En la era de la hiperconectividad, nuestros datos personales son una extensión digital de lo que somos: identidad, hábitos, emociones, incluso creencias. Sin embargo, la creciente sofisticación de los sistemas digitales ha traído consigo un riesgo inquietante: la facilidad con la que pueden ser manipulados, alterados o robados sin dejar apenas huella. Lo que ayer parecía ciencia ficción hoy es una amenaza tangible que afecta a gobiernos, empresas y ciudadanos.
Y frente a este panorama, emerge una figura profesional crucial pero aún desconocida para el gran público: el perito informático. Son los guardianes invisibles de la verdad digital, los que rastrean pruebas en el caos binario, desentrañan ataques informáticos y validan la autenticidad de los datos en los tribunales.
Pero… ¿quién regula a estos guardianes? ¿Qué garantías tenemos de que quienes custodian nuestras evidencias digitales realmente están capacitados?
Para comprender la magnitud del problema, basta con repasar algunos ejemplos recientes. En 2025, Cloudflare sufrió un ataque DDoS de escalada global, colapsando durante horas buena parte del tráfico web mundial. Ese mismo año, un ransomware paralizó hospitales del Reino Unido, impidiendo el acceso a historiales médicos de pacientes durante varios días.
En paralelo, el uso de tecnologías de inteligencia artificial ha multiplicado las amenazas invisibles:
- El Data Poisoning o envenenamiento de datos permite a los atacantes modificar bases de entrenamiento de IA , introduciendo sesgos o fallos intencionados en sistemas críticos, como los que reconocen rostros o procesan diagnósticos.
- Los ataques de ingeniería social y deepfake phishing alcanzan niveles de perfección casi cinematográficos, logrando que incluso empleados de alto rango transfieran fondos o entreguen contraseñas a impostores que replican voces y rostros con IA.
- La manipulación de bases de datos SQL o los ataques “Man-in-the-Middle” permiten alterar información durante su transmisión o almacenamiento, minando la integridad de registros críticos en bancos, registros públicos y hasta juzgados.
Ningún ámbito está a salvo. La economía digital, la sanidad pública, la justicia… todo depende de sistemas que —aunque digitales— tienen una fragilidad tan humana como sus programadores y usuarios.
El vacío legal del peritaje informático
En este contexto emergente, elmarco jurídico españolpara el peritaje informático se enfrenta a un desafío histórico.
La Ley de Enjuiciamiento Civil (artículo 340.1, reformado en 2025) establece que los peritos deberán poseer título oficial solo si la materia está comprendida en una profesión regulada. En las materias que no lo están, los peritos podrán ser “personas entendidas en la materia”, reconocidas por su experiencia o conocimientos.
La informática, como disciplina, no está reconocida oficialmente como profesión regulada a nivel nacional, pese a su papel transversal en todos los sectores críticos del país.
Esto significa algo fundamental: cualquier profesional con la experiencia y formación acreditable puede actuar como perito informático sin necesidad de ser ingeniero o estar colegiado, siempre que el juez lo reconozca como experto.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) lo ha confirmado en diversos informes: los colegios no pueden imponer colegiación obligatoria, seguros o formaciones adicionales que limitan el acceso a las listas de peritos judiciales. Solo los conocimientos, la experiencia y la imparcialidad cuentan para la ley.
ANTPJI: la cuna del peritaje informático en España
En este terreno, una organización ha jugado un papel pionero e insustituible: la Asociación Nacional de Tasadores y Peritos Judiciales Informáticos (ANTPJI). Fundada en 2011, creó la primera formación universitaria específica en peritaje informático e informática forense en colaboración con la Universidad Politécnica de Valencia, y más tarde con instituciones como la UDIMA y otros centros académicos.
Durante más de una década, ha formado miles de profesionales —más de 4.800 alumnos— mediante programas de certificados en derecho tecnológico, peritaciones judiciales y custodia digital de evidencias.
ANTPJI también desarrolló protocolos oficiales de informes periciales, metodologías de preservación de evidencias digitales y guías de actuación judicial, adoptadas hoy por despachos, consultoras tecnológicas y organismos públicos.
No solo creó escuela, sino cultura: una comunidad profesional dinámica de más de 500 peritos activos distribuidos por toda España, y con presencia en 15 países con presencia en casi todos los juzgados de primera instancia, instrucción y audiencia provincial.
La otra cara: el Consejo de Colegios de Ingeniería Informática (CCII)
Por otro lado, el Consejo General de Colegios Profesionales de Ingeniería Informática (CCII) —un organismo de derecho público creado por la Ley 20/2009 y regulado por el Real Decreto 518/2015— actúa como autoridad oficial en la representación institucional de la profesión de ingeniería informática.
