La ciberdelincuencia sigue mostrando su rostro más sofisticado y dañino en España. Las recientes operaciones de la Guardia Civil han sacado a la luz dos grandes redes criminales que, desde Valdemoro y otras localidades de la Comunidad de Madrid y Andalucía, han perpetrado estafas millonarias a empresas y ciudadanos, utilizando desde la intrusión en correos corporativos hasta la creación de webs fraudulentas que simulaban trámites oficiales. Los casos, que han dejado cientos de miles de víctimas y millones de euros defraudados, demuestran la creciente profesionalización y ramificación internacional de la ciberdelincuencia. Se les imputan delitos de estafa por intrusión en los correos electrónicos corporativos, dos delitos más de estafa en grado de tentativa, blanqueo de capitales, revelación de secretos, falsificación de documento mercantil y pertenencia a organización criminal.
Intrusión en empresas: la estafa del “correo comprometido”
La primera operación arrancó tras la denuncia de un empresario de Villarrobledo (Albacete), que detectó un pago de más de 9.500 euros desviado a una cuenta desconocida. La investigación reveló que una banda había interceptado las comunicaciones entre empresas, modificando los datos bancarios para desviar los pagos a cuentas controladas por los delincuentes. La Guardia Civil detuvo a seis personas en Madrid capital, Coslada, Valdemoro, Velilla de San Antonio y Carmona (Sevilla), desmantelando una organización que habría obtenido al menos 35.000 euros de beneficio mediante este método.
El “modus operandi” era claro: acceder ilícitamente a los correos electrónicos corporativos, suplantar la identidad de proveedores habituales y modificar las cuentas de destino de los pagos. Parte del dinero se canalizaba a través de cuentas bancarias en Alemania, dificultando su rastreo y permitiendo el blanqueo de capitales. Las detenciones se produjeron cuando dos de los sospechosos intentaban retirar 15.000 euros en efectivo de un cajero automático, tras una estafa a una empresa en Gijón. Todos los detenidos han pasado a disposición judicial en Villarrobledo, enfrentándose a cargos de estafa, blanqueo, revelación de secretos, falsificación documental y pertenencia a organización criminal.
Fraude masivo con webs falsas de trámites oficiales
En paralelo, otra operación ha destapado una trama que operaba desde Valdemoro, Madrid y Valladolid, dedicada a la creación de páginas web fraudulentas que simulaban ser portales oficiales para la gestión de documentos como certificados de empadronamiento, antecedentes penales, vida laboral o tarjeta sanitaria europea. La Guardia Civil estima que la banda ha estafado cerca de ocho millones de euros a más de 150.000 víctimas, cobrando entre 19 y 89 euros por trámites que, en realidad, son gratuitos.
El engaño se basaba en la reproducción casi exacta de la imagen, logos y rotulación de las páginas oficiales, lo que generaba confianza en los usuarios. Los pagos se canalizaban a través de un entramado de 35 empresas pantalla, utilizadas para blanquear los beneficios y dificultar el rastreo del dinero. Parte de los fondos, aproximadamente 1,5 millones de euros, se transfirieron a cuentas en Estados Unidos utilizando más de 400 cuentas bancarias de 18 entidades diferentes. Tras la detención de tres personas en Valdemoro y Valladolid, la Guardia Civil ha bloqueado un millón de euros en cuentas, así como 111 bienes inmuebles y 13 vehículos adquiridos con el dinero de las estafas.
Detención en un cajero automático
Las dos primeras detenciones se produjeron cuando dos de los autores se disponían a sacar 15.000 euros de un cajero automático tras haber utilizado cuentas bancarias en Alemania como intermediarias para estafar a una empresa en Gijón. La Guardia Civil calcula que durante su actividad delictiva los detenidos habrían conseguido unos 35.000 euros de beneficio. Todos han pasado a disposición de un juzgado de Instrucción de Villarrobledo en Albacete.
- Tres detenidos en Valdemoro, Madrid, y Valladolid acusados de estafar ocho millones de euros en una web fraudulenta de trámites oficiales
- La Benemérita estima que hay un total de 150.000 afectados en una estafa que podría alcanzar un total de ocho millones de euros
- Los delincuentes ofrecían en la web trámites como la expedición de certificados de empadronamiento, de delitos penales o de vida laboral, entre otros
La Guardia Civil ha detenido a tres personas en Madrid y Valladolid como supuestos miembros de una banda que estafó cerca de ocho millones de euros a más de 150.000 víctimas mediante una web que simulaba realizar trámites oficiales como certificados de empadronamiento y documentos para extranjeros.
