El CERMI valora los avances de la nueva Ley de Derecho de Defensa, pero critica la ausencia de asistencia jurídica gratuita para todas las mujeres con discapacidad. Conoce los retos y propuestas para una justicia inclusiva.
El derecho de defensa: una oportunidad perdida para las mujeres con discapacidad.
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha valorado positivamente la nueva Ley Orgánica del Derecho de Defensa, aunque no ha podido evitar mostrar su descontento al señalar que la normativa sigue sin atender de manera específica las necesidades de todas las mujeres y niñas con discapacidad. El CERMI reclama que este colectivo tenga acceso a la asistencia jurídica gratuita en todo tipo de procesos judiciales, independientemente de su situación económica, una demanda reiterada que, lamentablemente, aún no se materializa.
La recién aprobada Ley Orgánica de Derecho de Defensa supone un avance en cuanto a la regulación del derecho de defensa de las personas con discapacidad. Tal y como señala el informe presentado por el CERMI, la normativa introduce mejoras clave como:
- Garantía de accesibilidad universal en el ámbito judicial.
- Protección del derecho a la información, asistencia jurídica y prestación de servicios legales de calidad.
- Reconocimiento de la necesidad de adaptaciones cognitivas para personas con discapacidad intelectual o del desarrollo.
Sin embargo, el CERMI insiste en que no es suficiente y que la falta de asistencia jurídica gratuita para todas las mujeres y niñas con discapacidad representa una omisión grave. El informe recuerda que esta reivindicación proviene directamente de las organizaciones de mujeres con discapacidad, quienes subrayan la vulnerabilidad a la que están expuestas en procedimientos legales.
Uno de los mayores aciertos de la nueva normativa es reconocer la accesibilidad universal como un elemento fundamental del derecho a la defensa. El CERMI destaca que la accesibilidad no es un añadido, sino una condición imprescindible para garantizar la igualdad de condiciones.
Entre los puntos más relevantes recogidos en el informe destacan:
- El derecho de información adaptado: La información debe ser presentada de manera clara, simple y comprensible, utilizando los apoyos necesarios para que sea accesible a todas las personas con discapacidad.
- Actos y resoluciones judiciales accesibles: Las Administraciones de Justicia deberán adaptar de oficio los actos de comunicación y resoluciones judiciales para personas con dificultades de comprensión.
- Protección jurídica especial: Los tribunales deberán otorgar una especial protección a las personas con discapacidad, garantizando el acceso a recursos y asistencia jurídica accesible.
En palabras del CERMI, garantizar la accesibilidad universal en el ejercicio del derecho de defensa es un compromiso ineludible en una sociedad que aspire a la equidad y la justicia para todos.
¿Qué ocurre con las mujeres con discapacidad?
El gran escollo que presenta esta ley es la falta de un tratamiento específico en la asistencia jurídica gratuita para mujeres y niñas con discapacidad. En un contexto en el que muchas de ellas enfrentan discriminación múltiple —por ser mujeres, por su situación económica y por su discapacidad—, el acceso a una asistencia jurídica gratuita se vuelve fundamental para garantizar sus derechos y protegerlas de abusos.
Desde el CERMI se insiste en que este colectivo requiere protección prioritaria. De no incluir esta medida, la ley perpetúa situaciones de vulnerabilidad y falta de equidad, impidiendo a estas mujeres defenderse en igualdad de condiciones en los procedimientos legales.
Adaptaciones específicas para el ejercicio de la defensa
La ley incluye disposiciones positivas que abordan el derecho de defensa y asistencia jurídica, estableciendo mecanismos específicos para las personas con discapacidad.
El informe del CERMI propone las siguientes medidas clave:
- Adaptaciones de procedimientos: Se deberán realizar ajustes y adaptaciones en los procesos judiciales para que las personas con discapacidad puedan participar plenamente y comprender los procedimientos.
- Capacitación de profesionales: Es necesario que abogados, jueces y fiscales reciban formación específica para atender de manera adecuada las necesidades de las personas con discapacidad.
- Revisión de la capacidad jurídica: El CERMI solicita una revisión urgente de las medidas relacionadas con la capacidad jurídica de las personas con discapacidad en la Ley 8/2021. Propone que la revisión se realice en un plazo máximo de un año, de oficio o a instancia del Ministerio Fiscal, si no se solicita de manera voluntaria.
El papel del abogado con discapacidad: Otro aspecto relevante que aborda el informe es el derecho de los profesionales de la abogacía con discapacidad a contar con los recursos y apoyos necesarios para ejercer su labor en igualdad de condiciones. Garantizar que los abogados con discapacidad puedan desempeñar sus funciones plenamente no solo beneficia a estos profesionales, sino que también fortalece el sistema judicial al hacerlo más inclusivo y representativo.
Si bien la Ley Orgánica del Derecho de Defensa introduce avances innegables en la protección de las personas con discapacidad, el CERMI advierte que queda trabajo por hacer. La ausencia de una medida específica que garantice la asistencia jurídica gratuita a todas las mujeres y niñas con discapacidad representa un vacío legal que perpetúa desigualdades estructurales.
En palabras del CERMI: “No basta con garantizar el acceso a la justicia; es necesario eliminar todas las barreras que impiden que las personas con discapacidad puedan defender sus derechos en igualdad de condiciones.”
La nueva Ley Orgánica del Derecho de Defensa representa un avance significativo en materia de accesibilidad y equidad para las personas con discapacidad. Sin embargo, el camino no está completo. La petición del CERMI para incluir la asistencia jurídica gratuita para mujeres y niñas con discapacidad debe ser atendida de manera urgente si se pretende garantizar una justicia realmente inclusiva.
La sociedad debe exigir que las leyes reflejen compromisos reales con los derechos de todos los ciudadanos. Porque sin accesibilidad universal y sin igualdad de condiciones, el derecho de defensa se convierte en un privilegio para unos pocos.
