Una pareja ha recurrido al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) después de que la jurisdicción contencioso-administrativa y penal rechazaran investigar su caso. Según la denuncia, un funcionario de la Agencia Tributaria les ofreció un trato de favor y, al negarse, recibieron procedimientos sancionadores falsos.
Todo comenzó en 2018 cuando el marido de Lourdes, un arquitecto autónomo, solicitó procedimientos de rectificación de IVA del ejercicio fiscal anterior a la Agencia Tributaria. Estos asuntos fueron denegados y archivados por silencio administrativo. Posteriormente, Lourdes llamó a la oficina delegada en su localidad y se puso en contacto con el funcionario que había cerrado los expedientes. Este trabajador, “en tono jocoso” y con un comportamiento “absolutamente impropio”, le dijo que la denegación había sido un «consejo» y procedió a ofrecerles “un trato de favor” hasta en tres ocasiones.
Perpleja, Lourdes rechazó la oferta y el funcionario comenzó a vejar a su marido con comentarios despectivos y amenazó con abrir varios procedimientos tributarios y sancionadores, lo cual cumplió.
A partir de esa llamada, la pareja sufrió acoso constante. El marido de Lourdes comenzó a recibir notificaciones de la Agencia Tributaria tanto vía electrónica como por correo certificado. Estas notificaciones llegaban los siete días de la semana, incluidos fines de semana y a cualquier hora del día, especialmente en las madrugadas de los domingos. Además, el funcionario duplicaba o triplicaba las mismas notificaciones.
Lourdes detalla en la denuncia que el empleado se conectaba desde fuera de la oficina para elaborar los escritos, llegando incluso a manipular datos de los expedientes, borrarlos y sustituirlos por otros nuevos.
Perdieron los Clientes y Cerraron su Estudio
Además del acoso, la abogada manifiesta que el funcionario creó documentos de diligencias de embargo de crédito sin notificarles, a pesar de que ya no debían ninguna deuda. Estos documentos fueron enviados a los clientes del estudio de arquitectura de su marido, lo que llevó a que dejaran de contratar sus servicios por miedo a ser objetivo de agresivas inspecciones de Hacienda. Ante la pérdida de clientes, el arquitecto no tuvo más remedio que cerrar su local y la pareja se mudó a un pueblo de Guadalajara, vendiendo su piso en Torrejón de Ardoz para saldar un préstamo.
A pesar de haberse mudado, las notificaciones no han parado. La última fue recibida en diciembre pasado a las 0:40 horas de la madrugada. Lourdes argumenta que el modo de proceder es el mismo y que el documento presenta el mismo código de órgano que las anteriores.
En el verano de 2018, la pareja denunció al trabajador ante el Servicio de Auditoría Interna de la Agencia Tributaria y solicitó la apertura de un expediente disciplinario. Al no recibir respuesta, Lourdes presentó los hechos al Juzgado de Instrucción 3 de Torrejón de Ardoz. La directora general del servicio respondió años más tarde, desestimando la denuncia y asegurando que las actuaciones del administrador se realizaron “con sujeción a las previsiones normativas”.
Los Tribunales No Investigan
A raíz del informe desestimatorio, el juzgado de instrucción rechazó la denuncia, considerando que los hechos “no constituyen delito alguno” y declaró el sobreseimiento libre del caso sin practicar ninguna diligencia. La Audiencia Provincial de Madrid confirmó el auto y sugirió acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa para tratar el presunto delito de prevaricación administrativa.
De nuevo, Lourdes inició un proceso contencioso-administrativo, pero el Juzgado 33 de Madrid inadmitió la demanda, avalando el argumento de la Abogacía del Estado de que esta jurisdicción solo puede tratar actos administrativos. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid y el Tribunal Supremo inadmitieron los recursos, dejando a Lourdes y su marido en un “limbo jurídico”.
Lourdes denuncia que los tribunales les han cerrado la puerta sin investigar, vulnerando su derecho a una tutela judicial efectiva. Asegura que se está produciendo una excepción al Estado de Derecho con respecto a los funcionarios, ya que la jurisdicción contencioso-administrativa no tiene competencia para sancionar infracciones administrativas cometidas por empleados públicos.
En su último acto de lucha, Lourdes ha solicitado al CGPJ una revisión completa de todos los procedimientos judiciales por los que han pasado y que valore cómo actuar respecto a las actuaciones del funcionario denunciado, que ellos consideran constitutivas de ilícitos penales.
En Tecfuturo, continuaremos informando sobre casos y temas de relevancia que afecten la justicia y los derechos de los ciudadanos, buscando siempre una sociedad más justa y equitativa.
