Primero fueron letrados de la Administración de Justicia, después Jueces y Fiscales, ahora los funcionarios, los abogados también reclaman, al igual que Procuradores y Peritos. Esta huelga generalizada en Justicia, está teniendo un impacto significativo, con consecuencias negativas para los justiciables que se ven impotentes ante el mayor colapso de los tribunales. Todos reclaman un aumento salarial acorde a sus responsabilidades, ya que sus salarios estában congelados desde 2009.
Estas huelgas se suman a la situación de colapso existente en los tribunales, que ya contaban con más de tres millones de casos pendientes de resolver a principios de 2023, según datos del Consejo General del Poder Judicial.
Todos los profesionales de Justicia lamentan la falta de medios personales y materiales en los tribunales, agravada por la falta de renovación del Consejo General del Poder Judicial, lo que impide hacer nombramientos en la cúpula judicial y retrasa la resolución de casos de importancia para la población, que sumados a la pandemia ha generado retrasos y un aumento de la actividad judicial en áreas como los ERTE, el teletrabajo y las medidas adoptadas durante el confinamiento.
En cuanto a la situación en la Justicia, las huelgas de los letrados de la Administración de Justicia han llevado a la suspensión de numerosas vistas y a un bloqueo de demandas pendientes de tramitar. Los funcionarios de Justicia han realizado paros parciales, mientras que los jueces y fiscales han convocado una huelga indefinida debido a la falta de acuerdo con el Ministerio de Justicia en materia de retribuciones y condiciones laborales.
Por otro lado, los abogados del turno de oficio también han salido a la calle para reclamar mejoras en sus condiciones laborales y retribuciones, denunciando que los pagos se realizan con retraso. A pesar de la importante labor que realizan, los abogados del turno de oficio perciben entre 200 y 400 euros brutos por expediente, lo que consideran insuficiente.
