España se encuentra ante uno de los cambios más profundos en la relación entre contribuyentes y la Agencia Tributaria desde la creación del SII (Suministro Inmediato de Información). Su nombre es VeriFactu: un sistema pensado para enviar en tiempo real cada factura emitida por autónomos y empresas directamente a Hacienda. Lo que se presenta como una solución moderna contra el fraude fiscal, es visto por muchos como el nacimiento de una vigilancia fiscal sin precedentes.
¿Qué es VeriFactu?
VeriFactu es un nuevo modelo de facturación electrónica con trazabilidad directa hacia la AEAT, que nace de las obligaciones impuestas por la Ley 11/2021 de medidas de prevención y lucha contra el fraude. A partir de su implantación, el objetivo es que cada factura se genere mediante un sistema verificado por Hacienda o que conecte directamente con su plataforma, eliminando así cualquier posibilidad de manipulación posterior.
En palabras de la AEAT, el sistema busca “garantizar la integridad, conservación, accesibilidad, legibilidad, trazabilidad e inalterabilidad de las facturas”.
¿Qué lo hace polémico?
La sensación de vigilancia permanente: VeriFactu convierte a cada factura en un acto comunicativo con el Estado en tiempo real. Cada producto vendido, cada cliente facturado, cada ajuste contable se convierte en información automáticamente controlada por la administración pública.
Esto ha hecho que no pocos profesionales hablen de “fiscalidad algorítmica”, “delación digital automatizada” o incluso “telemetría fiscal intrusiva”.
Tecnología sin garantías: Expertos en ciberseguridad alertan de que el sistema no ha sido auditado de forma pública, ni se han publicado informes de ciberresiliencia, a pesar de que implica:
- Transmisión constante de datos sensibles empresariales.
- Riesgo de errores técnicos con consecuencias fiscales directas.
- Posible exposición a ciberataques mediante explotación de puertas traseras.
Además, se están observando fallos de interoperabilidad con ERP y softwares de facturación personalizados, lo que genera incertidumbre técnica e inseguridad jurídica.
¿Es legal este nivel de control? Desde el punto de vista jurídico, la implantación de VeriFactu plantea una serie de retos constitucionales y de protección de datos. El artículo 18.4 de la Constitución establece que “la ley limitará el uso de la informática para garantizar la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos”.
La Agencia Española de Protección de Datos ya ha sido consultada por TecFuturo y varios colectivos sobre:
- Minimización del dato fiscal.
- Almacenamiento cruzado y acceso no justificado.
- Falta de opción para ciudadanos sin herramientas digitales.
¿Por qué desconfía todo el mundo?
Porque el diseño técnico y el calendario de implementación han sido unilaterales. Muchos lo comparan con la implantación forzosa de modelos de fiscalización extrema en países como China, donde el Big Data fiscal forma parte de sistemas de control social. Las principales críticas incluyen:
- Falta de consulta a asociaciones de autónomos y pymes.
- Envío automático de datos sin consentimiento específico.
- Sistema “voluntario” que será obligatorio de facto.
- Posibles sanciones en caso de errores automáticos.
Casos reales y alertas de peligro
En pruebas piloto se han reportado incidentes como:
- Facturas duplicadas por errores de transmisión.
- Clientes que han recibido requerimientos por montos erróneos generados por bugs en los sistemas homologados.
- Casos de bloqueo de actividad por incompatibilidades de software VeriFactu con sistemas internos.
¿Qué exigen los expertos?
Los analistas fiscales independientes proponen:
- Auditoría independiente del sistema antes de su entrada en vigor obligatoria.
- Evaluación de impacto en protección de datos (EIPD) según el RGPD.
- Posibilidad de desconexión temporal del sistema por fuerza mayor sin sanción.
- Inclusión de un protocolo de error técnico que proteja al contribuyente.
¿Quién se beneficiará? Las grandes corporaciones tecnológicas que desarrollan software homologado VeriFactu ya están adaptando sus productos, cobrando por ello nuevas licencias. Se abre una nueva economía de la fiscalización digital, donde el dato fiscal es el producto.
VeriFactu es, sin duda, una herramienta poderosa contra el fraude, pero como toda tecnología de control, su eficacia no puede justificar su opacidad o su potencial intrusivo. El objetivo no puede ser solo recaudar más, sino recaudar mejor y con garantías democráticas.
Porque en tiempos de inteligencia artificial y vigilancia masiva, la libertad no se pierde de golpe: se automatiza.
