En los pasillos blindados del sistema penitenciario español se libra una guerra invisible, una guerra que no usa armas tradicionales, sino inteligencia, tecnología y la astucia de quienes no tienen nada que perder. Desde el aire, a través de cámaras de vigilancia infrarroja, se detecta una anomalía en la madrugada: un pequeño objeto vuela rasante por encima del muro de la prisión de Picassent. No lleva drogas, ni cuchillas, ni armas: transporta algo más peligroso. Un teléfono móvil con capacidades cifradas.
Entre 2018 y 2024 se han incautado más de 653 teléfonos móviles solo en este centro penitenciario valenciano. En todo el territorio nacional, la cifra asciende a 12.882 terminales decomisados. Pero no son simples teléfonos: muchos de ellos tienen cámaras invisibles, canales VPN precargados, e incluso asistentes de voz en modo encubierto. La cárcel del siglo XXI ya no necesita barrotes para contener a sus internos, ni túneles para que escapen. El crimen se gestiona desde dentro.
Por un micro móvil en la cárcel se llegan a pagar mas de 800 euros.
La Amenaza Invisible: Drones al Servicio del Contrabando
Los drones por la noche son invisibles y están al servicio del contrabando, transformando este en operaciones logísticas de alta tecnología. Estos dispositivos, modificados para vuelos nocturnos y equipados con sistemas de entrega precisos, permiten a los internos recibir objetos prohibidos directamente en sus celdas. No solo móviles, medicamentos prohibidos, drogas, armas…
Los funcionarios de prisiones han detectado un método de infiltración tecnológicamente sofisticado. Drones modificados, equipados con sensores de altitud y localización GPS, son utilizados para transportar micro teléfonos que apenas miden 5 centímetros. Estos dispositivos vuelan por la noche, silenciosos, invisibles al radar tradicional y con materiales no metálicos que dificultan su detección incluso con escáneres térmicos.
Al llegar a destino, se acoplan magnéticamente a rejas o aterrizan con precisión quirúrgica en patios vacíos, donde un preso previamente advertido recoge el cargamento.
Este sistema ha sido calificado como “casi indetectable” por los funcionarios, quienes denuncian que los inhibidores de señal instalados en muchas cárceles se basan en tecnología 3G, completamente obsoleta frente a los canales actuales cifrados en 4G y 5G.
Los micro móviles, dispositivos del tamaño de una tapa de bolígrafo, representan otro desafío significativo. Su diseño discreto y materiales no metálicos los hacen casi indetectables para los sistemas de seguridad tradicionales. La escasa preparación y la capacitación continua de los funcionarios de prisiones también ayuda.
Los dispositivos interceptados no son smartphones convencionales. Se trata de unidades diseñadas especialmente para ser invisibles a los escáneres de control, con carcasa de resina epóxica, circuitos miniaturizados y sin piezas metálicas. Muchos incorporan funcionalidades como:
- Modo «dark»: sin pantalla visible, control por vibración.
- Conexión oculta a redes extranjeras vía tarjetas virtuales.
- Autodestrucción digital tras un número determinado de usos.
- Grabación remota de audios y transmisión mediante señales encriptadas.
Un informe confidencial de seguridad, al que ha tenido acceso Tecfuturo, señala que algunos de estos teléfonos han sido ensamblados en talleres clandestinos utilizando tecnología dual: elementos de juguetes electrónicos y restos de equipos médicos portátiles. El nivel de innovación y adaptabilidad de estos dispositivos rivaliza con algunos gadgets militares.
La introducción de estos móviles no responde a la simple necesidad de comunicación.
Se trata de herramientas de poder. Permiten:
- Coordinar redes criminales desde dentro del penal.
- Ejecutar estafas digitales y criptodelitos.
- Ordenar actos violentos fuera de los muros.
- Hostigar a víctimas en libertad mediante perfiles falsos.
Los funcionarios han alertado en numerosas ocasiones, de que los móviles están detrás de muchas de las agresiones internas, extorsiones, y muertes por ajuste de cuentas dentro de las prisiones. El control del contrabando tecnológico genera jerarquías internas, deudas impagables y violencia silenciada.
El colectivo de los funcionarios de prisiones, está muy maltratado, carecen de muchos recursos.
Entre sufrir un grito o una reprimenda a tener 2.000 euros extras en la cuenta, es algo a tener en cuenta.
Ante esta amenaza, las autoridades penitenciarias están pensando en adoptar tecnologías avanzadas, pero al depender de unos presupuestos, las respuestas son tardías como siempre.
Frente a esta amenaza, los centros penitenciarios más avanzados están pensando en adoptar soluciones tecnológicas de vanguardia.
Sistemas como:
- IA de detección predictiva, que reconoce patrones de vuelo anómalos incluso en condiciones de baja visibilidad.
- Redes de inhibidores dinámicos, que adaptan su frecuencia de bloqueo a los dispositivos detectados.
- Drones de intercepción autónomos, que patrullan el perímetro y neutralizan aeronaves ilegales mediante redes no letales o pulsos electromagnéticos.
Sistemas como Dedrone y Cervus III utilizan inteligencia artificial para detectar y neutralizar drones no autorizados, protegiendo el espacio aéreo de las prisiones y tecnológicas de verificación de dispositivos digitales por espectrometría, capaces de detectar componentes electrónicos ocultos en objetos cotidianos. Pero los presupuestos, no contemplan estas acciones.
