La reciente catástrofe provocada por la DANA ha dejado una marca profunda en diversas zonas del país, afectando gravemente tanto a las viviendas y estructuras públicas como a la economía local de numerosos municipios. En respuesta, el Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto-ley que establece 110 medidas urgentes bajo el “Plan de Respuesta Inmediata, Reconstrucción y Relanzamiento” con una inversión de 3.765 millones de euros. Este artículo profundiza en las principales acciones que se tomarán para abordar los daños causados y cómo estas medidas buscan proteger, reconstruir y apoyar tanto a las personas como a las infraestructuras afectadas.
Las nuevas medidas están destinadas a ampliar y reforzar el escudo social puesto en marcha la semana anterior y a ayudar al tejido productivo de las zonas afectadas, para garantizar su pronta recuperación. Entre ellas, se encuentran las ayudas por daños a viviendas, complementos para la infancia, protección a trabajadores, recuperación del tejido productivo o la restauración de la Albufera y entidades culturales.
Medidas de ayuda por daños a viviendas y compensación por pérdida de enseres
El Decreto-ley incluye la ampliación de ayudas para daños en viviendas, extendiendo este beneficio no solo a los propietarios, sino también a los inquilinos que tengan su residencia habitual en las zonas afectadas. De igual manera, se ofrecerán compensaciones por pérdida de enseres, que abarcan no solo los bienes de primera necesidad, sino también aquellos elementos que son esenciales para el funcionamiento cotidiano de los hogares. Para facilitar el proceso de ayuda, se ha implementado un anticipo inmediato del 50% del monto total a todos aquellos ciudadanos que lo soliciten, agilizando así la ayuda para quienes más lo necesitan.
Creación de oficinas temporales de atención a los ciudadanos
En un esfuerzo por optimizar el proceso de tramitación de las ayudas y atender directamente a los ciudadanos, el gobierno ha ampliado el personal en las Subdelegaciones del Gobierno y ha establecido puntos de atención en oficinas de correos. Además, se ha creado una red de oficinas temporales en los municipios más afectados, comenzando con diez oficinas que ya están operativas. Este enfoque descentralizado permitirá una gestión más rápida y personalizada de las solicitudes de ayuda.
Apoyo a las familias: aumento del complemento de ayuda para la infancia
Uno de los grupos más vulnerables en situaciones de emergencia son los niños y adolescentes. Para apoyarlos, se ha aumentado en un 30% el Complemento de Ayuda para la Infancia, beneficiando a aproximadamente 10.000 familias de bajos ingresos en las zonas afectadas. También se ha dispuesto un fondo para la implementación de programas de atención psicosocial a la infancia y la juventud, abarcando desde actuaciones de emergencia en centros residenciales hasta la recuperación de instalaciones de ocio y socialización para jóvenes.
Medidas de apoyo en hipotecas y vivienda
Las familias afectadas por la DANA también recibirán respaldo en términos de vivienda y financiamiento hipotecario. El Código de Buenas Prácticas Hipotecario, ya instaurado en 2022, se ha extendido para que los hogares afectados puedan congelar sus hipotecas durante un año adicional. Aparte, el gobierno habilitará 150 viviendas de titularidad estatal en las zonas dañadas, para que los afectados puedan alojarse en ellas de forma gratuita e inmediata. Asimismo, se destinarán 25 millones de euros para adquirir viviendas adicionales a través del SEPES, garantizando así un parque habitacional para quienes hayan perdido sus hogares o sufrido daños que impidan su ocupación.
En cuanto al desarrollo de nuevas viviendas, se ha creado un grupo de trabajo y una comisión de coordinación intersectorial para identificar y facilitar suelos finalistas destinados a la construcción de viviendas de protección pública en las zonas afectadas, asegurando soluciones a largo plazo para la reconstrucción de la vida habitacional de las personas damnificadas.
Protección de los derechos laborales y apoyo a los trabajadores
Para las personas trabajadoras, el decreto establece una serie de medidas de protección extraordinarias. Los ERTE (Expedientes de Regulación Temporal de Empleo) aplicados por fuerza mayor se extenderán a todas las zonas afectadas, cubriendo empresas y trabajadores, incluso si no residen directamente en las áreas afectadas, pero han sufrido daños en su actividad laboral. Además, se introduce una prestación extraordinaria de incapacidad temporal para los trabajadores sin necesidad de un historial de cotización, así como una prestación especial para autónomos que les permite recibir el 50% de su base de cotización durante tres meses, compatibilizándola con su actividad.
El Plan Mecuida, que ofrece la opción de reducir o adaptar la jornada laboral para atender responsabilidades familiares, también se ha reforzado para garantizar el cuidado de personas dependientes. Asimismo, se prohíbe el despido de trabajadores en empresas que reciban ayudas directas o accedan a los ERTEs, y se establece que cualquier despido realizado en estos casos será considerado nulo. Para el colectivo de trabajadores del hogar, se regulan suspensiones de contrato y se reconocen prestaciones de desempleo bajo condiciones especiales, ampliando la protección social de un colectivo vulnerable.
