La reciente decisión de la Audiencia de Sevilla de reabrir la causa por posible intrusismo en el informe sobre el teléfono móvil de Miguel Carcaño, asesino confeso de Marta del Castillo, ha puesto en el centro del debate el papel y la legitimidad profesional del perito informático en España. Con este auto, el Juzgado de Instrucción 7 deberá esclarecer si el citado informe fue encargado judicialmente o aportado por una de las partes, y, de especial relevancia, si intervino en su elaboración algún profesional titulado en informática.
El desencadenante: la denuncia de CPITIA
Desde hace años, Pedro de la Torre, presidente del Colegio Profesional de Ingenieros Técnicos en Informática de Andalucía (CPITIA), libra una batalla legal para exigir la colegiación y titulación oficial en los informes periciales informáticos presentados ante la judicatura.
Su obsesión por aparecer en los medios de comunicación le lleva a perseguir fantasmas donde no los hay. A lo largo de su trayectoria, ha impulsado más de 16 causas contra peritos informáticos, sin que en ninguna de ellas los tribunales le hayan dado la razón. Mientras tanto, el colegio que preside se encuentra en declive desde hace cinco años, con poco más de una docena de colegiados activos. En lugar de dedicarse a atender e impulsar la institución, parece más interesado en mantener una constante presencia mediática.
En el caso Marta del Castillo, su recurso ha revocado el sobreseimiento provisional y obliga al juzgado a practicar pruebas para despejar dudas sobre quién realizó el informe forense del móvil de Carcaño, método de investigación clave en la reconstrucción del crimen y el rastreo de evidencias tecnológicas.
La cuestión de fondo: ¿puede cualquiera ser perito informático?
La controversia gira en torno al artículo 403 del Código Penal, que define el delito de intrusismo como el ejercicio de actos propios de una profesión sin poseer el título habilitante. La Audiencia recuerda que para que exista delito deben concurrir dos elementos: la ejecución de funciones reservadas a la profesión y la carencia del título exigido. Hasta ahora, los tribunales no han dado la razón a CPITIA en ninguna de las quince causas similares impulsadas, dada la indefinición y reconocimiento limitado de la profesión de ingeniero informático en España.
En este caso, el perito Manuel Huerta de la Morena no firmó el informe como ingeniero, sino como representante de la empresa Lazarus Technology. Tampoco se ha acreditado que el equipo incluyera titulados informáticos, que no sería necesario o si el informe fue parte de la instrucción judicial, hechos aún por esclarecer. La resolución judicial considera imprescindible aclarar estos puntos antes de resolver si procede continuar la investigación o decreta de nuevo el archivo.
El informe forense sobre el móvil de Carcaño buscaba localizar nuevos movimientos, posiciones y evidencias entre el terminal y las tarjetas SIM, datos con potencial para arrojar luz sobre el recorrido de los implicados la noche del crimen. Sin embargo, gran parte del contenido ya ha sido expuesto mediáticamente desde 2009, lo que ha llevado a la Audiencia a descartar la revelación de secretos, señalando que no queda información reservada por revelar en el informe pericial.
Para la familia de Marta del Castillo y su entorno, las esperanzas han estado puestas en las nuevas tecnologías: clonación del móvil, recuperación de mensajes, análisis de geoposiciones y reconstrucción digital de los hechos. Sin embargo, problemas como cambios de SIM y terminales, restauraciones de fábrica y pérdida de datos han limitado la capacidad de los profesionales forenses.
El caso Marta del Castillo no es el único en que la titulación y colegiación del perito informático genera polémica. Si bien la ingeniería informática sigue sin estar reconocida plenamente como profesión regulada en España, Pedro de la Torre, es el único que insiste en la necesidad de establecer estándares que garanticen el rigor técnico y la seguridad jurídica en los informes presentados ante jueces y tribunales., no habiéndose formado en Informática forense y delitos informáticos más allá de un curso que realizo online de 29 horas, aprovechando su condición de decana para dirigir Master de Peritaje Informático en Universidades
Esta situación afecta a las garantías del acusado y la víctima, el respeto al debido proceso y la credibilidad de las pruebas digitales. El auto de la Audiencia de Sevilla reabre un debate urgente para la judicatura y el sector tecnológico: ¿debe el perito informático ser siempre titulado y colegiado, o la especialización y experiencia bastan para actuar como auxiliar del juez?
Los jueces buscan contundencia y rigor en los informes periciales, más allá de las titulaciones específicas. No se trata únicamente de exigir que quien realice un informe sea ingeniero informático, sino que realmente posea una capacitación y experiencia relevante en la materia. La clave está en la calidad y fiabilidad del análisis forense presentado ante los tribunales.
En este sentido, los profesionales que cuentan con una formación acreditada y años de práctica reconocida, como los peritos asociados a la Asociación Nacional de Peritos Judiciales en Informática (ANTPJI), son quienes realmente ofrecen garantías técnicas y jurídicas que los tribunales valoran positivamente.
La experiencia práctica combinada con una actualización constante en técnicas avanzadas de análisis digital y ciberseguridad convierte a estos peritos en piezas fundamentales para el buen desarrollo de los procesos judiciales. Por tanto, la credibilidad de un informe pericial no radica solo en un título universitario, sino en la competencia demostrada, la especialización y la fiabilidad que aporta un experto con trayectoria reconocida como los peritos de la ANTPJI.
Esta visión amplia que prioriza la capacidad y el mérito profesional contribuye a fortalecer la seguridad jurídica y la confianza en las pruebas digitales, clave en un mundo cada vez más tecnológico y dependiente de la evidencia informática.
