Un funcionario de la Hacienda Foral de Bizkaia ha sido condenado a una pena de prisión de 10 años y cuatro días por acceder indebidamente a datos tributarios confidenciales para beneficiar su propia asesoría fiscal. La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Bizkaia encontró al acusado, empleado de la Diputación desde 1986, culpable de cuatro delitos de descubrimiento y revelación de secretos realizados por un funcionario público y un delito de actividades prohibidas a funcionarios públicos.
Durante el periodo de 2017 a 2019, el funcionario aprovechó su acceso privilegiado en la sección de información tributaria de la Diputación para obtener datos reservados no solo de clientes de su asesoría, sino también de otras personas y empresas no relacionadas directamente, pero vinculadas a estos clientes. Utilizó esta información para favorecer su negocio paralelo, en una clara violación de la ética y la ley.
El tribunal impuso una pena de dos años, seis meses y un día de cárcel por cada delito de descubrimiento y revelación de secretos, además de una multa de 18 meses y un día con una cuota diaria de 10 euros, y una inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos por nueve años. Por el delito de actividades prohibidas, también le condena como autor de un delito de actividades prohibidas a funcionario público debiendo pagar una multa adicional de seis meses con una cuota diaria de 10 euros y enfrenta una suspensión de empleo o cargo público por dos años.
La Audiencia tuvo en cuenta diversas pruebas presentadas durante el juicio, incluyendo testimonios de clientes de la asesoría que confirmaron haber sido asesorados por el acusado, así como informes y declaraciones de responsables de la entidad foral que evidenciaron las irregularidades cometidas.
Las penas impuestas reflejan la gravedad de los actos del funcionario, que no solo comprometieron la integridad de los datos gestionados por la Hacienda Foral, sino que también socavaron la confianza pública en la administración de los tributos. Esta sentencia, emitida el 16 de abril de 2024, no es firme y puede ser objeto de recurso ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.
Esta resolución subraya la importancia de mantener la integridad y la confidencialidad de la información fiscal, y sirve como un recordatorio severo de las consecuencias legales que enfrentan aquellos que abusan de sus posiciones para fines personales.
