La mañana del 13 de agosto de 2025 quedará grabada en la memoria de los responsables del aeropuerto César Manrique-Lanzarote y de cientos de viajeros. La causa: la inesperada incursión de un dron no autorizado —presuntamente pilotado por un extranjero durante una fiesta popular— que obligó a suspender durante cuarenta minutos todas las operaciones aéreas. Despegues y aterrizajes interrumpidos, caos en terminales y la activación inmediata de todos los protocolos de emergencia. Un incidente que ilustra a la perfección el grave riesgo que supone la proliferación de drones y el enorme desafío regulatorio y técnico al que nos enfrentamos en pleno auge de la movilidad aérea.
El incidente se produce en la cabecera de pista 03, área crítica de cualquier aeropuerto dado su uso para las maniobras más delicadas del tráfico aéreo. Al detectar la presencia de un aparato no identificado en el espacio aéreo controlado, se activa de inmediato el procedimiento estándar: la torre de control informa a todos los pilotos para abortar despegues y aproximaciones, y da aviso a las fuerzas de seguridad del Estado.
Los riesgos técnicos de estos incidentes son altísimos:
- Colisión directa: Un dron impactando contra el morro, las turbinas o la pala de hélice de un avión puede perforar fuselajes o causar daño grave a los motores.
- Succión por motor: Un dron, aunque pequeño, puede ser absorbido durante la aproximación y provocar un fallo catastrófico.
- Shock al piloto: El estrés adicional para la tripulación puede llevar a errores humanos en fases críticas del vuelo.
Suspendidas durante 40 minutos todas las operaciones, los daños —más allá del susto— fueron importantes: vuelos desviados a Tenerife Sur en mitad de la madrugada, conexiones interinsulares paralizadas, pasajeros varados, reclamaciones y una imagen internacional de incertidumbre difícil de reparar a corto plazo.
Este tipo de episodios están lejos de ser anecdóticos: los incidentes con drones en aeropuertos europeos han crecido más de un 300% en los últimos cinco años, según la EASA (Agencia Europea de Seguridad Aérea), y ya suponen una de las principales amenazas para la aviación civil.
La normativa, ese muro que muchos desconocen
En la Unión Europea y en España, la legislación es clara: está prohibido expresamente volar drones en un radio de varios kilómetros alrededor de los aeropuertos, especialmente en las zonas de aproximación y despegue. Los sistemas de geofencing de muchos drones comerciales bloquean incluso el vuelo en tales áreas, pero no todos los modelos lo incluyen o pueden ser hackeados.
La gravedad de la infracción queda reflejada en las posibles sanciones:
- Particulares: Hasta 225.000 euros de multa.
- Operadores profesionales (empresas, operadores con licencia): Hasta 4,5 millones de euros.
- Responsabilidad penal: Prisión de 6 meses a 6 años si la conducta pone en riesgo vidas o la seguridad aérea, según el art. 348 del Código Penal.
El marco sancionador va acompañado de la posibilidad de decomiso del equipo, pérdida de licencias e importantes reclamaciones civiles por los daños causados.
Pese a la claridad de la legislación, la realidad es tozuda. Muchos usuarios ignoran de forma deliberada o por desconocimiento las normas. El caso de Lanzarote es paradigmático: un vuelo fuera de cualquier circuito controlado, durante una concurrida fiesta local, sin la más mínima autorización ni pericia, acaba desencadenando una crisis aeroportuaria de máxima gravedad.
Este episodio también ilustra una verdad incómoda: los drones recreativos, por baratos y fáciles de usar, multiplican el riesgo de uso negligente y la dificultad de identificar a los responsables. La ausencia de registro obligatorio en muchos modelos y la falta de formación de los usuarios particulares dificultan la trazabilidad y la posterior sanción.
Ante esta situación, la respuesta solo puede ser doble: pedagogía y tecnología. Si bien la formación y la concienciación son imprescindibles, la magnitud del riesgo obliga a apostar ya por sistemas tecnológicos avanzados.
- Geofencing evolutivo y obligatorio: El bloqueo automático de vuelo en zonas prohibidas (“geofencing activo”) debería ser estándar y obligatorio en todos los drones vendidos en el territorio europeo. Esta tecnología impide siquiera el despegue del dron si detecta que la geolocalización lo sitúa en una zona restringida como un aeropuerto.
- Detección avanzada de drones en aeropuertos: Las infraestructuras aeroportuarias deben contar con sistemas “anti-dron” como radares dedicados, sensores RF, y cámaras con inteligencia artificial capaces de identificar y rastrear drones hostiles incluso en condiciones de baja visibilidad o ruido electromagnético.
Algunos aeropuertos pioneros ya despliegan herramientas como el “DroneWatcher”, sistemas antidron israelíes o tecnologías basadas en machine learning que diferencian pájaros de dispositivos electrónicos voladores.
- Neutralización segura: En caso de detección, la prioridad es garantizar una neutralización segura: desde inhibidores de señal para forzar el aterrizaje inmediato del dron, hasta redes físicas lanzadas por drones de intercepción o cañones electromagnéticos. Estas soluciones requieren coordinación con las fuerzas de seguridad y protocolos estrictos para evitar colateralidad con otros dispositivos o equipos del aeropuerto.
- Registro obligatorio y trazabilidad: El registro obligatorio de todos los drones y sus propietarios, así como la exigencia de emitir una señal electrónica de identificación (“Remote ID”), permitirá en el futuro localizar rápidamente al piloto y sancionar la infracción, cerrando el círculo entre la infracción y la consecuencia legal.
No podemos olvidar que la manipulación o el hackeo de drones —por ejemplo, anulando el sistema de geofencing o secuestrando remotamente su control— constituye otra gran amenaza, sobre todo en manos de actores criminales o terroristas. La respuesta reside en blindar tanto el hardware como el software, introduciendo mecanismos de actualización, identificación digital antifalsificación y control de firmware.
Tan importante como la tecnología es la colaboración ciudadana. Los expertos —entre ellos los de la ANTPJI y organismos oficiales— recomiendan denunciar cualquier operación sospechosa de drones en espacios críticos, especialmente en las inmediaciones de aeropuertos, instalaciones industriales o aglomeraciones urbanas.
Cada vez son más los aeropuertos que despliegan campañas de alerta y talleres formativos sobre normativa y riesgos asociados al pilotaje irresponsable, con especial foco en fiestas populares, playas y eventos masivos.
¿Qué hacer si eres testigo o víctima de un incidente con un dron?
- Mantén la calma y evita intentar neutralizar el aparato por tu cuenta (dañarlo puede ser constitutivo de delito).
- Identifica la ubicación y características del dron, y notifica a las autoridades aeroportuarias o cuerpos de seguridad.
- Si el dron graba imágenes sin permiso, consulta a un experto en cuestiones de privacidad y protección de datos.
Los drones suponen una herramienta de enorme valor para la sociedad —desde la logística médica y la agricultura de precisión hasta la seguridad y los rodajes audiovisuales—, pero solo una gestión responsable y un desarrollo reglamentado permitirán disfrutar de sus ventajas minimizando riesgos.
La irrupción del dron en el aeropuerto de Lanzarote es, en definitiva, un aviso urgente: la movilidad aérea del siglo XXI necesita menos imprudencia y más innovación. Solo con normativas claras, tecnología pionera, sanciones ejemplares y una ciudadanía consciente podremos evitar que la fiesta termine de nuevo en el caos.
