La implementación de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en Madrid ha suscitado un debate que trasciende el ámbito ambiental. Desde septiembre de 2021, el Ayuntamiento de Madrid que gestiona Almeida, ha gestionado casi dos millones de expedientes sancionadores relacionados con estas zonas, acumulando más de 370 millones de euros en multas. Sin embargo, una reciente sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 33 de Madrid ha puesto en entredicho la validez de estas sanciones, abriendo una puerta a la reflexión sobre cómo la tecnología y el marco legal convergen en la gestión de la movilidad urbana.
Las ZBE son áreas donde se restringe el acceso a vehículos más contaminantes, con el objetivo de reducir emisiones y mejorar la calidad del aire. Madrid, como otras grandes ciudades europeas, ha adoptado estas medidas en respuesta a normativas comunitarias. Sin embargo, según datos de Automovilistas Europeos Asociados (AEA), las sanciones emitidas en estas zonas han generado una carga económica significativa para los ciudadanos, especialmente para aquellos que dependen de sus vehículos para trabajar o realizar actividades esenciales, insistiendo «no cumple ese requisito ninguno de los 1.997.414 expedientes sancionadores incoados por este motivo por el Ayuntamiento madrileño desde septiembre de 2021 hasta julio de 2024, por valor de más de 370 millones de euros», por lo que sostiene que desde esta asociación aconsejan recurrir dichas multas, para que «sean anuladas con devolución de los importes pagados por los conductores».
Amen de las 492 cámaras controlan el acceso a la ZBE, que tambien tiene otro proceso abierto por invadir la privacidad de los madrileños, no solo de los conductores.
En este contexto, surge la cuestión: ¿es posible que el consistorio de Madrid implemente estas medidas de manera justa, equilibrando el bienestar ambiental y las necesidades de movilidad de los ciudadanos?
Almeida esta acostumbrado a la transparencia, siempre que exista un fallo judicial, con lo que la sentencia de la magistrada Loreto Feltrer Rambaud le ha señalado una deficiencia fundamental en el proceso sancionador: la falta de pruebas que acrediten la infracción. Según el fallo, las fotografías aportadas por el Ayuntamiento no incluyen señales de limitación de acceso, lo que vulnera el derecho a la presunción de inocencia de los conductores. Este detalle técnico, aparentemente menor, pone de manifiesto la importancia de una adecuada documentación en el uso de tecnologías para el control del tráfico.
Este fallo judicial sienta un precedente que anula la mayoría de las sanciones emitidas hasta ahora, obligando al Ayuntamiento a replantear sus estrategias de vigilancia y gestión de las ZBE.
El control de las ZBE en Madrid se realiza mediante un sistema de cámaras instaladas en puntos estratégicos, como la M-30, con la capacidad de registrar matrículas y comprobar autorizaciones en tiempo real. Sin embargo, la fiabilidad y precisión de estos sistemas han quedado en entredicho. La falta de elementos contextuales en las imágenes, como las señales de tráfico, limita su validez como prueba en procedimientos sancionadores.
La ciberseguridad también es un aspecto clave. Según expertos de la Asociación Nacional de Tasadores y Peritos Judiciales Informáticos (ANTPJI), estos sistemas están expuestos a riesgos de manipulación y brechas de seguridad, como ha ocurrido con las bicimadrid. “El uso de tecnologías en la administración pública requiere una auditoría constante para garantizar la protección de los datos y la integridad de los procesos”, comenta un perito de la ANTPJI.
Recomendaciones para mejorar la gestión tecnológica
- Mejorar la captura de datos visuales: Las cámaras deben incluir elementos contextuales claros, como señales de tráfico, para que las imágenes sean pruebas irrefutables.
- Auditorías de ciberseguridad: Implementar revisiones periódicas del sistema para detectar y mitigar vulnerabilidades.
- Transparencia en el proceso sancionador: Los ciudadanos deben tener acceso sencillo a la evidencia que justifica las sanciones.
- Educación y concienciación ciudadana: Informar sobre el funcionamiento de las ZBE y los criterios de acceso puede prevenir sanciones y fomentar la colaboración.
Alternativas tecnológicas para una gestión más justa
El avance tecnológico ofrece herramientas que podrían transformar la gestión de las ZBE en un proceso más inclusivo y eficiente:
- Inteligencia artificial (IA): La IA puede analizar patrones de tráfico y proponer soluciones adaptadas a las características de cada zona.
- Blockchain: Este sistema descentralizado puede garantizar la integridad y transparencia de los datos capturados por las cámaras.
- Sistemas de geolocalización avanzada: Permitirían un control más preciso, asegurando que solo se sancione a los vehículos que realmente incumplan las normativas.
En ciudades como París, Berlín o Londres, las ZBE se han implementado con diferentes grados de éxito. Un estudio reciente del Consejo Internacional de Transporte Limpio (ICCT) reveló que estas zonas han reducido hasta en un 20% las emisiones de NO2 en áreas urbanas densas. Sin embargo, también han generado controversias similares a las de Madrid, con sanciones impugnadas por falta de transparencia o pruebas insuficientes.
La polémica en torno a las multas ZBE en Madrid destaca la necesidad de encontrar un equilibrio entre la sostenibilidad ambiental y los derechos de los ciudadanos. Las tecnologías avanzadas tienen el potencial de ser herramientas poderosas, pero deben ser implementadas con rigurosidad y transparencia.
Para ello, es crucial fomentar la colaboración entre las administraciones públicas, los expertos en tecnología y los ciudadanos. Solo así se podrá construir un modelo de movilidad urbana que no solo sea ecológico, sino también justo y accesible para todos.
