El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha comparecido este lunes ante la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados para detallar los avances del Plan Estratégico contra la Cibercriminalidad, aprobado en 2021 y presentado hace cuatro años ante el Consejo de Seguridad Nacional. La cita, solicitada por el PP, llega en un momento clave: por primera vez desde 2013, los indicadores oficiales muestran un descenso de la cibercriminalidad en España, aunque la realidad tras los datos invita a una reflexión más profunda sobre el
Según los datos presentados por Marlaska, la cibercriminalidad ha bajado un 1,2% en el primer trimestre de 2025 respecto al mismo periodo del año anterior. Este descenso, que el ministro califica de “histórico”, rompe una tendencia de más de una década de aumentos sostenidos en los delitos informáticos. El titular de Interior ha subrayado que “caminamos en la buena dirección” y atribuye este logro a la efectividad del Plan Estratégico, el refuerzo presupuestario (un 31% más desde 2018, hasta alcanzar los 11.400 millones de euros) y la apuesta por la formación y la tecnología en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
El balance de criminalidad del primer trimestre de 2025 recoge 121.579 infracciones penales vinculadas a la cibercriminalidad, de las cuales 106.801 corresponden a estafas informáticas. El ministro ha destacado que estas estafas, que suponen el 87,8% de los ciberdelitos, han caído un 3,5% respecto al mismo periodo de 2024, lo que considera una señal de que las políticas de prevención y persecución están dando frutos.
El Plan Estratégico contra la Cibercriminalidad, lanzado en 2021, tiene como objetivo mejorar la capacidad de detección, prevención y persecución de los delitos en la red, además de garantizar la protección de los derechos y libertades de la ciudadanía. Entre las medidas adoptadas destacan la creación de unidades especializadas, la inversión en tecnología y la formación continua de los agentes, en colaboración con el INCIBE y otras instituciones.
El Gobierno también ha impulsado la formación en ciberseguridad para la Guardia Civil y la Policía Nacional, con programas específicos de capacitación en análisis forense, gestión de incidentes y prevención de ciberamenazas. El Ministerio para la Transformación Digital ha invertido más de 3.700 millones de euros en el Plan Nacional de Competencias Digitales, beneficiando a más de 1,6 millones de personas en España.
Sin embargo, sindicatos policiales y asociaciones profesionales insisten en que persisten carencias en equipamiento, personal y recursos materiales. Además, denuncian que la equiparación salarial con las policías autonómicas sigue sin cumplirse, lo que genera malestar en el sector.
El lado oscuro de las cifras: impunidad y falta de objetividad
A pesar del optimismo oficial, el descenso del 1,2% en la cibercriminalidad no oculta la magnitud del problema. Cada segundo se producen siete estafas informáticas en España y el 97% de ellas quedan impunes, según los informes de la Fiscalía. El bajo porcentaje de casos que llegan a juicio se debe, en gran medida, a la dificultad para identificar a los ciberdelincuentes y a la falta de informes periciales sólidos que permitan procesar los delitos. Solo los casos que cuentan con la intervención de un perito informático especializado logran avanzar en el proceso judicial.
La cibercriminalidad ya supera en volumen a la criminalidad convencional en muchas regiones del país, y los delitos digitales siguen creciendo en sofisticación y complejidad. El propio Marlaska ha reconocido la necesidad de “trabajo, dedicación y formación” para plantar cara a un fenómeno que evoluciona a gran velocidad y que exige respuestas ágiles, coordinadas y técnicamente solventes.
La politización de la evidencia digital
El debate en el Congreso también ha puesto sobre la mesa las tensiones políticas y las dudas sobre la objetividad en la gestión de la evidencia digital. En respuesta a preguntas sobre la filtración de conversaciones de Whatsapp del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, Marlaska ha defendido la profesionalidad de la Guardia Civil y ha asegurado que “mi confianza es del 100%”. Sin embargo, la realidad es que las pruebas digitales están cada vez más comprometidas por intereses partidistas y la falta de peritos independientes, lo que dificulta la persecución efectiva de los delitos y la protección de los derechos fundamentales.
Hasta que la gestión de la evidencia digital esté en manos de expertos sin intereses políticos, la objetividad y la eficacia en la lucha contra la cibercriminalidad seguirán siendo asignaturas pendientes.
Formación y futuro: retos para una ciberseguridad sostenible
El Gobierno insiste en que la formación es la clave para afrontar los nuevos desafíos del entorno digital. El acuerdo entre Interior y el Ministerio para la Transformación Digital busca dotar a las fuerzas de seguridad de las competencias necesarias en áreas como la microelectrónica, la inteligencia artificial, la cuántica y la ciberseguridad. El INCIBE, junto con la UNED, lidera la capacitación continua y especializada de los agentes, con el objetivo de neutralizar amenazas tan variadas como el malware, el phishing, las intrusiones o las tiendas online fraudulentas.
España se sitúa ya en el top 5 mundial en formación de graduados TIC, según el último Informe Global sobre la IA de la Universidad de Stanford. Sin embargo, el reto no es solo formar a los profesionales, sino también garantizar que la ciudadanía, las empresas y las instituciones públicas estén preparadas para prevenir, detectar y responder a las amenazas digitales.
La comparecencia de Marlaska en el Congreso marca un hito en la lucha contra la cibercriminalidad en España. El descenso, aunque modesto, de los delitos informáticos es una señal positiva tras años de crecimiento ininterrumpido. Sin embargo, la magnitud de la amenaza, la alta impunidad, la falta de recursos y la politización de la evidencia digital exigen una reflexión profunda y una acción sostenida.
El éxito del Plan Estratégico dependerá de la capacidad del Gobierno para dotar de medios, formación y autonomía a los profesionales que luchan en primera línea contra el cibercrimen. Solo así será posible garantizar la protección de los derechos y libertades de la ciudadanía en un mundo cada vez más digital, complejo y vulnerable.
