La Policía Nacional ha culminado una compleja investigación con la detención de 24 personas integrantes de una organización criminal especializada en el fraude de fondos públicos. La red, que operaba mediante un sofisticado entramado de sociedades instrumentales, logró sustraer más de 1,5 millones de euros destinados a apoyar al tejido empresarial de PYMES y autónomos.
El modus operandi: Sociedades fantasma y facturación cruzada
La organización criminal diseñó una operativa basada en la apariencia de solvencia económica para acceder a créditos públicos. Para ello, el grupo empleó un entramado de 57 sociedades limitadas.
- Creación y control: Los investigados creaban o adquirían empresas y colocaban a personas interpuestas (testaferros) al frente de las mismas.
- Simulación de actividad: Tras recibir los fondos públicos, las sociedades emitían facturas cruzadas entre ellas. Esto generaba una apariencia de volumen de negocio elevado y actividad económica real, cuando en realidad las empresas carecían de operatividad alguna.
- El colapso programado: Cuando llegaba el vencimiento de los plazos de devolución de los créditos, la organización declaraba las sociedades en concurso de acreedores. De esta forma, provocaban una insolvencia intencionada que evitaba que las entidades públicas pudieran recuperar el dinero prestado.
Estructura piramidal y blanqueo de capitales
La red criminal contaba con una estructura jerarquizada perfectamente definida. En la cúspide se situaban cuatro personas —un matrimonio y dos varones— que ostentaban el control total de las empresas y dirigían las operaciones de blanqueo de capitales. El resto de los integrantes cumplía funciones de testaferros, aportando sus identidades para las cuentas bancarias y gestionando la documentación falsa necesaria para solicitar las ayudas.
La magnitud financiera del fraude obligó a los agentes a realizar un análisis exhaustivo de los movimientos bancarios, llegando a identificar hasta 234 cuentas distintas vinculadas al entramado.
Un nivel de vida financiado por el fraude
Los investigadores confirmaron que los líderes del grupo desviaron los fondos públicos para financiar un estilo de vida de alto standing. Según las pesquisas, la organización habría destinado los recursos a:
- Alquiler de vehículos de lujo: Más de 400.000 euros.
- Inversiones inmobiliarias: Destacando la compra de un chalet en Murcia por 600.000 euros y diversos apartamentos en República Dominicana por unos 430.000 euros.
- Traslado de capital: El capital era movido constantemente al extranjero para dificultar su rastreo.
Resultado de la operación policial
La investigación, que comenzó en abril de 2025 tras la denuncia de uno de los entes públicos afectados, culminó el pasado 28 de abril con la detención simultánea de los 24 implicados. En los tres registros realizados en la provincia de Murcia, los agentes intervinieron:
- Cinco vehículos y tres relojes de alta gama.
- Siete lingotes de oro valorados en más de 18.200 euros.
- Más de 13.200 euros en efectivo.
Además, la autoridad judicial ha ordenado el bloqueo de 112 cuentas bancarias y de bienes inmuebles para asegurar la recuperación de parte de lo defraudado. Los detenidos se enfrentan ahora a cargos por delitos de pertenencia a organización criminal, estafa, falsedad documental y blanqueo de capitales.
