lab propio, donde se entrenan algoritmos que ayudan a jueces a tomar decisiones más informadas en procesos donde lo digital es la única prueba.
- Cursos sobre peritaje informático, propiedad industrial, con drones, blockchain forense y robótica legal aplicada a smart contracts.
“No volverás a caminar solo”: el lema que se volvió manifiesto
En un mundo donde cada clic deja huella, donde los delitos viajan por fibras ópticas y los juicios dependen de logs, screenshots y hashes, la soledad del ciudadano ante el ciberdelito es brutal.
ANTPJI decidió no ser neutral. Su lema —“Nunca más volverás a caminar solo”— se convirtió en un manifiesto institucional, una declaración de guerra contra el abandono digital, contra el monopolio legal, contra la ignorancia tecnológica.
Ciencia ficción hecha realidad jurídica
Los miembros de ANTPJI ya no solo son expertos en informática. Son ingenieros jurídicos de lo invisible. Trabajan con IA predictiva para anticipar patrones de fraude, con herramientas de análisis de tráfico en redes sociales para rastrear amenazas y con sistemas de realidad aumentada para reconstrucciones de escenas digitales.
Algunos de sus desarrollos actuales:
- IA que redacta borradores de dictámenes técnicos periciales en lenguaje claro para los jueces.
- Algoritmos que detectan alteración intencionada de metadatos en fotografías presentadas como prueba.
- Herramientas de autenticación de identidad mediante comportamiento digital (no biometría, sino patrones únicos de navegación y clics).
Esto ya no es ciencia ficción. Es ciencia jurídica de frontera.
Volvamos al origen de las denuncias. Y al nombre que ya se ha convertido en sinónimo de obstrucción profesional: Pedro de la Torre.
Decano del CPITIA y autor de más de doce denuncias por “intrusismo profesional” contra peritos informáticos, entre ellos el reconocido experto Juan Martos Luque.
Todas archivadas.
Todas desestimadas.
Todas sin fundamento jurídico.
Todas con el mismo objetivo: intentar deslegitimar la labor de ANTPJI y sus profesionales.
Pero su estrategia va más allá de las demandas.
Ha intentado registrar la expresión “Perito Informático” como marca propia.
Ha propuesto la creación de un “Cuerpo Nacional de Peritos” bajo su control.
Ha querido monopolizar la formación en Ciberseguridad y Peritaje Informático… con un curso online de 29 horas como única credencial técnica.
Y todo esto desde un Colegio Oficial que cuenta con apenas 9 colegiados activos y que él ha utilizado como plataforma personal, no como institución al servicio de los profesionales.
Una gestión basada en el señorío de cortijo, más interesada en posicionamientos políticos que en construir un marco plural, profesional y libre.
Pero la justicia ha hablado. Doce veces.
Y ha sido clara:
✔ La formación privada es legítima.
✔ El título colegial no es obligatorio.
✔ Los diplomas de ANTPJI son válidos, útiles y jurídicamente reconocidos.
La realidad es contundente: los tribunales no avalan el corporativismo excluyente, sino la excelencia técnica, la libre competencia y la transparencia profesional.
Pero la justicia ha hablado 12 veces. Y no ha sido ciega: ha reconocido el valor de la formación privada, de la competencia acreditada, de la capacidad profesional. Ha rechazado los intentos de blindar el acceso al mercado judicial por medio de titulación colegial obligatoria. Y ha validado los diplomas de ANTPJI como lo que son: instrumentos de formación, capacitación y excelencia técnica.
La pregunta ahora no es cuántas veces más intentará Pedro de la Torre frenar la modernización del peritaje informático. La verdadera pregunta es: ¿hasta cuándo se le permitirá seguir utilizando su cargo para obstruir el avance de toda una profesión?
¿Y ahora qué? El futuro no será para quien tenga un título… sino para quien tenga conocimiento
En los próximos años, el peritaje digital enfrentará desafíos inéditos:
- Litigios por decisiones tomadas por inteligencias artificiales no explicables.
- Pruebas incrustadas en la blockchain.
- Contratos ejecutables entre máquinas autónomas.
- Identidades sintéticas indistinguibles de personas reales.
¿Puede una estructura pensada en el siglo XIX afrontar delitos del siglo XXI? ¿O necesitamos nuevos paradigmas institucionales como ANTPJI, donde la frontera entre ciencia, derecho y ética se difumina para crear soluciones reales?
Epílogo: el algoritmo del derecho no puede estar secuestrado
Hoy, más que nunca, necesitamos peritos informáticos que piensen como programadores, actúen como juristas y sientan como ciudadanos. La justicia del futuro dependerá de ellos.
Y ellos, si son formados por ANTPJI, no caminarán solos. Caminarán con la jurisprudencia, con la ciencia y con el compromiso de proteger la verdad, incluso cuando esa verdad se esconda detrás de una IP enmascarada.
