Pocas figuras han adquirido tanta relevancia silenciosa en el panorama judicial como el perito informático. En la España digital de hoy, donde los conflictos legales ya no solo se dirimen entre testigos presenciales o documentos físicos, el peritaje tecnológico se ha convertido en un actor clave, capaz de determinar el curso de un juicio con la misma fuerza que una confesión o un vídeo incriminatorio. En los últimos años, esta disciplina ha dejado de ser marginal para ocupar un lugar estratégico en tribunales, despachos de abogados y empresas de todos los sectores.
Un correo manipulado, una cuenta bancaria suplantada, un SMS fraudulento o una conversación de WhatsApp modificada pueden cambiar completamente el resultado de un juicio. Pero estas pruebas digitales no hablan por sí solas: necesitan ser extraídas con rigor, interpretadas con precisión y presentadas con claridad. Ahí entra en escena el perito informático, una figura técnico-legal entrenada para convertir datos en pruebas y sospechas en certezas. Su papel no solo es identificar y analizar información electrónica, sino garantizar su validez legal, respetando una cadena de custodia impecable y dejando constancia de cada paso en un informe que debe ser comprensible tanto para jueces como para abogados.
En España, la Asociación Nacional de Tasadores y Peritos Judiciales Informáticos (ANTPJI) ha desempeñado un papel protagonista en la consolidación de esta figura profesional. A través de casos reales, ha demostrado que un informe pericial bien fundamentado puede cambiar el rumbo de un proceso judicial. Uno de los casos más emblemáticos es el de una víctima de phishing a la que su banco se negaba a devolver el dinero robado. Tras contratar a un perito de la ANTPJI, se logró demostrar que la web a la que accedió la usuaria era una réplica exacta de la del banco, que el ataque provenía de una IP no habitual y que la entidad no había implementado mecanismos de seguridad suficientes para prevenir la suplantación. Gracias al informe pericial, el juez falló a favor de la demandante, obligando al banco a reembolsarle más de 3.000 euros.
En otra ocasión, una empresa sufrió una modificación fraudulenta de una factura que alteraba el número de cuenta bancaria. El cliente pagó a una cuenta errónea sin saberlo. La ANTPJI pudo rastrear la modificación en la cadena de correos electrónicos, localizando el momento exacto en que se suplantó la identidad digital del remitente. La prueba técnica fue decisiva para eximir de responsabilidad al pagador y señalar la negligencia de seguridad de la empresa emisora.
Estos casos revelan una tendencia imparable: los juicios del siglo XXI ya no se ganan solo con testigos, sino con evidencias digitales sólidas. Sin embargo, no basta con presentar un archivo descargado, una captura de pantalla o un email impreso. La justicia exige trazabilidad, autenticidad y análisis técnico certificado. Cualquier prueba que no pueda acreditar su integridad o que haya sido manipulada, por mínima que sea, puede ser rechazada en sala.
Por eso, el trabajo del perito va mucho más allá del puro análisis técnico. Es también pedagógico. Debe traducir complejos sistemas de datos en explicaciones comprensibles y aportar al tribunal una narrativa objetiva de lo ocurrido. Desde la identificación de metadatos y logs hasta la recuperación de archivos eliminados o el estudio forense de dispositivos móviles, su labor requiere tanto conocimientos profundos de tecnología como dominio del entorno judicial.
Además, el informe pericial debe estar elaborado con una estructura jurídica precisa. El perito no solo presenta hechos: responde preguntas legales, identifica responsables y ofrece conclusiones basadas en evidencias. En muchos casos, su testimonio en sala es determinante para inclinar la balanza hacia un lado u otro. En procedimientos civiles, penales, laborales e incluso contencioso-administrativos, la figura del perito informático ha dejado de ser un lujo para convertirse en una necesidad.
Y en los casos de violencia digital, acoso o delitos contra la intimidad, el peritaje cobra aún más valor. No se trata solo de encontrar pruebas, sino de hacerlo respetando los derechos fundamentales, preservando la privacidad y manteniendo el principio de proporcionalidad. Aquí, la experiencia y formación ética del perito son claves.
La visión de futuro para el peritaje digital en España pasa por su integración más temprana en los procesos judiciales. En lugar de esperar a que las partes lo propongan, muchos expertos abogan por que los jueces puedan solicitar de oficio informes periciales informáticos cuando el caso lo amerite. También se trabaja en impulsar protocolos homogéneos entre comunidades autónomas y tribunales para evitar disparidades en la aceptación de pruebas digitales.
Lo cierto es que ya no hay vuelta atrás. La digitalización no solo afecta al ciudadano, sino a todo el ecosistema judicial. Cada vez son más frecuentes los juicios telemáticos, la presentación electrónica de pruebas y la tramitación digital de expedientes. En ese contexto, el perito informático no es un actor secundario, sino un engranaje esencial para que el sistema funcione con garantías. Es el guardián de la verdad digital.
En definitiva, el peritaje informático ha venido para quedarse. En un mundo donde lo intangible pesa tanto como lo físico, su labor es más necesaria que nunca. No se trata solo de “leer datos”, sino de interpretar la realidad digital con rigor, neutralidad y solvencia. Para los ciudadanos y empresas, contar con un buen perito puede significar la diferencia entre la justicia y el silencio. Y gracias a organizaciones como la ANTPJI, cada vez son más los casos donde la verdad digital ha triunfado en sala.