Prohibición de cortes de suministros básicos y aplazamiento de facturas
Para aliviar la carga económica de los afectados, el gobierno ha implementado una prohibición temporal de cortes en el suministro de electricidad y gas, permitiendo que las personas puedan modificar o suspender temporalmente sus contratos de servicios básicos. Se invita también a las empresas de telecomunicaciones a compensar a los clientes afectados que no pudieron recibir servicios durante la emergencia, lo que ofrece una protección adicional a los consumidores y garantiza la continuidad de servicios esenciales en los hogares.
Ayudas al sector agrario y productivo
El sector agrario ha sido uno de los más impactados por la DANA, por lo que el gobierno ha aprobado un paquete de ayudas directas de 200 millones de euros para aquellas explotaciones que hayan sufrido pérdidas significativas o que no puedan continuar con su actividad de manera normal en la próxima campaña. A esto se añade una línea de crédito ICO MAPA SAECA de 60 millones de euros para ayudar a agricultores y ganaderos a financiar la recuperación de su actividad, y una inversión de 175 millones de euros a través de TRAGSA para restaurar infraestructuras agrarias, como caminos y sistemas de riego, esenciales para reactivar la producción agrícola y evitar el abandono de la actividad rural.
Línea ICO: activación de un primer tramo de 1.000 millones de euros
Para asegurar que hogares, empresas y autónomos tengan acceso a liquidez inmediata, se ha activado un primer tramo de 1.000 millones de euros en créditos ICO. Esta línea de crédito ofrece avales que cubren hasta el 80% del préstamo total, permitiendo así el acceso inmediato a fondos para cubrir necesidades urgentes, como la renovación de bienes dañados o la inversión en la mejora de instalaciones productivas afectadas.
Medidas fiscales de alivio para autónomos y empresas
El decreto también establece beneficios fiscales para los autónomos y empresas afectadas. Entre ellos se incluye una reducción del 25% en la tributación por módulos y una disminución en las cuotas del régimen simplificado de IVA. Estas medidas están diseñadas para aliviar la carga tributaria de los autónomos y pequeños empresarios afectados, permitiéndoles recuperarse financieramente y reinvertir en sus negocios.
Asimismo, los autónomos y empresarios podrán renunciar a la tributación por módulos en 2024 y volver a este régimen en los años siguientes si así lo desean, una medida que ofrece mayor flexibilidad en la planificación fiscal de las empresas afectadas. Además, los agricultores y ganaderos que hayan perdido su producción estarán exentos del IBI de naturaleza rústica para el ejercicio 2024.
Plan de restauración ambiental y cultural
La DANA también ha afectado áreas de alto valor ambiental y cultural, como la Albufera. En respuesta, el gobierno ha destinado 45 millones de euros a la restauración de este espacio natural y las cuencas fluviales adyacentes, protegiendo así uno de los ecosistemas más importantes de la península ibérica. Además, se han habilitado casi 2 millones de euros en ayudas directas para cines, librerías y otras entidades culturales, asegurando que puedan reabrir y seguir funcionando en las zonas afectadas.
Plan de acción de 500 millones de euros contra el lodo
La acumulación de barro y restos en los municipios afectados ha generado problemas logísticos y de salubridad. Para enfrentar este desafío, el gobierno ha aprobado un Plan de Acción de 500 millones de euros destinado a limpiar los residuos y reparar las redes de agua. Este plan incluye la creación de subvenciones específicas y la exención temporal del canon de control de vertidos, con el objetivo de acelerar la recuperación de la infraestructura básica de las áreas afectadas.
Apoyo a estudiantes y flexibilización en la educación
Los estudiantes de las zonas afectadas también se beneficiarán de medidas especiales. Se flexibilizarán los plazos para las prácticas de formación profesional (FP), permitiendo a los alumnos completar sus estudios sin verse afectados por los estragos de la DANA. Los voluntariados relacionados con sus estudios también serán reconocidos como prácticas de formación, facilitando así la continuidad educativa en condiciones excepcionales.
Además, el decreto propone la creación de un plan de formación ante emergencias de protección civil, obligatorio en todos los centros educativos no universitarios, asegurando que tanto estudiantes como docentes estén preparados para actuar adecuadamente en situaciones de emergencia.
Atención sanitaria y apoyo a la salud mental
El impacto emocional de la DANA no se ha pasado por alto. El Ministerio de Sanidad ha anunciado la creación de equipos específicos de atención en salud mental para ofrecer apoyo psicológico y social a la población afectada. Este esfuerzo sigue los estándares de la Guía del Inter-Agency Standing Committee y busca prevenir problemas de salud mental derivados de la catástrofe. Además, la Fundación Estatal Salud, Infancia y Bienestar Social coordinará estos servicios, garantizando un enfoque multidisciplinario y bien organizado en la respuesta sanitaria.
Las medidas implementadas por el gobierno para enfrentar los efectos de la DANA representan un esfuerzo amplio e integral que abarca todos los aspectos de la vida social y económica de las zonas afectadas. Desde la protección del empleo hasta el apoyo a la educación, vivienda y salud mental, cada acción busca asegurar una recuperación justa y rápida. La DANA ha dejado una huella significativa, pero las políticas adoptadas permitirán a las comunidades afectadas reconstruir y reanudar sus vidas con el apoyo y la resiliencia que requieren en momentos de crisis.
