Un ciberataque originado en Cartagena ha impactado a diversos sectores en España, afectando desde individuos en situaciones privadas hasta entidades gubernamentales y corporaciones. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha arrestado a cuatro personas en distintas regiones: Cartagena, Huelva, Islas Baleares y en el norte de España, como parte de una operación para desmantelar una red de ciberdelincuencia.
La operación, que comenzó en la Región de Murcia, ha evidenciado invasiones a la privacidad al estilo «Gran Hermano», culminado en la detención de estos individuos implicados en actividades ilegales. Estos ciberdelincuentes explotaron vulnerabilidades en la seguridad de correos electrónicos y plataformas de compras en línea, utilizando contraseñas repetidas por los usuarios para acceder a sus cuentas personales, laborales y de seguridad doméstica.
Este fallo común de seguridad ha permitido a los hackers infiltrarse y comprometer la privacidad de ciudadanos de varias ciudades como Cartagena, Sevilla y Baleares, así como de varias empresas y entidades públicas, incluyendo ayuntamientos y empresas de seguridad que instalan sistemas de alarma. El alcance exacto del daño aún está bajo investigación, dado que los dispositivos incautados a los sospechosos están siendo exhaustivamente analizados.
La investigación también ha revelado que material sensible, incluyendo videos privados de individuos captados por cámaras de seguridad domésticas, ha circulado a través de redes sociales como Instagram y Telegram. Esto ha exacerbado la gravedad del incidente, destacando la facilidad con la que la privacidad puede ser violada.
El objetivo principal de estos hackers era la obtención de datos personales y vídeos para su venta y uso en extorsiones a víctimas que incluyen tanto a particulares como a entidades gubernamentales y privadas. La operación ha logrado recuperar una cantidad significativa de archivos, con posibles afectados que podrían superar los 200 individuos en todo el país.
Durante los registros, se han confiscado numerosos dispositivos informáticos en Cartagena y Huelva, donde se llevaron a cabo los arrestos. En Huelva, el abogado defensor del detenido ha expresado su intención de solicitar la nulidad de todas las actuaciones judiciales por violaciones de derechos durante el registro, una situación que complica aún más el caso.
Actualmente, el caso permanece bajo secreto de sumario y la UCO continúa con el análisis de las 7.054 credenciales encontradas. Dada la magnitud del incidente y su origen en Cartagena, es posible que los tribunales de Murcia se inhiban a favor de otra jurisdicción, lo que refleja la complejidad y la seriedad de esta investigación de ciberdelincuencia a nivel nacional.
