Los expertos coinciden en que la asignación de Murtra responde a una decisión influenciada por motivos políticos mas que a un interés estratégico
El reciente cambio en la presidencia de Telefónica ha sacudido al sector empresarial español. El pasado sábado 18 de enero, José María Álvarez-Pallete, quien ocupó el cargo de presidente durante casi nueve años, fue reemplazado sorpresivamente por Marc Murtra. Este nombramiento, ejecutado desde La Moncloa y respaldado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), ha desatado un intenso debate sobre las implicaciones políticas y estratégicas detrás de esta decisión.
Marc Murtra no es ajeno al sector público ni a la esfera política. Ingeniero industrial y exdirector general de Red.es, su trayectoria incluye roles clave durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, además de su designación como presidente de Indra en 2021 con el apoyo del Partido Socialista Obrero Español (PSOE). Ahora, su nombramiento como presidente de Telefónica ha reavivado las discusiones sobre la influencia gubernamental en empresas estratégicas, especialmente aquellas en las que el Estado tiene participación accionarial.
La SEPI, que posee el 10% del capital de Telefónica, ha justificado su presencia en la compañía en base a su carácter estratégico, dada la importancia de las telecomunicaciones para la defensa, la seguridad nacional y los servicios públicos. Sin embargo, expertos como Enrique Fernández-Sordo, doctor en derecho mercantil, advierten que, aunque la participación estatal pueda justificarse desde un punto de vista público, el reciente movimiento alimenta las sospechas de una posible pérdida de independencia empresarial.
Las telecomunicaciones son un pilar estratégico indiscutible para España, y Telefónica, como principal actor del sector, juega un papel clave. Fernández-Sordo argumenta que la entrada del SEPI en el capital de Telefónica en 2023, en respuesta a la adquisición del 9,9% por parte del grupo saudí STC, buscaba proteger intereses nacionales. Sin embargo, el nombramiento de Murtra ha despertado dudas entre analistas y ciudadanos, quienes perciben una posible politización de las decisiones corporativas.
Por su parte, Alba Orche, experta en derecho fiscal, sostiene que la decisión podría responder más a un esfuerzo por alinear a Telefónica con estrategias europeas en áreas como ciberseguridad y defensa, que a un mero interés político. Según Orche, la compañía ha enfrentado desafíos financieros significativos durante la presidencia de Álvarez-Pallete, con una pérdida del 60% de su valor en bolsa y una caída del 46% en ingresos, lo que podría haber motivado un cambio en la dirección para buscar una reestructuración estratégica.
El cambio de liderazgo en Telefónica también ha generado críticas desde las filas de la oposición. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha calificado el movimiento como una señal de un intervencionismo excesivo por parte del Gobierno, acusándolo de intentar controlar instituciones y empresas clave del país. Feijóo incluso ha pedido activar una «alerta antidemocrática», señalando que esta decisión podría socavar principios como la igualdad y la libertad empresarial.
A pesar de las críticas, otros expertos y accionistas relevantes, como CaixaBank, han avalado la decisión, argumentando que el nombramiento de Murtra podría fortalecer a Telefónica como un activo estratégico del Estado, especialmente en sectores clave como la ciberseguridad y la defensa.
El nombramiento de Marc Murtra como presidente de Telefónica plantea un equilibrio delicado entre la protección de los intereses públicos y la independencia empresarial. Aunque el debate está en pleno apogeo, los expertos sugieren que es demasiado pronto para emitir juicios definitivos. Habrá que observar si la nueva presidencia logra fortalecer a Telefónica como líder en telecomunicaciones y garantizar su sostenibilidad financiera, sin comprometer la confianza del mercado ni la percepción de independencia de la compañía.
Mientras tanto, la polémica en torno a este cambio de liderazgo subraya la necesidad de un diálogo más transparente sobre la relación entre el Estado y las empresas estratégicas, así como sobre el equilibrio entre intereses políticos y empresariales en decisiones de esta magnitud. De momento las acciones han bajado.