miércoles, febrero 25, 2026
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El Ayuntamiento abre una consulta pública sobre el nuevo Reglamento de los Centros de Servicios Sociales

Angel Bahamontes
Angel Bahamonteshttps://antpji.org/
Presidente de la Asociación Nacional de Tasadores y Peritos Judiciales Informáticos
Las opiniones expresadas en esta publicación son responsabilidad exclusiva de quien lo firma y no reflejan necesariamente la postura de TecFuturo. Asimismo, Tec Futuro no se hace responsable del contenido de las imágenes o materiales gráficos aportados por los autores.
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  • La ciudadanía podrá expresar su opinión sobre cuestiones como la libre elección del profesional de referencia en los centros de atención social primaria
  • También podrán trasladar si les parece adecuado que se realice una segunda valoración técnica de las decisiones sobre prestaciones a las que se accede por derivación técnica
  • El proceso participativo estará abierto entre el 16 de febrero y el 2 de marzo de 2026
  • La elaboración del nuevo reglamento es una de las medidas del Plan Estratégico de Servicios Sociales 2023-2027

Esta consulta pública del Ayuntamiento de Madrid no es solo un trámite administrativo; tiene un trasfondo político y estratégico profundo. Estamos hablando de la actualización de una norma de 1989, lo que implica pasar de un modelo de servicios sociales del siglo XX a uno diseñado para las crisis y necesidades del siglo XXI.

Claves políticas que hay detrás de este movimiento:

El paso del «Asistencialismo» a la «Autonomía»

Políticamente, el Ayuntamiento busca alejarse de la imagen de unos servicios sociales que solo «tramitan ayudas» (burocracia) para pasar a un modelo de intervención social.

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  • El mensaje: Se quiere transmitir que el ciudadano no es un «paciente» pasivo, sino un usuario con derechos, incluyendo la libre elección de profesional. Esto es un concepto importado de la gestión sanitaria (como elegir médico de cabecera) y busca empoderar al ciudadano frente a la administración.

Blindaje ante la Arbitrariedad: La «Segunda Opinión»

La pregunta sobre la segunda valoración técnica es muy potente políticamente.

  • Trasfondo: En servicios sociales, muchas ayudas dependen del criterio subjetivo de un trabajador social (derivación técnica). Al proponer una segunda valoración, el Ayuntamiento introduce un mecanismo de garantía jurídica y transparencia. Políticamente, esto reduce las quejas por «arbitrariedad» y da una imagen de justicia administrativa.

La Especialización como respuesta a la saturación

El texto menciona la especialización en áreas como familia, mayores vulnerables y violencia de género.

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  • Trasfondo: Actualmente, los centros de servicios sociales suelen estar colapsados por la atención «generalista». Políticamente, crear unidades especializadas permite al Ayuntamiento dar respuestas más rápidas a colectivos con mucho peso electoral y sensibilidad social (especialmente mayores y víctimas de violencia), intentando mejorar los tiempos de espera.

Legitimación del Plan Estratégico 2023-2027

Esta consulta es una herramienta de comunicación política. Al preguntar a la ciudadanía sobre medidas que ya están en su Plan Estratégico, el equipo de gobierno:

  • Valida sus inversiones: Justifica los 26 millones de euros y la contratación de 329 profesionales.
  • Busca el consenso: El nuevo modelo de 2022 se aprobó por unanimidad. Mantener procesos participativos ayuda a que la oposición tenga más difícil criticar las reformas más adelante, ya que «vienen avaladas por la ciudadanía».

Modernización y Eficiencia Administrativa

Actualizar un reglamento de 1989 es una necesidad técnica, pero políticamente se vende como modernización.

  • Trasfondo: Incluir psicólogos y educadores sociales (figuras que antes no eran centrales en la primaria) busca reducir la dependencia de la «atención especializada» (que suele estar más desbordada). Si el problema se resuelve en el centro de barrio, el sistema no colapsa en niveles superiores.

Participación Ciudadana como «Marketing» de Gestión

El uso de la plataforma Decide Madrid busca reactivar la idea de que la ciudad se gestiona escuchando al vecino. Aunque las preguntas son muy dirigidas (es difícil decir «no» a que se actualice una norma de hace 35 años), el hecho de realizar la consulta genera un titular de proximidad y transparencia.

Detrás de esta consulta suele haber una tensión política histórica: ¿Deben los servicios sociales ser universales o solo para los más pobres? Al introducir la «libre elección» y la «participación en la evaluación de calidad», el Ayuntamiento está tratando los servicios sociales como un servicio público universal de calidad (como la educación o la salud), alejándolos del antiguo estigma de la «beneficencia».

Este cambio reglamentario abre un escenario muy interesante. Si el nuevo reglamento de los Centros de Servicios Sociales de Madrid (u otras ciudades que sigan este modelo) se consolida, el trabajo de investigación y pericial en el ámbito de familia, infancia y dependencia cambiará de la siguiente manera:

Mayor trazabilidad y «Auditoría» de las decisiones

La introducción de una segunda valoración técnica a petición del usuario es un cambio de paradigma.

  • Impacto pericial: Hasta ahora, el informe del trabajador social era casi «palabra de ley» en los juzgados. Con este reglamento, se normaliza que un criterio técnico puede ser revisado. Esto abre la puerta a que peritos externos (sociales o informáticos, si hay manipulación de datos) tengan una base normativa más sólida para cuestionar o ratificar una valoración administrativa en un proceso judicial.

Digitalización y Custodia de la Evidencia

Al modernizar un reglamento de 1989, el Ayuntamiento tendrá que digitalizar por completo los programas de acogida y seguimiento.

  • Rol forense: Como experto un perito informático, sabe que donde hay digitalización, hay rastro. Una mayor especialización en casos de violencia de género o infancia implica que se generarán más registros electrónicos, logs de acceso a bases de datos sensibles y comunicaciones digitales entre profesionales. En casos de mala praxis o negligencia, la auditoría de estos sistemas será clave.

La Libre Elección y el «Conflicto de Interés»

Facilitar la libre elección de profesional de referencia busca mejorar la confianza, pero puede generar retos en investigaciones de custodia o protección de menores.

  • Escenario: Si un usuario cambia de profesional repetidamente, ¿se está garantizando su autonomía o se está buscando un criterio más favorable («forum shopping»)? Como perito, podrías encontrarte analizando si estos cambios de profesional han afectado a la continuidad del expediente o si se han omitido datos relevantes en los traspasos de información.

Peritajes sobre la Calidad del Servicio

El hecho de que los usuarios participen en la evaluación mediante encuestas y entrevistas (Pregunta 6 de la consulta) generará un histórico de datos de satisfacción.

  • Uso en informes: Estos datos agregados pueden servir como contexto en informes periciales para demostrar si un centro específico sufre de colapso sistemático o si el protocolo de «seguimiento intensivo de casos complejos»: se está cumpliendo realmente según los estándares que ahora se quieren aprobar?

El Ayuntamiento de Madrid es una caso perfecto que explica como la innovación normativa obliga a la innovación forense:

  • Si el Reglamento cambia para ser más técnico y especializado, los peritos deben ser más precisos.
  • Si se apuesta por la tecnología para «poner a la persona en el centro», los investigadores debemos asegurar que esa tecnología no falle ni sea vulnerada.

 

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