El perito digital: un nuevo agente de justicia penitenciaria
Los peritos informáticos desempeñan un rol crucial en este nuevo escenario. Su labor no solo incluye capar las wifis de los ordenadores que solicitan los presos en las cárceles, sino que incluye el análisis forense de dispositivos incautados, la verificación de comunicaciones y la certificación de pruebas digitales, asegurando la integridad de las investigaciones y procesos judiciales.
En este contexto, emerge con fuerza la figura del perito informático forense, no como simple analista, sino como guardia digital del sistema judicial. Sus funciones incluyen:
- Extraer y analizar información cifrada de dispositivos incautados.
- Determinar el origen del tráfico de datos y los interlocutores.
- Certificar la validez de pruebas electrónicas ante juzgado.
- Reconstruir redes de comando y control gestionadas desde prisión.
Cada teléfono interceptado se convierte en una caja negra de evidencia digital, y su análisis puede conducir a la desarticulación de bandas criminales, descubrir delitos fuera del penal o incluso detener nuevos crímenes antes de que ocurran.
En un escenario cada vez más cercano a la ciencia ficción, las cárceles dejaran de ser centros de reclusión para convertirse en hubs operativos de delitos digitales. Un grupo de presos con acceso a dispositivos móviles avanzados y conexión estable puede controlar desde el interior:
- Tramas de criptomonedas y lavado digital de dinero.
- Ataques de phishing a usuarios externos.
- Manipulación de mercados de la dark web.
- Espionaje industrial mediante acceso remoto a empresas comprometidas.
La convergencia entre hardware camuflado y software de espionaje ya no es exclusiva de agencias de inteligencia. Está disponible en el mercado negro y se introduce en las prisiones mediante ingeniería social, corrupción puntual o entrega automatizada por drones.
Los directores de prisiones afirman que: “Estamos librando una guerra de inteligencia con medios analógicos.” No contamos con presupuestos para contratar expertos en ciberseguridad y los honorarios de los peritos informáticos que capan las wifis de los ordenadores de los presos, se los cargamos al preso.
Los inhibidores actuales, instalados hace más de una década, no bloquean frecuencias 5G, ni impiden conexiones por VPN o satélite. Además, la formación técnica de muchos funcionarios no está al nivel de los métodos usados por las redes criminales, que incluyen desde suplantación de SIM hasta ingeniería inversa.
La necesidad de una modernización integral del sistema de seguridad tecnológica es urgente. Sin ella, los reclusos más peligrosos —terroristas, miembros de mafias, criminales financieros— seguirán teniendo acceso a herramientas que hacen irrelevantes las paredes que los encierran.
Uno de los aspectos más inquietantes de esta realidad emergente es la automatización de la entrega criminal. Se han detectado casos en los que los drones:
- Vuelan rutas programadas con precisión milimétrica mediante algoritmos de evasión de radar.
- Ejecutan entregas nocturnas con sensores infrarrojos.
- Incorporan cámaras térmicas y visión nocturna para evitar la detección humana.
- Usan mecanismos de “entrega rápida” que sueltan la carga sin necesidad de aterrizar.
Estos dispositivos, adquiridos muchas veces en plataformas legales y posteriormente modificados, son capaces de burlar no solo las barreras físicas sino también los sistemas de detección sonora. Un fenómeno que convierte a cada recluso conectado en un nodo autónomo de una red digital criminal.
La verdadera solución a esta crisis no es solo técnica, sino estratégica. Las futuras cárceles inteligentes deberán integrar:
- IA predictiva basada en análisis de comportamiento y big data.
- Identificación biométrica activa con parámetros emocionales (detección de estrés, voz alterada).
- Sensores de entorno conectados al IoT penitenciario, capaces de anticipar rutas de intrusión.
- Una red nacional de alertas penitenciarias automatizadas en tiempo real, coordinada por el Ministerio del Interior y dotada con algoritmos de respuesta autónoma.
Las prisiones del futuro no estarán blindadas por muros más altos, sino por infraestructuras de datos en tiempo real.
Esta carrera por controlar la tecnología dentro de las cárceles plantea preguntas profundas sobre los límites éticos:
- ¿Hasta qué punto se puede vigilar a los internos sin vulnerar sus derechos fundamentales?
- ¿Qué garantías existen sobre la privacidad de comunicaciones legales con abogados y jueces?
- ¿Cómo asegurar que las herramientas de IA no generen sesgos que afecten negativamente a ciertos colectivos penitenciarios?
Aquí, la figura del perito informático y el jurista digital se vuelven clave. No solo deben analizar los dispositivos incautados, sino también auditar los sistemas de control, garantizar la trazabilidad y certificar que los derechos digitales no se convierten en víctimas colaterales del delito.
Lo que comenzó como un problema de contrabando puntual se ha transformado en una guerra tecnológica por el control de la información. El teléfono móvil en la cárcel ya no es solo una herramienta de comunicación ilegal. Es un arma. Un ordenador de bolsillo con capacidad de ordenar asesinatos, mover criptomonedas y eludir controles judiciales.
La prisión del siglo XXI exige un nuevo paradigma: no solo una actualización tecnológica, sino una reconceptualización completa de qué significa seguridad, vigilancia y reclusión en un mundo hiperconectado. La respuesta no está en el muro, sino en el código.
Y el tiempo, como siempre en el mundo digital, corre en contra de quienes reaccionan tarde.
Nota: Este artículo ha sido elaborado con información actualizada hasta abril de 2025, integrando datos de fuentes oficiales y expertos en la materia.
