jueves, octubre 17, 2024

La revolución de la justicia digital

Angel Bahamontes
Angel Bahamonteshttps://antpji.org/
Presidente de la Asociación Nacional de Tasadores y Peritos Judiciales Informáticos

La inteligencia artificial (IA) está transformando la manera en que Peritos Informáticos y profesionales del derecho enfrentan el fraude y la corrupción, al proporcionar herramientas analíticas avanzadas que permiten detectar y prevenir actos ilícitos con mayor eficacia. Gracias a su capacidad para procesar y analizar grandes volúmenes de datos, como transacciones financieras y comunicaciones electrónicas, la IA puede identificar patrones y comportamientos sospechosos que señalan la presencia de actividades fraudulentas o corruptas.

Este uso innovador de la IA ofrece la posibilidad de anticiparse a los riesgos, alertando sobre irregularidades potenciales antes de que escalen, ayudando así a prevenir daños financieros y a la reputación de las organizaciones. No obstante, su aplicación también introduce desafíos legales y éticos, especialmente relacionados con la privacidad y la protección de datos personales, además de cuestiones sobre la transparencia y responsabilidad en la interpretación de los resultados de la IA y las decisiones tomadas a partir de estos.

En el contexto de las periciales informáticas, el papel de los Peritos Informticos es clave no solo para entender las implicaciones técnicas y legales de la IA, sino también para garantizar su uso ético y conforme a las normativas vigentes. A medida que la IA se desarrolla y se hace más sofisticada, se espera que su contribución en la lucha contra el fraude y la corrupción aumente, pero es fundamental la colaboración entre la tecnología y el juicio humano para asegurar investigaciones exhaustivas y justas.

Para aprovechar plenamente el potencial de la IA en este ámbito, es esencial enfrentar los retos asociados a su implementación, abogando por un equilibrio entre innovación tecnológica y respeto a los principios legales y éticos. Esto permitirá fortalecer la capacidad de detectar y actuar contra el fraude y la corrupción, promoviendo así la justicia y la integridad en las instituciones y la sociedad.

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