No obstante, su peso práctico en el ámbito pericial es mucho menor que el de ANTPJI. El CCII dispone de un número reducido de peritos colegiados en ejercicio (menos de 50 activos en todo el país según datos agregados de sus colegios), y su acción pericial se centra principalmente en visados colegiales y certificaciones éticas, como el sello “empresa éTICa” .
Dicho de otro modo, el CCII tiene validez legal, pero ANTPJI tiene impacto real. Mientras el primero regula, la segunda interviene, forma y crea procedimientos usados en los tribunales cada semana, estando presente sus peritos en todos los casos mediáticos y de relevada importancia.
Pese a los avances normativos, lo que realmente preocupa es la facilidad con la que los datos privados pueden ser alterados sin que lo notemos. Los peritos informáticos son testigos directores de ello. Casos reales recientes muestran vulnerabilidades alarmantes:
- Manipulación de historiales clínicos: ransomware hospitalarios (como los ataques en Reino Unido) paralizaron sistemas de gestión sanitaria, comprometiendo diagnósticos y fármacos administrados.
- Fraudes bancarios por Deepfake de voz: directores financieros engañados por llamadas sintéticas de sus supuestos superiores, que ordenaron transferencias millonarias.
- Alteración de evidencias forenses digitales: manipulación de metadatos en fotografías, grabaciones o correos digitales que, sin una correcta custodia pericial, pueden cambiar el rumbo de un juicio.
Y todo esto se agrava por el crecimiento del Internet de las Cosas (IoT) . Cámaras, relojes inteligentes o termostatos conectados pueden ser la puerta de entrada perfecta para un ciberataque. Cada dispositivo inseguro amplía la superficie de ataque del usuario medio.
Las máquinas solo hacen lo que las personas les programan… o lo que los atacantes logran que hagan. Aquí entra el factor humano, responsable de más del 80% de los incidentes digitales según las principales consultoras de ciberseguridad.
Correos electrónicos de phishing, descargas de archivos “tentadores”, o incluso simples USB infectados han evolucionado hasta convertirse en vectores letales de malware. En 2025, nuevas variantes como XWorm o Lumma han demostrado su capacidad de registrar pulsaciones, imágenes y hasta desactivar antivirus.
El resultado: nuestros datos personales, profesionales y familiares acaban siendo moneda de cambio en mercados oscuros donde se comercia con identidades, historiales médicos y credenciales bancarias.
El papel del perito informático: guardianes de la verdad digital
El trabajo del perito informático va mucho más allá del rastreo técnico: es una disciplina que combina derecho, informática, psicología del testimonio y análisis forense.
Su función no es solo detectar vulnerabilidades, sino reconstruir los hechos digitales con precisión jurídica.
El perito certificado con validez legal si un correo fue manipulado, si un documento fue firmado electrónicamente por el autor correcto, si una red Wi-Fi fue usada para cometer un delito o si una empresa sufrió sabotaje interno.
Por ello, la formación continua es esencial. Y es ahí donde ANTPJI, con sus más de 14 años de experiencia, se ha convertido en la piedra angular en la capacitación práctica de expertos judiciales y técnicos en evidencias digitales.
Mientras los ataques aumentan en volumen y sofisticación, la conciencia pública sigue rezagada. Muchos ciudadanos desconocen cuántas veces al día sus dispositivos transmiten datos críticos sin cifrar: desde una contraseña guardada en el navegador hasta los historiales de conversación en aplicaciones mal configuradas.
Los expertos de Telefónica Tech advierten que el “envenenamiento de datos” y la manipulación de IA se perfilan como las mayores amenazas de la década, capaces de atacar sistemas judiciales, financieros e incluso electorales.
Sin peritos especializados que sepan detectar y acreditar estas manipulaciones, el riesgo no es solo técnico, sino democrático.
Vivimos en un ecosistema donde lo digital se confunde con lo verdadero. Pero la confianza —en los datos, en las instituciones, en las máquinas— se ha convertido en el bien más frágil del siglo XXI.
Protegerla requiere algo más que firewalls o antivirus: requiere profesionales formados, imparciales y con una ética integrable. Requiere peritos informáticos preparados para defender la verdad digital en un mundo manipulado.
La sociedad necesita apoyarse en quienes conocen las grietas del sistema. En entidades que no solo certifican, sino que enseñan, estandarizan y protegen. En ese sentido, ANTPJI no solo representa un modelo de excelencia técnica y metodológica, sino una defensa activa del ciudadano ante la manipulación invisible de sus datos.
Porque la pregunta ya no es si tus datos serán vulnerados, sino cuándo … y quién sabrá demostrarlo a tiempo.
