No estamos ante una política migratoria. Estamos ante un evento de estrés masivo sobre una infraestructura digital ya fallida.
El Gobierno de España ha anunciado oficialmente, en Consejo de Ministros, la tramitación urgente de un Real Decreto-ley de regularización extraordinaria de personas extranjeras. Según los datos institucionales, podrán acogerse quienes acrediten residencia previa antes del 31 de diciembre de 2025 y carezcan de antecedentes penales. El Ejecutivo prevé abrir el plazo de solicitudes a principios de abril, con ventana hasta el 30 de junio, permitiendo además autorización provisional de trabajo y permisos de hasta cinco años para menores.
Sobre el papel, el objetivo es ofrecer seguridad jurídica e integración. En la práctica, lo que se acaba de activar es un multiplicador de demanda administrativa sobre un sistema tecnológico que ya estaba colapsado antes del anuncio. Y ahí empieza el verdadero problema.
El detonante político sobre una plataforma rota
La Sede Electrónica de Extranjería no es una plataforma tensionada: es una plataforma estructuralmente vulnerable.
Desde hace años, conseguir una cita por vía oficial es, para miles de personas, materialmente imposible. El calendario aparece vacío de forma crónica. No por falta real de huecos, sino porque el sistema carece de controles técnicos básicos contra automatización masiva.
Eso ha generado un ecosistema paralelo perfectamente conocido:
- Acaparamiento de citas mediante bots.
- Reventa sistemática en redes sociales y canales cerrados.
- Intermediarios que cobran entre decenas y cientos de euros por algo que debería ser gratuito.
Un mercado negro digital que existe porque el Estado ha renunciado a proteger su propio servicio público. Ahora, con la regularización extraordinaria, el Ejecutivo introduce una variable explosiva: cientos de miles de personas adicionales intentando acceder al mismo embudo tecnológico.
No se ha anunciado, junto al decreto, ninguna reforma estructural del sistema de citas. No se ha desplegado autenticación previa robusta. No se han reforzado canales humanos. No se ha auditado públicamente la plataforma. Se incrementa la demanda. Se mantiene la arquitectura rota. El resultado es matemático.
No es integración: es saturación inducida
Desde el punto de vista informático, esto es un patrón clásico:
- Se anuncia una ventana administrativa limitada en el tiempo.
- Se genera expectativa masiva.
- Se produce avalancha de accesos.
- El sistema colapsa por diseño.
- Aparece el intermediario ilegal como única vía práctica.
Exactamente igual que en cualquier plataforma mal dimensionada.
Solo que aquí no hablamos de comprar entradas para un concierto. Hablamos del acceso a la legalidad administrativa. Cuando el canal oficial falla, el derecho se privatiza. Y eso es lo que ya está ocurriendo.
Gobernanza por decreto, ejecución por algoritmo
Lo verdaderamente inquietante no es solo el colapso. Es el modelo. El Estado ya no garantiza derechos mediante atención directa. Los canaliza a través de interfaces. El ciudadano deja de ser sujeto administrativo y pasa a ser usuario de plataforma. Si el sistema funciona, avanzas. Si no, quedas fuera. Esto es ciberpolítica aplicada al cuerpo social.
No se gobierna mediante funcionarios visibles, sino mediante flujos digitales opacos. No se prioriza por criterios humanos, sino por velocidad de acceso, capacidad técnica o dinero para pagar intermediarios. La política se convierte en backend.
Sin válvulas humanas
Hoy, esas decisiones tecnocráticas han desembocado en un modelo sin válvulas de escape humanas.
No hay teléfono operativo. No hay ventanilla funcional. No hay atención presencial generalizada. Solo web. Y cuando la web cae, no existe plan B.
Esto no es modernización. Es externalización del fracaso al ciudadano. Y beneficio de las mafias.
Análisis forense: negligencia tecnológica institucional
Como perito informático, el diagnóstico es claro:
La plataforma carece de elementos mínimos de seguridad operativa:
- No existe autenticación fuerte previa (Cl@ve/DNIe) antes de mostrar disponibilidad.
- No hay limitación real por IP ni por identidad.
- Las citas no quedan vinculadas criptográficamente al solicitante.
- No hay trazabilidad pública de acaparamiento.
- No hay verificación humana en trámites críticos.
Esto permite:
– Automatización masiva.
– Reservas fantasma.
– Reventa sistemática.
No es un fallo puntual. Es un diseño negligente. Mantenerlo así en 2026, con una regularización extraordinaria en marcha, no es torpeza: es abandono consciente del control.
La consecuencia directa del decreto
El anuncio del Gobierno no solo abre una vía legal. Abre un mercado. Más demanda + misma infraestructura = mafia reforzada.
Cada persona que no consiga cita por vía oficial será empujada hacia:
– Bots.
– Intermediarios.
– Gestorías opacas.
– Redes sociales.
Cada euro pagado por una cita será un euro que el Estado ha permitido generar por su propia desidia tecnológica.
Lo que haría falta
No hacen falta más apps. Hace falta voluntad. Las soluciones son conocidas:
- Identificación soberana previa obligatoria.
- Citas intransferibles ligadas a identidad real.
- Videoidentificación para trámites críticos.
- Reapertura de atención humana.
- Auditoría técnica independiente del sistema.
Nada de eso acompaña al decreto. Solo se ha anunciado la regularización. El resto se deja al azar.
No estamos ante un problema migratorio. Estamos ante el mayor ejemplo de colapso digital institucional con consecuencias humanas reales. El Gobierno de España ha activado una regularización extraordinaria sin blindar previamente el canal tecnológico que debe sostenerla. Eso no es política pública responsable. Eso es lanzar a cientos de miles de personas a una ruleta digital controlada por bots detrás de esos bots sus respectivas mafias. La Sede Electrónica de Extranjería es hoy el mayor mercado negro tecnológico del país. Y cada día que siga funcionando así, no es un fallo del sistema. Es una decisión política.