Un fenómeno en auge: del “carding” a las inversiones falsas
Estos casos no son aislados. El auge de la ciberdelincuencia en España se refleja en operaciones recientes donde se han desmantelado redes dedicadas al “carding” (compra y uso de datos bancarios robados en la Dark Web), estafas amorosas, inversiones ficticias en criptomonedas y suplantación de identidad para obtener beneficios económicos. Solo en enero, la Policía Nacional detuvo a 17 personas por estafar más de 420.000 euros a 282 víctimas mediante compras online con datos adquiridos en la internet oscura. En otros casos, como el de los “estafadores del amor”, las víctimas llegaron a perder hasta 1,5 millones de euros en engaños sentimentales orquestados a través de redes sociales.
El denominador común es la utilización de tecnología avanzada, identidades falsas, empresas pantalla y mulas económicas para mover el dinero y dificultar la labor de los investigadores. Las bandas operan a nivel nacional e internacional, y no dudan en aprovecharse de la confianza y la falta de información de las víctimas.
El reto de la persecución y la prevención
Las investigaciones han puesto de manifiesto la dificultad para rastrear el dinero y atribuir responsabilidades en un entorno digital cada vez más complejo. El uso de cuentas en el extranjero, la multiplicidad de transferencias y la utilización de identidades falsas o anónimas complican la recuperación de los fondos y la identificación de los verdaderos cabecillas de las tramas.
La Guardia Civil y la Policía Nacional insisten en la importancia de la prevención, la denuncia temprana y la colaboración de empresas y ciudadanos para frenar el avance de estas redes. El refuerzo de las unidades de ciberdelincuencia, la cooperación internacional y la formación en ciberseguridad son claves para combatir un fenómeno que, lejos de remitir, sigue creciendo en sofisticación y alcance.
Cobraban hasta 89 euros por trámites que son gratuitos
Según ha informado la Dirección General de la Guardia Civil el portal web -ya desmantelado- emulaba páginas oficiales de la administración usando el mismo tipo de letra, rotulación, logos y banderas y ofrecían la tramitación online de varias gestiones.
Entre ellas, la expedición de certificados de empadronamiento, de delitos penales, de vida laboral, de la tarjeta sanitaria europea y del número de identificación de extranjero.
Todas ellas son en realidad gratuitas pero los miembros de la banda las ofertaban a precios que oscilaban entre 19 y 89 euros, cantidades pequeñas con las que muchas veces evitaban que las víctimas, al percatarse del engaño, presentasen una denuncia o una reclamación administrativa.
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35 empresas y sociedades, les servían de pantalla para blanquear los beneficios
La investigación de la bautizada como operación Gestoko se inició en la localidad jienense de Baeza en 2020 durante el confinamiento por la pandemia de coronavirus, aprovechando que los trámites a través de internet se multiplicaron.
Fue un ciudadano de dicho municipio el que interpuso la primera denuncia tras ser estafado al solicitar un certificado de empadronamiento que nunca recibió.
A raíz de la investigación de este caso concreto los agentes han acreditado que la banda estafó mediante este procedimiento a un total de 150.000 personas, a las que sustrajeron cerca de ocho millones de euros. Para ello emplearon un entramado de 35 empresas y sociedades que les servían de pantalla para blanquear los beneficios obtenidos del fraude ya que realizaron multitud de transferencias bancarias entre ellas para darle al dinero apariencia de legalidad y a la vez dificultar su rastreo.
Las detenciones en Valdemoro, Madrid y otras localidades son solo la punta del iceberg de un problema estructural que afecta a miles de empresas y ciudadanos en España. La profesionalización de la ciberdelincuencia, el uso de tecnología avanzada y la capacidad de blanqueo de capitales exigen una respuesta coordinada y sostenida de las fuerzas de seguridad, la justicia y la sociedad en su conjunto. La educación digital, la vigilancia y la denuncia siguen siendo las mejores armas para protegerse en un entorno donde la confianza y la información son, cada vez más, el botín más codiciado.
