En marzo de 2022, un propietario de una cuenta de YouTube enfrentó la justicia española tras subir un fragmento de una audiencia previa de juicio ordinario, desatando una significativa violación de privacidad. El vídeo no solo expuso datos personales sensibles del demandante, un empleado del despacho Legal Eraser Abogados, sino que también comprometió su derecho al honor. Originalmente confrontado con una sanción de 10.000 euros por la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), el monto fue reducido a 5.000 euros tras la apelación del afectado, aunque manteniendo la gravedad de la infracción bajo el riguroso escrutinio del artículo 72.1 a) de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales.
Este caso resalta el delicado equilibrio entre la libertad de expresión y el derecho a la privacidad en la era digital. A pesar de los argumentos del condenado, quien afirmaba haber obtenido el material de manera legal a través del portal Arconte Aurea y argumentaba a favor de su derecho a la libertad de expresión, la AEPD sostuvo su veredicto, subrayando la importancia de la privacidad sobre la difusión de contenido sin consentimiento. La controversia giró en torno a la adecuada aplicación de la normativa de protección de datos y el procedimiento correcto para la supresión de contenido personal en plataformas en línea, culminando en un precedente significativo para casos futuros de vulneración de datos personales en Internet.
