Tras una resolución emitida por el Juzgado de lo Mercantil número 8 de Barcelona, solicitada por la Liga Nacional de Fútbol Profesional, se ha iniciado un proceso para identificar a los usuarios que acceden o difunden contenidos de fútbol de forma ilícita a través de internet, especialmente mediante el uso del ‘cardsharing’.
Este método implica compartir códigos de acceso de tarjetas legítimas de suscripción a servicios de pago, lo que ha causado a LaLiga pérdidas estimadas en hasta 27,7 millones de euros anuales debido a la emisión pirata de contenido en 8.747 establecimientos. La resolución judicial obliga a las principales operadoras de telecomunicaciones a facilitar la identificación completa de los usuarios implicados en la piratería. Telefónica, Orange, y MásMóvil han expresado su disposición a acatar lo exigido por la justicia, mientras Vodafone está analizando la situación y Digi no ha emitido comentarios.
No se permite recurso contra esta resolución, aunque LaLiga debe presentar la demanda en un plazo determinado o perderá la caución. Esta medida ha generado críticas hacia LaLiga por parte de Sergio Salgado, presidente de la plataforma ciudadana Xnet, quien ha señalado precedentes de sanciones a LaLiga por prácticas invasivas relacionadas con el uso del micrófono en la app oficial para detectar retransmisiones ilegales de fútbol en bares.
