El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha fallado a favor de cinco cajeras de un supermercado en Barcelona, que fueron despedidas tras ser grabadas robando con cámaras ocultas, al considerar que se violó su derecho a la privacidad. El tribunal ha ordenado que España indemnice a cada una de ellas con 4.500 euros por daños y perjuicios.
Según la sentencia, seis de los siete jueces del TEDH concluyeron que el dueño del supermercado violó el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que protege el derecho al respeto de la vida privada. Las trabajadoras no fueron informadas de la existencia de las cámaras ocultas, lo que constituye una falta de transparencia por parte del empleador.
Las cinco cajeras trabajaban en una cadena de supermercados familiar y fueron grabadas por cámaras ocultas que se instalaron para investigar robos tras detectarse discrepancias entre el inventario y las ventas. Aunque las trabajadoras sabían que había cámaras visibles en la tienda, no fueron informadas sobre las cámaras ocultas. Tras ser confrontadas con los vídeos que las mostraban robando o ayudando a otros a hacerlo, admitieron su participación en los hechos y fueron despedidas.
Aunque los tribunales españoles validaron los despidos, el TEDH ha recordado que los estados miembros del Consejo de Europa deben garantizar el respeto a la vida privada de sus ciudadanos. El tribunal consideró que no se logró un equilibrio adecuado entre el derecho a la privacidad de las demandantes y el interés del empleador en proteger su negocio.
Sin embargo, el TEDH concluyó unánimemente que no se violó el derecho a un juicio justo (artículo 6 del Convenio Europeo), ya que las grabaciones ocultas no fueron la única prueba utilizada en los procedimientos judiciales. También se contó con declaraciones de testigos que corroboraron los robos.
Es importante destacar que, aunque tres de las trabajadoras firmaron acuerdos reconociendo su participación en los robos y se comprometieron a no presentar quejas a cambio de que su jefe no las denunciara, estas luego alegaron que firmaron dichos acuerdos bajo coacción debido a la evidencia presentada en los vídeos.
El tribunal estuvo presidido por la magistrada Helena Jäderblom, y contó con la participación de jueces de diversas nacionalidades, incluidos representantes de Rusia, Andorra, Eslovaquia, Chipre, y Holanda, además del magistrado español Luis López Guerra, exvicepresidente del Tribunal Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
