Las sociedades maduras saben distinguir entre personas y conductas. Puede parecer una obviedad, pero en tiempos de simplificación política, titulares rápidos y debates cargados de emoción conviene recordarlo. El Derecho penal moderno se construyó precisamente sobre esa idea: la responsabilidad es siempre individual. No se juzgan colectivos, no se condenan categorías sociales, no se criminalizan profesiones. Se juzgan hechos concretos cometidos por personas concretas.
Cuando ese principio se pierde de vista, el sistema jurídico comienza a deslizarse hacia terrenos peligrosos. A lo largo de la historia, muchas injusticias nacieron precisamente de esa confusión entre identidad y conducta. Cuando una sociedad empieza a atribuir delitos a grupos completos —por su sexo, profesión, origen o ideología— deja de aplicar justicia para empezar a aplicar prejuicios.
El Derecho penal democrático no castiga lo que alguien es. Castiga lo que alguien hace.
Por eso conviene recordar algo elemental que, sin embargo, parece olvidarse con frecuencia en determinados debates públicos. En ocasiones se instalan narrativas simplificadas que atribuyen determinados delitos a colectivos enteros, como si la conducta delictiva fuera una característica inherente a una categoría social.
Pero el Derecho, cuando funciona correctamente, rechaza ese tipo de simplificaciones.
El hombre no viola: viola un violador.
La inmensa mayoría de los hombres jamás cometerá un delito de agresión sexual. Atribuir ese delito a un colectivo entero no solo es profundamente injusto, sino también intelectualmente deshonesto. Los delitos los cometen individuos concretos que deben responder personalmente ante la ley.
Del mismo modo ocurre con la tecnología y el mundo digital.
El informático no hackea: hackea un hacker.
La informática es hoy una de las profesiones más necesarias para el funcionamiento de nuestra sociedad. Los sistemas bancarios, las redes de transporte, las infraestructuras energéticas, los hospitales o las administraciones públicas dependen del trabajo de miles de profesionales informáticos que mantienen y protegen los sistemas que sostienen nuestra vida cotidiana. Sin embargo, cada vez que aparece un caso de ciberdelincuencia, surge una tendencia simplista a asociar la informática con la actividad criminal. Nada más lejos de la realidad.
Los hackers que cometen delitos informáticos representan una minoría dentro de un ecosistema tecnológico enorme compuesto por ingenieros, analistas de seguridad, desarrolladores, administradores de sistemas, investigadores y especialistas en ciberseguridad que dedican precisamente su trabajo a proteger los sistemas frente a esos ataques.
Confundir al informático con el hacker sería tan absurdo como confundir al médico con el traficante de medicamentos falsificados o al conductor con el ladrón de coches. Las conductas delictivas pertenecen siempre a individuos concretos, no a categorías sociales.
Cuando el debate público comienza a difuminar esta distinción, el Derecho corre el riesgo de transformarse en un instrumento de señalamiento colectivo. Y ese es un terreno peligroso. Porque la justicia, cuando se aplica correctamente, no funciona con prejuicios ni con etiquetas. Funciona con hechos, pruebas y responsabilidades individuales.
En el ámbito digital, además, esta distinción es especialmente importante. La lucha contra la ciberdelincuencia no se gana señalando profesiones ni criminalizando a quienes trabajan con tecnología. Se gana fortaleciendo las capacidades del Estado y de la sociedad para investigar, analizar y perseguir los delitos informáticos con medios técnicos adecuados.
La ciberdelincuencia es hoy una de las amenazas más serias para las economías modernas. Ataques a hospitales, fraudes bancarios, secuestros de datos mediante ransomware, espionaje industrial o sabotajes contra infraestructuras críticas son ya una realidad cotidiana en muchos países.
Combatir esa lacra exige algo muy distinto a los prejuicios colectivos. Exige conocimiento, medios técnicos y profesionales especializados. La lucha contra los hackers criminales no se gana señalando a los informáticos, sino apoyándose en ellos. Porque precisamente son los especialistas en ciberseguridad, los analistas forenses y los expertos en evidencia digital quienes permiten identificar ataques, rastrear intrusiones y aportar pruebas técnicas ante los tribunales.
Por eso la solución no pasa por desconfiar de los profesionales de la informática, sino por todo lo contrario: reforzar su papel dentro del sistema de seguridad y justicia.
Hacen falta más unidades policiales especializadas en ciberdelincuencia. Hacen falta más analistas digitales. Hacen falta más investigadores tecnológicos y hacen falta miles de peritos informáticos capaces de analizar evidencias digitales con rigor técnico y presentarlas ante los tribunales.
Porque si algo está claro en la era digital es que la lucha contra el delito informático no se libra únicamente en las calles, sino también en los servidores, en las redes y en los dispositivos electrónicos. Las sociedades maduras saben distinguir entre personas y conductas.
El hombre no viola: viola un violador. El informático no hackea: hackea un hacker.
Criminalizar a colectivos enteros por los actos de unos pocos no es justicia. Es prejuicio.
Y si queremos acabar con la lacra de los hackers criminales, no necesitamos menos informática ni menos expertos tecnológicos. Necesitamos exactamente lo contrario: miles de policías cibernéticos y miles de peritos informáticos trabajando para defender nuestras redes, nuestras empresas y nuestras instituciones.
