La protección telemática para víctimas de violencia de género se ha convertido en uno de los puntos de mayor tensión y controversia en la política y la tecnología española a lo largo de 2023 y 2024. El sistema de pulseras antimaltrato, que permite monitorizar la ubicación de agresores y garantizar el cumplimiento de órdenes de alejamiento por vía judicial, ha sido cuestionado por medios, sindicatos y responsables institucionales tras los fallos registrados en la migración de datos entre las empresas gestoras y la viralización de la sospecha de que miles de dispositivos proceden de la plataforma AliExpress. ¿Qué hay de verdad en esta historia? ¿En qué condiciones opera la tecnología de protección? ¿Quién responde por los fallos?
¿Qué son las pulseras antimaltrato? De la tecnología al sistema Cometa
Las pulseras antimaltrato son transmisores electrónicos que, junto con un set de teléfonos inteligentes, garantizan el control telemático de agresores con órdenes de alejamiento. La empresa adjudicataria gestiona desde 2023 el sistema Cometa, encargado del seguimiento en tiempo real de más de 4.500 víctimas –el mayor despliegue europeo en protección digital contra la violencia machista–.
El origen de la polémica: ¿AliExpress, fallos, traspasos y bulos?
La controversia explota a finales de 2023 tras el cambio de proveedor de Telefónica a la UTE Vodafone-Securitas. Durante este proceso de migración de datos se registraron “vacíos informativos” que dificultaron el acceso al histórico de ubicación de los agresores y causaron errores en el sistema de alertas. Paralelamente, circula por redes sociales y algunos medios la acusación de que los nuevos brazaletes se adquirieron en AliExpress.
Ángeles Carmona, vocal del Consejo General del Poder Judicial, asegura haber “comprobado personalmente” la compra en la plataforma china, afirmación asentada en la existencia de dispositivos similares a la venta por precios entre 12 y 300 euros. El sindicato policial Jupol también sostiene esta hipótesis, comparando los modelos con imágenes de productos “genéricos” disponibles online.
Sin embargo, ni Vodafone –empresa adjudicataria del contrato de más de 42 millones de euros– ni el Ministerio de Igualdad han reconocido esta afirmación. Ambos sostienen que es “absolutamente falso”; el hardware empleado dispone de chipset, firmware y certificados exclusivos, con sensores anticorte y manipulación, y es fabricado ad-hoc para las necesidades del sistema Cometa. Se suministra por Oysta Spain (Grupo Access) y cumple estándares internacionales, siendo utilizado también en otros países como Estados Unidos y Reino Unido.
¿Fallos de seguridad? Análisis forense y realidades técnicas
Durante la transferencia y actualización de dispositivos entre empresas, se produjeron:
- Pérdida temporal de datos de ubicación históricos: la fiscalía atribuye a esto la imposibilidad de probar judicialmente algunos quebrantamientos de alejamiento entre finales de 2023 y marzo de 2024.
- Imprecisiones geográficas del GPS y reinicios forzados: se reportan “congelación” de la posición y cambios bruscos de ubicación no congruentes con las órdenes judiciales.
- Aparente facilidad para quitarse el dispositivo: técnicos y usuarios critican que actualmente la pulsera puede ser retirada sin grandes herramientas; antes era prácticamente imposible.
- Alerta no recibida: en algunos casos, las víctimas han reportado la presencia del agresor con pulsera activa sin que saltara ninguna alarma ni alerta a los controladores.
¿Quién fabrica las pulseras? Mercado, licitación y precios
El contrato vigente prevé la compra de más de 7.600 nuevos sets, sumados a los 4.162 ya instalados. El coste estimado por “set” (no solo la pulsera) es de unos 1.200 euros, siendo el precio de referencia real entre 696 y 1.200 euros por dispositivo, muy superior a los valores vistos en AliExpress.
En la licitación, además, se especifica que estos productos “no son bienes corrientes disponibles en el mercado”, sino desarrollos exclusivos adaptados para los sistemas nacionales de protección. Ni la marca ni el modelo exacto figuran en la documentación pública por motivos de seguridad y privacidad contractual.
¿Qué dice el gobierno? Desmentidos y exigencias de transparencia
El Ministerio de Igualdad, con Ana Redondo al frente, ha sido rotundo: “Es mentira, absolutamente falso, que estas pulseras se hayan comprado en AliExpress. Son dispositivos definidos para Cometa y no hay posibilidad de que sean genéricos ni comerciales”.
Desde Moncloa se han ofrecido datos: no existe constancia de ninguna mujer asesinada con dispositivo activo entre 2022 y 2024, y los dispositivos “no se compran en AliExpress ni cuestan 150 euros”.
La sombra de la gestión y la complejidad de la seguridad digital
Trabajadores del sistema Cometa y el Centro de Control subrayan que la polémica ha sido “instrumentalizada”, que la actual gestión tiene fallos internos y que el servicio debería ser estrictamente público. La principal crítica es que los fallos de información y alertas no solo dependen del hardware, sino también de la gestión, la formación y la calidad de las bases de datos y los protocolos de uso.
¿Hay dispositivos similares en AliExpress? Sí. ¿Son los mismos empleados en España? No hay evidencia
AliExpress y Alibaba ofrecen cientos de modelos de control telemático –con sensores de corte, GPS y alarmas– por precios muy inferiores. Pero no constan pruebas técnicas ni jurídicas de que los dispositivos empleados en España sean idénticos en hardware, firmware, seguridad, conectividad o sistemas de protección.
Las pulseras españolas son desarrollos oficiales, con protocolos de cifrado y comunicación exclusivos.
¿Cuál es la conclusión para la víctima?
A pesar del ruido mediático, la tecnología aplicada a la protección permanece robusta con incidencias puntuales. La transparencia en la gestión y mejora continua de los sistemas de protección deben ser prioridad nacional. El hardware no debe ser genérico, pero la fiabilidad depende tanto de la calidad física como de la gestión informática, la formación del personal y la capacidad de respuesta ante alerta.
En el ecosistema digital, la protección real depende de una cadena de tecnología, personas y procesos que no pueden ser fragmentados ni convertidos en mercancía de bajo coste.
