A medida que París se prepara para acoger los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, una nueva ola de tecnología de vigilancia está siendo desplegada, marcando un hito en la historia de la seguridad pública. Aunque la Unión Europea ha sido firme en sus regulaciones sobre la vigilancia biométrica, con la Ley de IA que prohíbe ciertos usos, Francia ha encontrado una excepción en su marco legal para implementar la videovigilancia algorítmica específicamente para los Juegos.
El gobierno francés afirma que el uso de estas tecnologías es crucial para garantizar la seguridad durante el evento, pero esto ha suscitado un intenso debate sobre los límites de la privacidad y la libertad individual. Aunque se ha asegurado que no se utilizará reconocimiento facial, el temor persiste entre las asociaciones de derechos humanos, que advierten sobre el potencial abuso de estas herramientas y su posible permanencia post-Juegos.
A menos de cien días para la inauguración, el panorama se complica aún más con el contexto global actual, incluyendo tensiones geopolíticas y el aumento de las amenazas de seguridad. El Comité Olímpico Internacional ha optado por no sancionar a ciertas delegaciones a pesar de las controversias, elevando las preocupaciones sobre incidentes durante los juegos.
La implementación de la videovigilancia algorítmica ha sido una decisión polémica, autorizada por la Asamblea Nacional y el Senado francés, y ha dado pie a un debate nacional sobre el derecho a la privacidad y la no discriminación. Amnistía Internacional ha sido vocal en su crítica, señalando que las infraestructuras digitales pueden ser utilizadas para suprimir protestas y acosar a grupos marginados.
La tecnología, que ya ha sido probada en eventos recientes en París, permite la vigilancia masiva y el análisis de comportamientos en tiempo real, lo que plantea preguntas éticas sobre la vigilancia en una sociedad democrática. Los defensores de los derechos civiles temen que, una vez introducida, la infraestructura de vigilancia se mantenga como una herramienta de control permanente, repitiendo patrones vistos en ediciones anteriores de los Juegos Olímpicos en otras ciudades del mundo.
Este desarrollo no solo afecta a los ciudadanos franceses, sino que establece un precedente preocupante para la vigilancia en eventos globales, sugiriendo que la seguridad puede estar socavando las libertades fundamentales que se supone deben proteger. Con el fin de los Juegos, el 2025 se perfila como un año decisivo para determinar si estas medidas excepcionales se convertirán en una norma fija, modificando profundamente la interacción entre tecnología, seguridad y derechos humanos en Europa y más allá.
El uso de la videovigilancia algorítmica en los Juegos Olímpicos de París ya ha sentado un peligroso precedente, y ahora, tanto los ciudadanos como los observadores internacionales estarán atentos a las consecuencias de estas medidas en la era post-olímpica. La historia nos enseña que las tecnologías implementadas en nombre de la seguridad a menudo permanecen mucho después de que los atletas se han ido, dejando un legado que podría ser muy diferente al esperado.
