La ocupación ilegal de viviendas ha sido un tema de controversia en España durante los últimos años. Mientras algunos la justifican apelando a la función social de la propiedad, otros la ven como un problema de inseguridad jurídica y vulneración de derechos fundamentales. Ahora, la Audiencia Provincial de Girona ha dado un giro inesperado al habilitar a la Policía para desalojar okupas en las primeras 24 horas sin necesidad de una orden judicial.
El acuerdo, firmado por los jueces de lo Penal de la Audiencia de Girona, ha generado un intenso debate y se ha viralizado en redes sociales. Para algunos, es un avance en la lucha contra la okupación, mientras que otros advierten sobre posibles abusos y conflictos con el principio de seguridad jurídica.
Esta decisión plantea interrogantes clave: ¿qué significa realmente esta medida? ¿Puede extenderse a otras provincias? ¿Cómo afecta a la protección de la propiedad privada y a la actuación de la Policía?
Una medida sin precedentes en la lucha contra la okupación
Hasta ahora, el artículo 245.2 del Código Penal, que regula los delitos de usurpación de inmuebles, ha sido interpretado de diversas formas por la judicatura. Algunos jueces han aplicado la función social de la propiedad para evitar desalojos inmediatos, mientras que otros han defendido el derecho del propietario a recuperar su vivienda de forma más rápida.
Lo que cambia con la decisión de la Audiencia de Girona es que, por primera vez, se establece un criterio claro para la actuación policial sin intervención previa de un juez. Esto significa que, en las primeras 24 horas de una okupación, los agentes pueden proceder al desalojo sin necesidad de esperar una orden judicial.
Esta nueva interpretación no se basa en una reforma legal, sino en un cambio de criterio judicial. Según los magistrados que han firmado el acuerdo, el Tribunal Supremo nunca ha reconocido la función social de la propiedad como un criterio válido para impedir desalojos en casos de okupación ilegal.
La pregunta que surge ahora es si otras Audiencias Provinciales seguirán el mismo camino o si esta medida quedará restringida a Girona.
Tecnología y okupación: ¿cómo se puede proteger una vivienda?
La decisión de Girona abre una nueva vía para combatir la okupación, pero la prevención sigue siendo la mejor herramienta. En este sentido, la tecnología juega un papel clave en la protección de viviendas y locales frente a la ocupación ilegal.
Algunas de las soluciones tecnológicas más eficaces incluyen:
- Sistemas de videovigilancia con inteligencia artificial: permiten detectar movimientos sospechosos y alertar a la Policía en tiempo real.
- Cerraduras electrónicas y domótica: el uso de cerraduras inteligentes y sensores de ocupación pueden disuadir a los okupas y alertar al propietario de accesos no autorizados.
- Monitoreo remoto de inmuebles vacíos: plataformas de Internet de las Cosas (IoT) permiten supervisar la actividad en una vivienda desde cualquier lugar.
- Peritaje informático forense: en caso de okupación, los peritos pueden analizar las cámaras de seguridad y dispositivos conectados para identificar a los responsables y aportar pruebas digitales en los tribunales.
Estas herramientas no solo pueden ayudar a prevenir la okupación, sino también a fortalecer las pruebas en un proceso judicial.
Uno de los aspectos más discutidos de esta medida es su aplicación práctica. Aunque la Audiencia de Girona ha habilitado a la Policía para actuar en las primeras 24 horas, la realidad es que los agentes han estado limitados por directrices políticas que han impedido una intervención rápida en muchos casos.
En la práctica, la actuación policial frente a la okupación ha sido desigual en España. Mientras que en algunos municipios los desalojos han sido inmediatos, en otros se han producido dilaciones de meses o incluso años.
Si esta medida se extiende a otras provincias, los cuerpos policiales deberán enfrentarse a nuevos desafíos operativos:
- Identificar en tiempo real si una okupación es reciente o si ya ha superado las 24 horas.
- Evitar denuncias por desalojos erróneos en casos de inquilinos legítimos con conflictos contractuales.
- Garantizar que la intervención no derive en enfrentamientos o altercados.
Aunque el marco legal sigue siendo ambiguo en muchos aspectos, este cambio podría marcar un antes y un después en la forma en que se combate la okupación en España.
¿Se puede aplicar esta medida a nivel nacional?
El debate sobre la okupación lleva años en el centro de la discusión política. Sin embargo, hasta ahora, no se han adoptado medidas homogéneas que permitan una respuesta rápida y eficaz.
El problema radica en que la independencia judicial impide que un acuerdo de una Audiencia Provincial sea vinculante en el resto del país.
Para que esta medida se extienda, sería necesario:
- Un pronunciamiento del Tribunal Supremo que unifique criterios en todo el territorio.
- Una reforma legislativa del Código Penal que modifique el artículo 245.2 y refuerce la protección de la propiedad privada.
- Una directriz clara del Gobierno a los cuerpos de seguridad sobre la actuación en casos de okupación.
Hasta que eso ocurra, cada Audiencia Provincial podrá seguir criterios distintos, lo que puede generar inseguridad jurídica para propietarios y ocupantes.
Más allá del debate legal, la okupación también ha evolucionado en el ámbito tecnológico. Las mafias organizadas han desarrollado estrategias digitales para identificar viviendas vacías y coordinar ocupaciones a través de foros y redes
La decisión de la Audiencia de Girona podría sentar un precedente en la lucha contra la okupación, pero todavía quedan muchas incógnitas.
¿Podrán los cuerpos policiales aplicar esta medida sin generar conflictos legales? ¿Se extenderá a otras Audiencias Provinciales o quedará limitada a Girona? ¿Es suficiente esta iniciativa para frenar el problema o se necesitan reformas más profundas?
La función social de la propiedad no es excusa para que se expulse de su vivienda a una persona que lo ha comprado legítimamente”.
Lo ideal es que estos argumentos se extendieran en otros partidos judiciales. Sabemos lo de la independencia judicial pero estos temas son de uniformidad y ofrecerían seguridad jurídica a los propietarios maltratados por los poderes públicos desde hace años. Hay que darse cuenta que la ocupación en España es un problema serio que necesita soluciones que hasta ahora no se han dado.
El problema existe, por eso los jueces de lo Penal de Girona se movilizan. En su forma de funcionar no realizan criterios unificadores a menos que haya un problema. Realmente existe y hay que afrontarlo de forma contundente”.
El derecho a ocupar no es un derecho. Lo que no puede ser y tiene toda la lógica del mundo que estos magistrados les digan a la policía que no necesitan una orden judicial para actuar en 24 horas.
Mientras estas preguntas siguen abiertas, la realidad es que los propietarios continúan desprotegidos y la okupación sigue siendo un problema sin una solución definitiva en España.
En este escenario, la prevención tecnológica y el respaldo del peritaje informático pueden marcar la diferencia para quienes buscan proteger sus viviendas frente a la okupación ilegal.
