La intervención de Leandro Suárez, al que apoyamos desde la ANTPJI, revela un problema mucho más profundo que una discusión técnica aislada. Es el síntoma de una brecha entre el mundo jurídico y el universo digital, donde aún no existen protocolos universales ni criterios técnicos unificados para validar pruebas electrónicas.
En países donde el uso de la prueba digital se ha normalizado, los sistemas judiciales cuentan con laboratorios forenses acreditados, software de análisis estandarizado y manuales periciales consensuados. En Latinoamérica, este escenario aún es incipiente, hacen falta más recursos humanos y técnicos.
Y mientras esa brecha no se cierra, la incertidumbre sobre lo que se presenta como evidencia seguirá creciendo.
El veredicto aún no está escrito. Pero la tecnología ya está en el banquillo.
El juicio del Neonatal, más allá de su dimensión penal y mediática, se está convirtiendo en un caso testigo sobre la validez de la prueba digital en procesos de alta sensibilidad.
La declaración de Suárez no absuelve ni condena. Pero sí recuerda algo que debería estar tallado en cada tribunal del siglo XXI:
«Una captura de pantalla no es una prueba. Es una hipótesis visual sin garantía pericial.»
En una era dominada por lo digital, juzgar sin entender la tecnología es tan peligroso como operar sin diagnóstico.
Y el tiempo de la justicia, como el de los sistemas, no siempre admite errores de interpretación.
En una sala cargada de tensión emocional y técnica, con familiares de las víctimas observando cada palabra, el juicio por el caso Neonatal vivido este 26 de marzo uno de sus momentos más delicados. Leandro Suárez, perito informático de parte de Brenda Agüero —la enfermera imputada por el presunto asesinato de recién nacidos en el Hospital Materno Neonatal de Córdoba—, cuestionó la validez de una de las pruebas que hasta ahora se consideraban fundamentales: las capturas de pantalla del teléfono móvil de la acusada.
El argumento fue directo, quirúrgico y devastador desde lo técnico: esas capturas no son repetibles ni reproducibles, por tanto, su uso como evidencia forense carece de garantías. Según explicó, si hoy se encendiera ese mismo dispositivo, la información allí contenida debería coincidir milimétricamente con lo que el fiscal presentó en su momento. Y si no lo hace, entonces no hay certeza, ni trazabilidad, ni prueba digital válida.
Con este planteo, Suárez activó una alarma silenciosa, pero profunda: la fragilidad estructural del sistema judicial ante pruebas tecnológicas sin rigor pericial.
¿Qué está realmente en juego?
El juicio del Neonatal no es solo un proceso penal complejo con altísima sensibilidad social. Es también el escenario donde se están jugando algunas de las preguntas más difíciles del siglo XXI: ¿cómo se valida una prueba digital en sede judicial? ¿Qué significa que una captura de pantalla sea “irreproducible”? ¿Y qué ocurre si esa imagen fue manipulada, alterada o mal interpretada?
Leandro Suárez no intervino solo como perito de parte. Actuó como garantía técnica de la integridad probatoria, desafiando la aparente inmediata de la evidencia visual con un principio esencial del peritaje informático: toda prueba digital debe ser repetible, verificable y auditada con protocolos forenses reconocidos.
En un sistema jurídico aún no completamente adaptado a la complejidad tecnológica, este gesto tiene una doble lectura: cuestionar una prueba no es encubrir a una persona. Es proteger la legitimidad de un proceso.
Capturas de pantalla: ¿pruebas o impresiones?
Las capturas de pantalla, aunque visualmente convincentes, no equivalen a una extracción forense ni a un volcán certificado técnico. Pueden estar manipuladas, editadas o incompletas. Además, no contienen metadatos que permitan verificar su origen, fecha, ruta o contexto de obtención.
La intervención del experto perito Suárez se basa precisamente en eso: una captura sin cadena de custodia digital no puede sostener una imputación penal de esta magnitud. El es un científico, sabe que es la mano derecha tecnológica del juez y no puede basar su argumento en un acto de fe, sino en las evidencias digitales que son la madre de todas las evidencias.
Como se explica en su declaración, el encendido del teléfono y la repetición del proceso bajo condiciones controladas deben arrojar el mismo resultado que el registrado en las capturas. Si no es así, la duda técnica se transforma en inseguridad jurídica.
El papel creciente del perito informático en juicios complejos
La figura del perito informático ha pasado de ser testimonial a convertirse en pieza clave de validación probatoria en los grandes procesos judiciales contemporáneos. En causas de corrupción, delitos económicos, violencia digital, ciberacoso o abuso sexual virtual, el perito no es un asesor: es el intérprete de una verdad codificada.
El juicio del Neonatal lo está confirmando con crudeza
Sin conocimientos técnicos sólidos, ni jueces ni fiscales pueden dimensionar con precisión qué dice realmente una prueba digital. El testimonio de Suárez no solo refuerza esa idea. También abre la puerta a una necesaria revisión del protocolo probatorio con dispositivos móviles.
Cronograma judicial y perspectiva procesal
Con la declaración de los peritos informáticos iniciada esta semana, el juicio entra en una fase clave. Según el cronograma previsto, los alegatos comenzarán en mayo, y se espera que la sentencia sea dictada en junio.
Entre los testigos que prestarán declaración próximamente se encuentran exfuncionarios de alto nivel del sistema de salud provincial, incluido el exministro Diego Cardozo y otras autoridades del Hospital Neonatal. Estas comparaciones podrían reconfigurar la línea argumentativa de las defensas y reabrir interrogantes sobre la responsabilidad institucional en los controles internos del centro médico.
Y todos los profesionales de la informática forense y la pericial informática, nos preguntamos como puede fallar la justicia por no entender la tecnología
La intervención de Leandro Suárez revela un problema mucho más profundo que una discusión técnica aislada. Es el síntoma de una brecha entre el mundo jurídico y el universo digital, donde aún no existen protocolos universales ni criterios técnicos unificados para validar pruebas electrónicas.
Desde la ANTPJI, queremos expresar nuestro reconocimiento por la Valia de Leandro Suarez, que sabe que cuenta con todo nuestro apoyo, experiencia y conocimiento.
