El ciberdelito se ha consolidado como una de las mayores amenazas para la seguridad global del siglo XXI. Mientras muchos países han desarrollado marcos normativos sólidos y mecanismos de cooperación internacional para perseguir a los delincuentes digitales, otros han optado por una actitud permisiva, cuando no directamente colaborativa.
Algunas naciones no solo evitan actuar contra los ciberdelincuentes que operan desde su territorio, sino que incluso les brindan protección o apoyo indirecto. Las razones varían: desde la corrupción y la falta de capacidad judicial hasta el aprovechamiento estratégico de estas actividades para la guerra cibernética o el espionaje digital. Entre los casos más relevantes se encuentran Rusia, China, Corea del Norte, Irán y Venezuela, países que han sido señalados por agencias internacionales y expertos en seguridad como refugios para grupos de ciberdelincuentes organizados.
Las consecuencias de este amparo son devastadoras. Empresas multinacionales, infraestructuras críticas y millones de ciudadanos han sido víctimas de ataques de ransomware, robos de identidad, fraudes financieros y operaciones de espionaje digital. La ausencia de acuerdos efectivos de extradición y la falta de cooperación judicial entre estados obstaculizan gravemente la persecución de los responsables.
En respuesta, los países afectados han adoptado medidas como sanciones económicas, refuerzo de sus capacidades de ciberdefensa y operaciones de contraataque digital. Sin embargo, mientras existan estados que toleren o alienten el ciberdelito como instrumento geopolítico, la lucha global seguirá siendo desigual y compleja.
El mundo digital carece de fronteras, pero las leyes siguen siendo territoriales. Esta brecha es la que permite que los ciberdelincuentes encuentren refugio en jurisdicciones complacientes, desde donde pueden operar con casi total impunidad.
La única respuesta efectiva pasa por una cooperación internacional real y sostenida, capaz de articular una fuerza mundial de ciberdefensa y ciberataque. Dicha fuerza debería actuar bajo principios éticos y con respeto absoluto a la vida humana, pero con la firmeza necesaria para neutralizar las infraestructuras tecnológicas hostiles y desmantelar los centros de operaciones del cibercrimen.
En la ANTPJI.ORG, promovemos precisamente esta confluencia entre gobiernos, organismos internacionales y especialistas en ciberseguridad. Solo mediante la unión de conocimiento, estrategia y tecnología podremos evolucionar hacia una digitalización segura, resiliente y confiable, que proteja tanto a las instituciones como a los ciudadanos.
