En un fallo judicial de contundencia histórica, la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Baleares ha condenado a más de 60 años de prisión a un técnico informático residente en Ibiza. El acusado ha sido hallado responsable de un delito de posesión de pornografía infantil, un delito de abuso sexual y 14 delitos de descubrimiento y revelación de secretos, perpetrados mediante el aprovechamiento de su posición profesional para vulnerar la intimidad de sus clientes.
El modus operandi: Una estructura oculta de vulneración
Los hechos, que se remontan a 2018 en el municipio de Sant Antoni de Portmany, salieron a la luz tras una denuncia interpuesta ante la Guardia Civil. La investigación demostró que el informático no se limitaba a reparar dispositivos, sino que utilizaba su acceso privilegiado a teléfonos móviles y ordenadores para extraer información privada.
El tribunal consideró probado que el acusado diseñó una estructura oculta de carpetas para almacenar, de forma organizada y deliberada, fotografías y vídeos de índole sexual obtenidos de sus clientes. Entre el material incautado por las autoridades se hallaron:
- Decenas de imágenes íntimas, de carácter privado y desnudos de las víctimas.
- 97 archivos explícitos de pornografía infantil con referencias directas a menores de edad.
- Un total de 314 carpetas de clientes a los que grabó sin su conocimiento o de quienes sustrajo material privado.
La pericial informática como pilar de la condena
Durante el juicio, la defensa intentó argumentar que el almacenamiento del material se debía a copias de seguridad automáticas de los clientes. Esta versión fue refutada de manera inequívoca por los peritos judiciales de la Guardia Civil. Mediante un análisis forense, los especialistas demostraron que la organización del material correspondía a una acción planificada y clasificada según las preferencias del acusado, descartando cualquier tipo de volcado accidental.
Además de la pena privativa de libertad, la sentencia impone cinco años de libertad vigilada y la inhabilitación especial para ejercer cualquier oficio que implique contacto regular con menores. Asimismo, se ha ordenado la destrucción física inmediata de todo el material incautado y se han fijado indemnizaciones para los afectados.
El impacto en las víctimas: Un desgaste de años
David Fechenbach, abogado de una de las víctimas, ha subrayado la gravedad de la conducta del procesado, quien accedía a los dispositivos sin consentimiento y, en ocasiones, llegaba a sustraer las contraseñas de los usuarios. El caso del delito de abuso sexual resultó especialmente atroz, al confirmarse que el acusado grabó a una joven en su domicilio mientras esta se encontraba dormida, guardando el material en los mismos soportes donde almacenaba las imágenes de sus clientes.
El letrado ha manifestado el severo desgaste emocional de los afectados tras años de proceso, destacando que, pese a que la sentencia no restaura lo arrebatado, el sistema judicial les ha brindado la certeza de que su sufrimiento fue real y que el imperio de la ley ha prevalecido ante esta vulneración gravísima de su dignidad e intimidad.
Aunque la resolución no es firme y puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Baleares, este caso marca un precedente en la persecución de delitos informáticos que utilizan la confianza profesional como vector de ataque.
