Nunca antes en España se había vivido un episodio semejante: el Tribunal Supremo condenando al Fiscal General del Estado por la revelación de datos reservados. No solo por la carga institucional del cargo, sino porque todo el caso se convirtió, inevitablemente, en un examen quirúrgico del funcionamiento del poder público en la era digital. Lo que empezó siendo una discusión sobre un correo electrónico terminó siendo un tratado involuntario sobre metadatos, borrados, cadena de custodia y límites constitucionales del Estado en el tratamiento de información sensible.
La clave —y esto el tribunal lo dejó entrever desde el minuto uno— no estuvo tanto en lo que se dijo, sino en la secuencia digital de acontecimientos. En la exactitud implacable de los registros electrónicos, donde no existe olvido posible ni acomodación narrativa. Allí se cruzaban tiempos: la llegada del correo reservado, la elaboración de una nota informativa, la difusión de contenido que afectaba directamente al derecho de defensa de un investigado, y, pocas horas después de conocerse la apertura de causa penal, el borrado de mensajes y el cambio de dispositivo. En un entorno judicial en el que el “relato” suele sostener el peso de las acusaciones, aquí fue el mundo numérico el que construyó la verdad: los metadatos se volvieron testigos silenciosos, fríos, pero irrefutables.
Y fue ahí donde surgió una cuestión que ningún manual había previsto, pero que cualquier perito digital conoce de memoria: la diferencia abismal entre no entregar un teléfono y borrar su contenido cuando ya sabes que te investigan.
Negarse a entregar el móvil —por incómodo, por prudencia, por consejo legal, o incluso por miedo— puede encajar dentro del derecho constitucional a no colaborar en la propia incriminación. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos lleva décadas recordando que nadie está obligado a proporcionar pruebas contra sí mismo; que el silencio y la abstención son reacciones legítimas, incluso cuando el Estado insiste. Es desagradable, sí. Es sospechoso, quizás. Pero es un derecho.
Borrar cuando ya te han avisado… eso es otra cosa. Eso no es silencio: es acción. No es abstención: es alteración. No es un derecho: es un comportamiento incompatible con el deber institucional. Y en este caso concreto, con el cargo de máximo responsable de la legalidad.
Ahí estuvo el giro dramático del proceso. No entregar un teléfono puede leerse como autoprotección. Borrarlo después de la apertura de diligencias, cuando ya has sido advertido formalmente del procedimiento, solo puede interpretarse —y así lo entendió la UCO— como un acto consciente de destrucción de evidencia. Los agentes lo dijeron con una frialdad que dejó helada a la sala: “voluntario e intencionado”.
Y el tribunal, acostumbrado a relatos que se doblan, no pudo doblar uno que venía ya sellado por sus propios metadatos.
Lo interesante del caso —y aquí es donde la novela jurídica se convierte en radiografía del futuro— es cómo la prueba digital dejó definitivamente de ser auxiliar. El tribunal trató los metadatos como lo que realmente son: prueba dura, autónoma y autosuficiente. Ya no importa si un mensaje “existe”; importa el rastro de su existencia, su modificación o su eliminación. La justicia española se acerca así a los estándares internacionales que desde hace años trabajan con normas como la ISO/IEC 27037 para la preservación de evidencia digital, o los protocolos europeos de gestión de información sensible en manos de autoridades públicas.
Y mientras el país entero debatía sobre política, en los márgenes silenciosos de la causa iba emergiendo la verdadera lección: el Estado nunca puede permitirse las mismas licencias que tiene el ciudadano. Donde el particular puede borrar, el funcionario debe conservar. Donde el investigado puede callar, el servidor público está obligado a documentar. La sentencia no censura un olvido; condena la ruptura de un deber de custodia reforzado.
Por eso este caso no quedará como un simple episodio político ni un rifirrafe mediático. Se recordará como la primera sentencia en España que deja al desnudo algo que los peritos llevamos años advirtiendo sin que nadie quisiera escucharlo: en la era digital, la línea entre la legalidad y el delito no la marca el discurso, ni la ideología, ni la versión más repetida, sino lo que queda grabado cuando alguien cree que ya nadie lo está mirando.
Aquí no ganó la retórica. Ganaron los metadatos. No venció un relato. Venció la huella digital que nadie pudo borrar a tiempo.
Y eso es lo verdaderamente demoledor: que en 2025 ya no importa lo que uno diga que pasó, sino lo que la tecnología demuestra que ocurrió, minuto a minuto, incluso cuando quien está al otro lado del dispositivo es el propio Fiscal General del Estado.