El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº 4 de la Vila Joiosa ha decidido archivar la denuncia presentada hace un año por el Ayuntamiento contra una empresa por presunta estafa. El Consistorio había adquirido un dron destinado a labores de vigilancia y salvamento, bajo la supervisión de la Policía Local. Sin embargo, el dispositivo no cumplió con las expectativas de la administración, lo que llevó a la interposición de una denuncia. Tras la investigación judicial, el juez ha dictado el sobreseimiento libre y el archivo de las diligencias previas.
Como informó Alicante Plaza, la empresa involucrada es Spadrone S.A., en su momento ubicada en el Distrito Digital. Isabel Perona, quien ejercía como concejala de Seguridad en ese entonces, explicó que, al intentar utilizar el dron, se comprobó que no se elevaba lo suficiente, lo que evidenció un funcionamiento inadecuado. Tras devolver el dron a la empresa para su reparación, el dispositivo fue retornado con piezas cambiadas, pero continuó sin cumplir con las necesidades del Ayuntamiento. Un informe encargado a una empresa especializada concluyó que las baterías del dron no eran adecuadas, lo que llevó a la administración a sentirse «estafada».
El dron tenía como principal objetivo apoyar las tareas de salvamento en la costa durante el verano. La apuesta del gobierno local por este sistema fue tan significativa que un policía local, ya entrenado en el manejo de drones, recibió formación específica para operar el modelo adquirido.
En su informe, el fiscal solicita el sobreseimiento libre y el archivo definitivo del caso, al no considerar los hechos como constitutivos de delito. El informe, al que ha tenido acceso este diario, recuerda que el Ayuntamiento adquirió la aeronave en diciembre de 2021 por un precio de 17.999 euros y que se alegó que era defectuosa en cuanto a estabilidad y control durante el vuelo. Sin embargo, tras la toma de declaraciones, incluyendo la del ex-CEO de la empresa, el fiscal concluyó que «los hechos no revisten carácter de delito», aunque podrían dar lugar a responsabilidades civiles por un presunto «incumplimiento de contrato entre las partes».
Finalmente, el fiscal expone en su escrito del 26 de marzo que no existe «ánimo doloso en el proceder de los hechos» ni «comportamiento defraudador» por parte de los investigados, elementos esenciales para configurar un delito de estafa. El ex-CEO de la empresa, Christian Tomás Sánchez, argumentó en su defensa que no había fundamentos para un delito de estafa, postura que fue respaldada por la Fiscalía de Área de Benidorm y ratificada por la magistrada que ha instruido el caso.
