En el ámbito jurídico actual, donde lo digital se ha convertido en una fuente recurrente de prueba, resulta fundamental comprender la vulnerabilidad inherente a ciertos tipos de evidencia electrónica: correos electrónicos, mensajes de WhatsApp, dispositivos de almacenamiento masivo (como pendrives o tarjetas SD), grabaciones de audio o vídeo, entre otros. Su manipulación —ya sea mediante edición, alteración, eliminación o incluso la generación sintética de contenido como voces o imágenes— es técnicamente posible con conocimientos informáticos básicos.
Ante esta realidad, el papel del perito informático cobra especial relevancia. Equipados con herramientas forenses avanzadas, cada vez más integradas con sistemas de inteligencia artificial, los peritos llevan a cabo tareas altamente especializadas: análisis de logs, reconocimiento automático de voz, transcripción de conversaciones, aislamiento de sonidos, conversión de voz en texto o reconstrucción de cronologías digitales, entre otras.
Todas estas operaciones se realizan sobre copias forenses debidamente autenticadas, preservando el archivo original intacto. Esta primera garantía técnica —trabajar exclusivamente con duplicados fieles— es esencial para asegurar la validez de la evidencia en sede judicial.
Sin embargo, desde el punto de vista procesal, no basta con realizar un análisis técnico riguroso.
Cualquier evidencia digital debe cumplir ciertos estándares legales para ser considerada válida, destacando:
- La cadena de custodia, que documenta cada paso en el manejo de la prueba desde su obtención hasta su presentación en juicio.
- La trazabilidad de la muestra, que permite verificar su origen, integridad y acceso.
- La firma digital o valor hash, un identificador criptográfico único que garantiza que el contenido no ha sido alterado.
- La autenticidad de la fuente, lo que exige que la prueba provenga de un dispositivo original (un teléfono, servidor de correo o grabadora) y no de un archivo compartido sin control.
El proceso de certificación varía según la naturaleza de la prueba, pero siempre debe ser científico, replicable y riguroso. Herramientas especializadas permiten recuperar gran cantidad de datos relevantes, como geolocalizaciones, metadatos o cronologías, elementos esenciales para confirmar la autenticidad de grabaciones o archivos digitales.
Solo cuando estos requisitos se cumplen, puede hablarse de una prueba digital certificada con garantía jurídica.
El proceso de peritaje varía según el objetivo de la investigación: no es lo mismo autenticar un audio que investigar una intrusión informática. En todos los casos, el perito debe emplear una metodología forense clara, replicable y científicamente fiable.
Herramientas como AXIOM, EnCase, Cellebrite o FTK permiten extraer y analizar grandes volúmenes de información estructurada y no estructurada. Por ejemplo, en un dispositivo iPhone se pueden recuperar hasta 700.000 páginas de datos, incluyendo geolocalizaciones, metadatos de archivos, cronologías de uso e historial de eventos. Esta información puede ser decisiva para determinar, por ejemplo, si un audio ha sido manipulado o si un mensaje fue enviado desde un dispositivo específico.
En un escenario cada vez más digital, la admisibilidad y eficacia probatoria de la evidencia tecnológica exige no solo herramientas adecuadas sino —sobre todo— un riguroso respeto a los principios jurídicos de autenticidad, integridad, trazabilidad y legalidad. La colaboración entre juristas y peritos informáticos resulta hoy imprescindible para garantizar un proceso justo en la era digital.
