El «caso Koldo», liderado por el juez instructor Ismael Moreno, ha alcanzado un nuevo nivel de complejidad al rechazar la entrega del procedimiento a la Fiscalía Europea. Moreno ha planteado una cuestión de competencia positiva ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que deberá decidir si la investigación permanece en el Juzgado de Instrucción número 2 o se transfiere a la Fiscalía Europea.
La Naturaleza de los Delitos investigados incluyen cohecho, tráfico de influencias, organización criminal y blanqueo de capitales, con un añadido reciente de delito contra la hacienda pública. Moreno argumenta que estos delitos no perjudican los intereses financieros de la UE y están más ligados a intereses nacionales.
El juez Moreno subraya que su juzgado, con décadas de experiencia en casos transnacionales y delitos cometidos por organizaciones delictivas, está mejor preparado que la Fiscalía Europea para manejar esta investigación. La resolución también menciona la jurisprudencia del Tribunal Supremo en cuanto a la eficacia en la investigación, destacando las múltiples resoluciones ya adoptadas para esclarecer los hechos.
La investigación del «caso Koldo» depende en gran medida del análisis de la huella digital. Desde interceptaciones de comunicaciones hasta la intervención de dispositivos electrónicos, el uso de tecnologías avanzadas es crucial para identificar y rastrear las actividades delictivas. Este enfoque no solo es vital para asegurar la integridad de la investigación, sino también para proteger los derechos de los implicados.
La operación ha contado con la colaboración de la Fiscalía de Criminalidad Informática y el Centro Criptológico Nacional (CCN-CNI), así como del FBI. La cuestión del derecho de avocación de la Fiscalía Europea, que permitiría a esta asumir la competencia del caso, sigue siendo un tema de debate. El juez Moreno, apoyado por la Fiscalía Anticorrupción, concluye que no se aplica la indivisibilidad en este caso.
El «caso Koldo» representa un desafío significativo para la justicia, destacando la necesidad de una colaboración estrecha entre distintas jurisdicciones y el uso de tecnologías avanzadas para el análisis de la huella digital. Mientras el Tribunal Supremo toma una decisión sobre la competencia, el Juzgado de Instrucción número 2 continuará con las diligencias urgentes necesarias para asegurar la investigación y el ejercicio de la acción penal.
